Trasvase Tajo-Segura: un discurso maniqueo

Lo expresó de forma clara, pero errónea, la consejera Rubira en su comparecencia del pasado jueves en el Pleno de la Asamblea Regional, cuando se dirigió a los diputados y diputadas invitándonos a decir a la ciudadanía si «defendemos el Trasvase o nos plegamos a los deseos de Pedro Sánchez», que -según la consejera- no serían otros que cerrar el Acueducto.

Esta es la falsa dicotomía en la que se resume el discurso del Gobierno regional en relación con el Trasvase Tajo-Segura. Un argumentario que ha pasado de demonizar los caudales ecológicos que se han establecido en el curso medio del Tajo, a no cuestionar su existencia, centrando ahora el ataque en el método de cálculo de dichos caudales, calificándolo de arbitrario y nada científico. Se trata, según el PP, de una decisión política e ideológica contra el Levante y no de una propuesta técnica.

No obstante, hay que señalar que la obligatoriedad de su implantación deriva del Reglamento de la Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 907/2007, el cual emana directamente de la Ley de Aguas y de la Directiva Marco del Agua.

Estos caudales, tanto para el Tajo como para el conjunto de las masas de agua tipo río, se calculan conforme a las Instrucciones de Planificación Hidrológica, que establecen una metodología científicamente contrastada y aplicada de forma homogénea en todas las masas de agua. Dichas Instrucciones fueron aprobadas en 2008 y reformadas por última vez en 2015, durante el gobierno de Rajoy. Desde entonces se vienen aplicando sin cambios.

Para el Tajo se calcularon por primera vez en 2010, para su incorporación en el ciclo de planificación 2015-2021. Sin embargo, los Gobiernos de Rajoy y Cospedal vetaron su implantación y mantuvieron el concepto vigente de caudal circulante (6m3/seg), una decisión que fue impugnada en 2019 por el Tribunal Supremo atendiendo a diversas denuncias presentadas por distintos colectivos sociales.

Conviene recordar que la citada Directiva se desarrolló con la finalidad de revertir la contaminación de las masas de agua, superficiales y subterráneas, causada por nitratos de origen agrario. Estos proceden, mayoritariamente, del modelo agroindustrial intensivo que, en nuestro caso, alimenta el Trasvase Tajo-Segura y cuyo impacto medioambiental es indudable, está científicamente contrastado y se evidencia en la catástrofe del Mar Menor.

Pero, además, el Trasvase es un sistema estructuralmente inestable cuyo funcionamiento depende de las reservas acumuladas en la cabecera del Tajo, como consecuencia de las aportaciones anuales de lluvia. Sin embargo, el Gobierno regional se niega a reconocer que dichas aportaciones han disminuido en un 52% desde la puesta en funcionamiento del Trasvase, pasando de una media anual de 1.554 hm3 en las dos décadas anteriores a su apertura, a 790 hm3 en las dos décadas posteriores y a 710 hm3 en las dos siguientes.

Pretender mantener la estabilidad de los envíos a través de un sistema cada vez más inestable por efecto del cambio climático es no querer enfrentarse a la realidad de los hechos. Algunos incluso se aferran al dato de las aportaciones extraordinarias registradas en la cabecera en los dos últimos años hidrológicos, sin tener en cuenta que dichas aportaciones, aun siendo excepcionales, se tratan de los repuntes más bajos entre los diferentes episodios que periódicamente se producen en un clima con precipitaciones marcadamente irregulares como el nuestro. Lejos de romper la tendencia de disminución de los aportes en cabecera de las últimas décadas, estos datos la confirman.

Ante este panorama, quienes no nos plegamos ante Sánchez ni defendemos el Trasvase a ultranza, sino atender a la totalidad de su compleja realidad, planteamos una alternativa distinta: la apertura de una Mesa de Diálogo con representación de todos los sectores implicados (económicos, sindicales, políticos, científicos, sociales y ecologistas) para planificar el necesario redimensionamiento del modelo agrícola agroindustrial y su reconversión hacia modelos agrícolas más sostenibles y ecológicos.

El discurso del Gobierno de López Miras no solo es maniqueo, falso y engañoso, sino que después de quince años, no ha aportado solución alguna.

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