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Opinión | Pulso político

López Miras y Antelo contra el Mar Menor

Vista panorámica de La manga del Mar Menor.

Vista panorámica de La manga del Mar Menor. / CARM

El pasado 19 de diciembre el Partido Popular registró en la Asamblea Regional una Proposición de Ley para modificar la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor, consecuencia del acuerdo alcanzado con Vox para la aprobación de los Presupuestos Generales de la CARM de 2025.

El objeto de la reforma planteada es eliminar el régimen sancionador previsto en la Ley del Mar Menor y sustituirlo por el contemplado en la Ley estatal 30/2022 que regula el sistema de gestión de la Política Agraria Común y otras materias conexas relacionadas con la nutrición sostenible de los suelos agrarios.

El Grupo Parlamentario Popular justifica esta propuesta de modificación -tal como se recoge en la Exposición de Motivos de la Proposición de Ley- en la necesidad de armonizar y simplificar la normativa y reducir la carga burocrática, puesto que, según afirman, «la normativa estatal comparte con la norma regional muchos de los aspectos regulados por esta».

Añade también dicha Exposición de Motivos que la necesidad extraordinaria y urgente de reducir el aporte de nutrientes al Mar Menor obligó a introducir en la Ley 3/2020 una serie de medidas adicionales a las contempladas en el Programa de Actuación en la Zona Vulnerable por contaminación de nitratos de origen agrario de la Cuenca del Mar Menor. Medidas que, según Vox, serían más propias de un desarrollo reglamentario.

Se trata, pues, de aligerar el contenido de la Ley 3/2020 diluyéndolo en una ley más genérica a través de un mecanismo nada sutil: sustituir su régimen sancionador por otro de carácter general. Esto constituye un ataque letal y preciso contra la norma regional, que en la práctica anima aún más a su incumplimiento.

Es el caso, por ejemplo, de las multas mínimas previstas en la ley regional que son un 70% superiores para las faltas leves, un 80% para las graves y un 40% para las muy graves. Todas, al igual que las sanciones máximas, se verán ahora enormemente rebajadas.

Además, medidas específicas catalogadas como infracciones sancionables en el régimen de la normativa regional -como la no instalación de barreras vegetales y su mantenimiento inadecuado o realizar operaciones de cultivo sin ajustarse a las curvas de nivel, de tal manera que los arrastres por escorrentías apunten directamente hacia el Mar Menor-, no están contempladas en la norma estatal. Esta, de carácter mucho más genérico, no desciende al nivel de detalle necesario que requiere la situación del Mar Menor.

Incluso infracciones muy graves, como la transformación de terrenos de secano en regadío no amparada por un derecho de aprovechamiento de aguas o el incumplimiento de la orden de restitución de cultivos, tipificadas en la norma autonómica, desaparecen como tales al no estar contempladas en la normativa estatal, de carácter mucho más general.

Como consecuencia de este cambio, el impacto de los nitratos de origen agrario en el Mar Menor se equipara al de la contaminación de cualquier otra masa de agua, difuminándose así ese carácter urgente y extraordinario que motivó que se adoptaran medidas más rigurosas, precisas y exigentes en actividades como la agroindustria y la ganadería intensivas.

La conclusión es que el cambio de régimen sancionador genera una incongruencia que constituye una aberración jurídica: la aplicación de un régimen sancionador que no encaja con las prescripciones del articulado de la ley y, a la inversa, muchas de estas prescripciones quedan fuera del nuevo régimen sancionador de la ley estatal, lo que invita claramente a su incumplimiento.

En definitiva, si esta modificación de la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor llega finalmente a producirse, se habrá asestado una puntilla letal a la norma, inutilizando la mayoría de las medidas específicas y extraordinarias que contempla.

Sin embargo, la historia no está escrita. El último capítulo de esta crónica la escribieron 639.000 personas que, con su firma, otorgaron personalidad jurídica a un ecosistema que ahora se pretende desproteger. Nos veremos de nuevo en las calles, Fernando.

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