La Región de Murcia, a la cabeza del juego

Hace no mucho, el consejero de Educación del Gobierno Regional, Víctor Marín, dejaba al personal ‘pasmado’ con unas declaraciones incomprensibles para la mayoría de los ciudadanos, porque venía a tachar de «imprudente» acometer «ahora» cambios normativos para establecer distancias mínimas entre salones de juego y centros educativos, advirtiendo de que introducirlos, en ese momento, supondría «generar inseguridad jurídica» mientras se resuelve en sede judicial la proporcionalidad de este tipo de restricciones, tras el reciente pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Asimismo, lejos de cumplir lo decidido por ese tribunal, que en octubre del pasado año exigía que los Estados miembros prohíban la instalación de casas de apuestas cerca de centros educativos —por razones de salud y seguridad pública el tribunal considera legítimo limitar la libertad de establecimiento para proteger a menores y prevenir la adicción al juego—, el consejero venía a decir que había que esperar a ver qué se resuelve en sede judicial.

Es decir, para el consejero parecen más importantes los recursos del lobby del juego, que intentan paliar en lo que puedan las consecuencias para sus negocios de esta decisión —la Justicia europea tumbó ese recurso—, que la importancia que tiene la misma para proteger a esos menores que ahora, en Murcia, encuentran a la salida de sus centros educativos unos locales atractivos que son un reclamo para ellos. Algo que cualquier ciudadano puede percibir en las calles de Murcia, Cartagena y Lorca, por ejemplo, pero que parece preocupar poco a nuestros gobernantes, que dan la sensación de no enterarse o no quererse enterar.

Una ceguera que hace que la Región de Murcia esté situada en el primer puesto de España, y de la Unión Europea, en concentración de salones de juego y casas de apuestas por habitante, con una ratio aproximada de un local por cada 4.000 habitantes. Y si hablamos de Murcia capital nos encontramos con una densidad de 122 locales: uno por cada 3.665 habitantes.

Pero no parece que esto se encuentre entre las preocupaciones del presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, porque hace tiempo anunciaba que el Consejo de Gobierno prevé sacar adelante, «pronto», una ‘ley de prevención integral de las adicciones’: al parecer piensan prohibir la «publicidad de bebidas alcohólicas» a menos de doscientos metros de recintos escolares y la «venta de bebidas energéticas a menores de edad», pero ni media palabra sobre la prohibición de los centros de juego cerca de instalaciones escolares.

Nos preguntamos que razones puede tener un Gobierno para permitir que estas cosas ocurran. Para dormirse en los laureles y no mover un dedo para alejar de los institutos y colegios estos establecimientos que tantas tentaciones despiertan entre los más jóvenes. Y cuando las cosas no tienen sentido —lo que está ocurriendo con estas salas en esta tierra no lo tiene—, es inevitable pensar en algunas razones espurias detrás. Quizás porque esta Administración no muestra ningún deseo de arreglar el tema, antes al contrario, y porque desde tiempos atrás parece marear la perdiz, publicando, de vez en vez, sus buenas intenciones al respecto y dando la sensación de querer apaciguar al personal, creando falsas expectativas de solución. Como en aquel lejano septiembre de 2018, cuando el Gobierno regional anunció la modificación legal de la normativa regional del juego para ampliar la distancia mínima entre locales de juegos y centros educativos y endurecer los controles de acceso. Incluso el entonces consejero de Hacienda hablaba de establecer una distancia mínima de quinientos metros para proteger a los menores.

Han pasado años y aquel proyecto se quedó en el limbo de las cosas que nunca se pensaron hacer.