La infeliz financiación

«¿A quién vas a creer: a mí o a tus propios ojos», preguntaba Groucho Marx en un imposible acomodo al cinismo de las reglas de la lógica. La frase provoca risas, porque está concebida para el humor, pero cuando alguna de sus variables se intenta imponer en la vida real lo que resulta es irritación en quien se ve sometido a semejante trágala.

La cuestión de la financiación autonómica, sobre la que colea el rechazo de absolutamente todos los presidentes regionales menos uno al proyecto del Gobierno, contiene algo de esa lógica surrealista en que es preciso distinguir entre lo que dice María Jesús Montero y lo que perciben nuestros sentidos. Y esto, incluso aceptando la mayor, y es que el nuevo sistema que se propone mejora notablemente al anterior, faltaría más.

Pero lo cierto es que hay cuestiones formales que ponen la mosca detrás de la oreja, sobre todo porque el Gobierno niega lo que tan evidentemente está a la vista. La financiación de las autonomías no es una cuestión técnica que pueda aislarse del tráfago político, y es en este campo en que la propuesta gubernamental ha de ser considerada. Son muchos los elementos que interfieren en la bondad de la oferta de Montero.

Negociada con uno, impuesta a todos

1. La formalización de la unilateralidad catalana, que viene a establecer el marco singular de esa autonomía, con capacidad para la presión sobre la estabilidad del Gobierno central; una singularidad desde la que se proyecta el modelo para las demás, en el que unas ganan y otras pierden, a pesar del incremento de recursos para todas.

2. El descaro con que se expone el molde en el acuerdo con luz y taquígrafos entre el Gobierno y uno de los partidos políticos de Cataluña, ni siquiera el que se ocupa del gobierno de la Generalitat. Una publicidad incómoda para el Ejecutivo central, pero necesaria para ERC, pues este partido, además de rebañar la tarta, debe presumir en su espacio electoral frente a sus competidores independentistas de haber llevado el brazo al Gobierno del Estado.

3. La noticia de que Pedro Sánchez se había reunido tres veces en secreto con el líder de Ezquerra abunda en que la cuarta, en el Palacio de la Moncloa, es el corolario de una nueva concesión en favor de su socio parlamentario para que éste venda en Cataluña una conquista política que el Gobierno central niega, contra la evidencia, en el resto del territorio.

4. El hecho de que la negociación con Oriol Junqueras, de la que se deriva el proyecto general, se produzca entre un Gobierno y un partido, fuera del estricto marco institucional, mientras lo que atañe al resto de las autonomías se formaliza en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el espacio natural en que la ministra de Hacienda debiera haber iniciado el debate con sus homólogos autonómicos, antes que ofrecerles el hecho consumado de un plato de lentejas del que se deriva el conocido dicho popular.

5. Una anomalía especialmente visible consiste en que quien pone sobre la mesa el nuevo marco autonómico sea, a la vez que ministra, candidata a la presidencia de una de las Comunidades que se benefician del mismo, Andalucía, lo que la convierte en juez y parte, y su gesto, a todos los efectos, pasa por transformarse en un acto electoral que debiera ser aplaudido por sus adversarios políticos, en un juego de ingenuidades: ella por pretenderlo y el de los consejeros de Hacienda si lo hubieran satisfecho.

6. De todo lo anterior se deriva que lo que para Cataluña ha transcurrido mediante negociación, para el resto de Comunidades se convierte en imposición. O lo tomas o lo dejas, hasta el punto de que la ministra ha sugerido que las Comunidades que rechacen el modelo pactado con Junqueras podrían mantener el actual, una actitud como de madrastra de los viejos cuentos infantiles que excluye la voluntad de una negociación multilateral, a diferencia de la bilateralidad otorgada a Cataluña.

Presidentes y diputados

7. Todo esto en un contexto en que se sabe de antemano que aun cuando los consejeros de Hacienda hubieran dado el visto bueno al nuevo proyecto de financiación, éste no habría sido aprobado en el Congreso de los Diputados, a no ser que el PP acudiera en socorro del Gobierno, sino porque los socios de Sánchez, tanto los parlamentarios como parte de los que se sientan en el Consejo de Ministros no están por la labor. Especialmente gráfica es la posición dispersa de Sumar: los llamados Comunes darían el sí por razones obvias de interés territorial, pero es más dudoso que lo secundaran Compromís, Xunta Aragonesista, IU o el exoplaneta Podemos. Y, desde luego, Junts, que si no está por dar oxígeno a Sánchez, menos a Junqueras. Vano es el intento, pues, de ofrecer nuevas transferencias al PNV para mantenerlo en el corral, pues aunque sus diputados votaran a favor en una cuestión que ni les va ni les viene, no acalzarían a suplir las disidencias en el bloque de investidura.

8. Tal y como está el percal, es inútil hacer sopesar a Fernando López Miras que acepte el nuevo sistema por razón de que beneficia a la Región de Murcia en relación al actualmente existente, pues no existe perspectiva de que vaya a ser aprobado en el Parlamento, a no ser que los diputados nacionales del PP votaran libremente según sus provincias de referencia, lo que constituiría un impensable ejercicio en la historia parlamentaria.

9. Podría darse, sin embargo, una novedad que por curiosa no es menos trascendente: que el Gobierno intentara aprobar desde el Congreso un proyecto para las autonomías que descartan todos los presidentes de las mismas, excepto Cataluña. ¿Sería compatible desde la lógica política que los diputados nacionales del partido en un Gobierno autonómico votaran de manera diferente de lo que han decidido los presidentes de sus territorios? Los parlamentarios socialistas de Castilla-La Mancha o Asturias estarían en este dilema, que de resolverse con coherencia expresaría una fractura en el PSOE que no parece preocupar a Sánchez o Montero en su carrera para sortear contradicciones siempre que les permita mantenerse en el poder.

Un cash infinito

10. Por otro lado, la supuesta ‘generosidad’ en la actualización del sistema, reclama un debate inmediato, soslayado por el ruido de la polémica con los presidentes regionales, acerca de los recursos del Estado, en lo que reparó desde el principio el consejero murciano Luis Alberto Marín: la transferencia de tan importante cantidad de recursos a las Comunidades podría conducir a nuevas subidas de impuestos para compensar el vaciamiento de las arcas nacionales, cuestión que también augura el informe de Fedea, que repara en que el incremento de los gastos en Defensa y en pensiones, seguidos del proyecto de regalos fiscales improductivos a los caseros como modo de paliar el problema de la vivienda, así como otras inversiones sobrevenidas podrían hacer creer que el Estado dispone de cash ilimitado, a pesar de su robusta deuda. La paradoja, como ya se apuntó aquí, es que estableciéndose las cifras que manejarían las Comunidades desconocemos los capítulos presupuestarios del Gobierno, que no presenta sus cuentas y que ve esfumarse la posibilidad de aprobarlas si finalmente las elaborara.

11. No es menor la confusión ideológica que destapa el privilegio, arrancado por Cataluña, de sustituir el concepto solidaridad por el de ordinariedad, jerga nada inocente que apenas esconde la preeminencia del factor territorial y productivo contra la igualdad de los ciudadanos de cualquier procedencia y condición social, un salto en el vacío en el que han coincidido dos partidos que se dicen de izquierdas.

12. Otra derivada es precisamente la deuda autonómica. Los problemas de financiación de Comunidades como la murciana debieran empezar por controlar y rebajar la deuda, pues las asignaciones del nuevo modelo serían finalistas para soportar los servicios que requiere el incremento de la población. Y es hasta probable que el manejo de un mayor presupuesto tendiera a aumentar la deuda en vez de disminuirla, pues habría más margen para hacerlo.

13. Cabe preguntarse por el empeño del Gobierno en plantear proyectos que se saben fallidos con antelación, como el de la financiación o el de la vivienda. Diríase que se trata de patadas p’alante en un contexto en que sus socios de izquierda se ven insatisfechos y los de derechas no aceptan el cariz medianamente ‘progresista’ o intervencionista de algunas medidas. Aun así, el Gobierno parece que se propone insisitir en los ‘decretos ómnibus’ en los que se incluyen medidas que pueden ser compartidas por el conjunto del arco parlamentario con otras en las que se dan discrepancias. Es un modo demasiado burdo de intentar llevar a la oposición de derechas a votar forzadamente a favor de lo que discrepa por el bien superior de aprobar las coincidencias. Meter en estos sacos la subida de las pensiones no dice mucho a favor de los derechos de los pensionistas, sino de su instrumentación, una vez más.

Entre el trágala y el no es no

A pesar de los anteriores apuntes en los que observamos los intentos de truculencia del Gobierno en la más depurada técnica grouchista-marxista («¿a quién vas a creer más: a mí o a tus propios ojos») a López Miras se le debe poner cuesta arriba renunciar a los 1.200 millones que le ofrece Montero, del mismo modo que Junts en Cataluña tendrá que hacer arte de birlibirloque para rechazar los 4.700 negociados por Junqueras para su Comunidad. Son señuelos establecidos para que la reacción sea la de «toma el dinero y corre», que es una tentación muy comprensible. Y también causa cierto estupor que el PP, que gobierna en la mayoría de las autonomías, no disponga ya de un modelo cerrado que plantear como alternativa al del Gobierno, lo que dibuja la situación entre el trágala y el no es no. Vaya plan.

Suscríbete para seguir leyendo