Desertores

La financiación autonómica suele presentarse como un debate arcano, de fórmulas y coeficientes, reservado a quien disfruta con los decimales. Pero en realidad es una discusión brutalmente sencilla: cuánto puede invertir una comunidad en sanidad, educación y políticas sociales sin convertir la escasez en costumbre. La financiación es, en el fondo, la diferencia entre derechos sostenidos y derechos declamados.

Por eso la propuesta del Gobierno de España no debería medirse solo por su arquitectura técnica —que la tiene—, sino por lo que abre en términos políticos: una oportunidad para corregir desequilibrios y reforzar servicios públicos en territorios que llevan años pagando el precio de un sistema insuficiente. La Región de Murcia sabe bien de qué hablamos. Aquí la infrafinanciación no es una palabra: es una presión constante sobre el sistema sanitario, una dependencia que no puede vivir atrapada en trámites, una educación que no debería normalizar lo provisional y unas políticas contra la pobreza infantil que necesitan continuidad, no fogonazos.

La propuesta del Ejecutivo eleva el volumen total de recursos del sistema y mejora la metodología de reparto incorporando con mayor precisión la población ajustada, un criterio que permite medir mejor las necesidades reales. Es decir: no se trata solo de repartir más, sino de repartir de manera más justa y equitativa. Y eso importa especialmente en la Región, que durante años ha insistido en que el modelo debe reconocer adecuadamente su realidad demográfica y las necesidades asociadas a los servicios públicos.

Pero el dato más relevante no es solo el «cómo», sino el «cuánto». Las estimaciones divulgadas sitúan el aumento para la Región en torno al 20%, llegando a 1.200 millones de euros más al año. Con esa cifra encima de la mesa, la primera obligación institucional debería ser la de siempre: entrar en la negociación con seriedad, mejorar lo que sea mejorable y blindar que el resultado final suponga más capacidad de inversión en bienestar. Dicho con claridad: negociar para ganar.

Sin embargo, el Gobierno de López Miras ha elegido el reflejo contrario: rechazar para seguir quejándose. No es una frase efectista; es una descripción del método. La política del «no» no es solo oposición; también puede ser gobierno, y en la Región lo estamos viendo. Porque cuando un Ejecutivo autonómico se coloca fuera del tablero antes de jugar, no está defendiendo intereses: está subordinándolos.

Conviene hablar de incentivos, porque aquí se explica lo esencial. En el clima actual, cooperar con el Gobierno de España obliga a reconocer avances, exige matices, desactiva el relato del agravio permanente. Bloquear, en cambio, es cómodo: mantiene la identidad de trinchera, evita presentar alternativas completas y permite seguir viviendo del «nos perjudican» incluso cuando la realidad ofrece margen de mejora. Esa lógica quizá sirva para alimentar titulares, pero es una pésima guía para gobernar.

Y aquí llega la pregunta que el PP evita: ¿cuál es su alternativa? ¿Qué modelo defiende para corregir la infrafinanciación? ¿Qué criterios propone y con qué cifras? Si no hay propuesta alternativa, el bloqueo se convierte en programa. Y un Gobierno regional no puede instalarse en la negativa sin explicar a qué dice «sí» en su lugar. La indignación no es un plan. La confrontación no es una política pública. El ruido no paga nóminas de sanitarios.

Hablamos de un sistema sanitario que necesita refuerzos estructurales, de una atención primaria que no puede sostenerse a pulmón, de una dependencia que exige rapidez y humanidad, de una educación que necesita inversión real, de una pobreza infantil que reclama políticas continuadas, y de juventud: de oportunidades que permitan arraigar sin convertir el futuro en una despedida.

Toda reforma del sistema de financiación debe afinarse, debatirse y corregirse para garantizar equidad y transparencia. Más cuando el actual lleva más de una década caducado. Por eso, resulta aún más irresponsable situarse en el portazo, renunciando a defender el interés general de la Región.

Hace un año, Francisco Lucas reivindicó ante el presidente del Gobierno un nuevo sistema de financiación que corrigiera la infrafinanciación de la Región. Hoy hay una propuesta sobre la mesa que incrementa recursos y actualiza la metodología, un paso que abre negociación y mejora. Renunciar a negociar desde una mejora objetiva sería desertar de la responsabilidad. Quien rechaza una oportunidad para reforzar esa capacidad no está protegiendo a la Región. Está usándola.

Suscríbete para seguir leyendo