¿Por qué reformar la Ley del Mar Menor? Porque la agroindustria quiere

Hay cosas que son lo que parecen. Hay otras que además ocultan, aun sin mala intención, una realidad que no se tiene en cuenta. El Gobierno regional parece decidido a reformar la ley del Mar Menor de 2020 sin que se esté aplicando totalmente, espoleado y apoyado por Vox. Lo que precede es la lectura política que puede ser calificada de «normal»: un partido gobernante sin mayoría que es movido/apoyado por otro para sacar adelante o cambiar una norma.

En este caso, resulta que la lectura superficial esconde, de alguna manera, que la ultraderecha de los Santiago y cierra España se está llevando, una vez más, el gato al agua en su oposición radical a cualquier legislación que huela a moderada, aunque sea de derecha. Ya se vio con el lamentable asunto de los centros de acogida de menores y los locales de acomodo provisional de extranjeros: la derecha radical se convierte en león rampante para exigir a la gobernante la aplicación de los postulados de la primera, cuando la segunda carece de mayoría suficiente. Es decir, en la práctica aunque indirectamente gobierna el extremismo parafascista.

Viene todo esto a cuento porque, en lo referido a los cambios que se pretenden en la ley para aumentar la protección del Mar Menor, hay un factor interviniente distinto del estrictamente político: el empresarial. Aunque la presión parlamentaria corresponda al partido que supuestamente dirige José Ángel Antelo, las empresas agroindustriales y exportadoras, que aparecen ante la sociedad cobijados bajo el genérico de «los agricultores», son las verdaderas actuantes en el asunto.

Sin lugar a dudas, tanto el llamado Scrats (Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura), como Proexport (Asociación de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas de la Región de Murcia) o Fecoam (Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia) defienden sus intereses empresariales legítimos. Pero no son «los agricultores». Son organizaciones patronales del sector agroindustrial, con gran capacidad de presión política y social, puesto que lo agroalimentario supone un cuarto de los 42.000 millones del PIB regional.

Así, esas organizaciones citadas se presentan como «defensores de los agricultores», cuando en realidad defienden intereses empresariales que, en casos notables, no dejan retorno en la Región puesto que son compañías transnacionales. Por eso —y a pesar de que teóricamente todo el mundo está de acuerdo en que hay reproteger y salvar de la destrucción la «joya de la Corona» que es el Mar Menor—, queda claro que los empresarios agrícolas que operan en la cuenca vertiente a la laguna no están dispuestos a olvidar determinadas prácticas que han sido reiterada y cansinamente señaladas como causantes de las crisis ecológicas. Fundamentalmente, el uso de abonos químicos.

Otra verdad del barquero es que los fertilizantes no químicos, o sea orgánicos, son más caros. Consecuentemente, para mantener su nivel de beneficios, las patronales siempre optan por químicos. Siguen en ello, a pesar de que la ley que se pretende reformar establece sanciones por su uso desmedido. Solución: reformar la ley para que las sanciones sean crematísticamente ridículas. Los ambientalistas aseguran que no es cierto el argumento del Gobierno regional, expuesto por su portavoz Marcos Ortuño, de que se trata de «adaptar la normativa sancionadora regional a una ley estatal que no existía cuando se aprobó» aquella.

De la diligencia en este tema del Ejecutivo de López Miras da una idea que, seis años y medio después de la aprobación de la Ley, solo haya un «avance» del Plan de Ordenación de la Cuenca Vertiente del Mar Menor que debe adaptar a la norma el desarrollo de la zona. «Un retraso deliberado y malicioso», según Pacto por el Mar Menor, formado por 36 organizaciones sociales y ambientalistas y centenares de ciudadanos a título individual.

La conjunción de intereses es meridiana. Aunque la sociedad parezca mirar con indiferencia —las grandes manifestaciones por la conservación de la laguna quedaron mitigadas por el tiempo—, no son los agricultores reales ni las asociaciones ambientalistas o ciudadanas quienes pretenden revertir los efectos de la Ley que fue aprobada por 36 votos (PP, PSOE, Cs) contra seis (Vox y Grupo Mixto) en la Asamblea Regional. Son otros; con unas concomitancias rayanas en la connivencia.

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