¿Por qué reformar la Ley del Mar Menor? Las leyes de la izquierda también se pueden cambiar

La reforma parcial de la Ley de Protección del Mar Menor es una de esas cuestiones políticas que solo preocupan a los partidos en el ámbito de sus batallas particulares ante la opinión pública. Ni la ley actual asegura la supervivencia del ecosistema marmenorense, ni la reforma anunciada va a ser la panacea que va a conseguir una regulación respetuosa con los usos de la zona, de los que dependen miles de puestos de trabajo.

No cabe escandalizarse de que la Asamblea Regional vaya a modificar una ley. Es su misión. De hecho, lo normal es que la actividad parlamentaria durante cada legislatura consista en reformar leyes anteriores, además de aprobar nuevas regulaciones en los ámbitos más diversos. Lo que subyace con el Mar Menor es que se da por supuesto que una ley aprobada por consenso no puede reformarse sin el voto a favor de todos los que la validaron, un contrasentido absurdo que ignora la esencia de la actividad de las asambleas legislativas.

La actual Ley del Mar Menor se aprobó con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos. Votaron en contra Vox y Podemos. Esto último tiene su importancia, puesto que desactiva el argumento de que la derecha anula las leyes aprobadas por la izquierda. En el caso que nos ocupa, la ley lleva el marchamo del PSOE, el partido mayoritario de la izquierda en la Región de Murcia, pero no el de la ultraizquierda que dice representar al ecologismo en su forma más prístina, que votó en contra porque el texto le parecía demasiado condescendiente. Y los diputados podemitas tenían razón, porque desde su punto de vista, todo lo que no sea acabar con la actividad económica allí dónde se produzca carece de sentido.

La reforma anunciada ha sido acordada por PP y Vox. Desaparecido felizmente Ciudadanos, un engendro de arribistas sin el menor sentido político, la nueva ley saldrá adelante pero sin los votos de los socialistas porque, entre otras cosas, tampoco son necesarios.

¿Qué es lo que implica la modificación de la norma? Pues nada que tenga que ver directamente con el objetivo central para el que se redactó, puesto que se mantienen los niveles de protección de la laguna en los mismos términos pactados en su día con el PSOE. Se trata, únicamente, de adaptar las implicaciones sancionadoras al esquema implantado con carácter nacional, algo que parece razonable para que no haya transgresores de primera o de segunda, depende de la comunidad autónoma en la que actúen.

También se elimina la prohibición de recibir subvenciones de la Política Agrícola Comunitaria, un gesto garantista, porque los recursos judiciales que hubiere en caso de sanción tardarían más de dos años de resolverse en las instancias judiciales, de manera que habría casos en los que una empresa podría perder las ayudas a las que tiene derecho, sin poder recuperarlas en caso de que los tribunales le den la razón varios años después.

Conviene desdramatizar por tanto los términos de este asunto, porque el Mar Menor no va a perecer, se apruebe esta nueva ley o siga la actual.

Estamos ante un teatrillo político que al PP le sirve para sacar adelante los presupuestos de 2026, para cuya aprobación necesita los votos de los diputados de Vox. Los de Abascal podrían haber elevado la apuesta, pidiendo directamente la derogación de esta norma, pero han preferido un acuerdo de mínimos que les permita seguir adelante lo que queda legislatura sin obligar a un anticipo electoral.

A la izquierda le molesta mucho que modifiquen sus leyes, pero esto es la democracia, así que más vale que se vayan acostumbrando, especialmente en una región donde no parece aventurado señalar que no va a volver a gobernar.

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