La Comunidad tiene que ponerse las pilas

Ha comenzado un nuevo año y quizás sea el momento de hacer un pequeño balance de algunas cosas que hacen que las sociedades sean más justas, sobre todo con aquellos y aquellas que, a lo largo de su vida, trabajaron para que esta tierra pueda presumir, ahora, de logros que hubiesen sido impensables en otros tiempos. Y nos referimos a los mayores, sí, a esos que trabajaron duramente toda su vida y llegada la época del merecido descanso deberían de recibir un mayor reconocimiento por parte de una sociedad que, a veces, puede mostrarse muy injusta con ellos.

La Ley de la Dependencia, o lo que es igual, la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, aprobada en diciembre del 2006 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, vino a reconocer el derecho a la atención y cuidado por parte del Estado —de los gobiernos— a personas que no pueden valerse por sí mismas, estableciendo grados de dependencia y prestaciones para asistencia personal, cuidados familiares o servicios profesionales que, en la mayoría de los casos, afecta a los mayores.

Pero esta ley ha vivido, a lo largo de su vida, diferentes e importantes cambios, siempre dependiendo de quién fuese el inquilino de la Moncloa, porque, por ejemplo, a partir de 2012 y con el Gobierno de Mariano Rajoy, prácticamente se dejó sin subvención, hasta que este Gobierno aumentó de manera considerable la inversión.

Pero el caso es que, desde su puesta en marcha y como ocurre con otras cosas, cada comunidad la entendió de una manera, y en ese mapa autonómico hay autogobiernos que siempre están a la cabeza en prestaciones sociales y otros como el nuestro que, invariablemente, ocupan siempre los puestos de cola.

Sí, una vez más, aparecemos en uno de los peores balances del país en atención a la dependencia, porque, según su Observatorio Estatal, más de quince mil personas se encuentran en lista de espera en esta comunidad, lo que quiere decir que más del veinte por ciento de los solicitantes de prestaciones, en Murcia, está desatendido: el segundo porcentaje más alto de España, solo por detrás de Canarias.

Los malos datos en la comunidad se reflejan también en los plazos: la Región tarda de media 559 días en resolver un expediente de dependencia, muy por encima del límite legal de 180 días, encabezando las comunidades con mayores demoras. En definitiva, el informe al que hacemos referencia sitúa a Murcia entre las autonomías que peor gestiona la dependencia: lejos del conjunto del país, donde la lista de espera se redujo un 4,5% en 2025.

Pero, al parecer, y según un informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, las deficiencias no solo se dan en el tema de la dependencia y sí también en el de las residencias, ya que la Región de Murcia tiene un déficit de 7.507 plazas de residencias destinadas a mayores de 65 años, lo que hace imposible alcanzar la ratio de cinco por cada cien personas.

Sí, en la Región hay 6.005 plazas para mayores, de las que el 71,1% de dichas plazas son públicas y el 20,9% privadas, con una ocupación media del 92,3%, frente a la media en España, del 82,4%.

En definitiva, la Región de Murcia es la autonomía con menor cobertura de plazas de financiación pública, mientras que en el lado opuesto Castilla y León y Castilla-La Mancha se sitúan como las que mantienen una mayor cantidad de plazas de residencias respaldadas por dinero público.

Y aquí no vale eso de «la herencia que nos dejaron», porque el PP lleva gobernando esta tierra desde 1995. Tiempo más que suficiente como para asumir aquello que no se está haciendo bien. Y estos temas no se están gestionando bien, perjudicando a una población, la de la tercera edad, que merecería otro trato por parte de sus gobernantes.