¿Debe aceptar Murcia el nuevo modelo de financiación? Cataluña nos roba

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, la inefable María Jesús Montero, aseguraba cuando era consejera socialista de la Junta de Andalucía que su partido jamás permitiría una financiación singular para Cataluña, porque eso supondría dinamitar el equilibrio territorial que debe orientar la política española. Escuchándola estos días hemos de reconocer que su cercanía a Pedro Sánchez está siendo fructífera: los dos mienten con una desvergüenza similar, aunque es forzoso reconocer que la andaluza aún no ha llegado a las cotas de excelencia que acredita el yerno de Sabiniano.

Cuando los socialistas se oponían al cupo catalán no lo hacían por una cuestión aritmética, sino por principios morales. Para ellos (como para cualquier español sensato), la caja común debía preservarse y la política financiera del Estado tenía que articularse bajo principios de equidad. Y eso incluso en el caso de que un régimen fiscal particular con Cataluña resultara beneficioso para el resto de las regiones, cosa que, obviamente, nunca ocurrirá.

Los socialistas siguen diciendo lo mismo que entonces en las comunidades y ayuntamientos donde gobiernan. La excepción es el sanchismo, corriente hegemónica en el PSOE actual, cuya mejor aportación a la política española será la desaparición de esas siglas, como ha ocurrido ya en otros países como Francia, Italia o Portugal.

En estos momentos, los más pertinaces en la defensa de una financiación particular para Cataluña son Sánchez, Montero, Junqueras y Francisco Lucas, el candidato socialista en la región de Murcia que Sánchez puso de Delegado del Gobierno para que se diera a conocer con cargo al erario. Les acompañan los cargos electos del PSOE en toda España, claro, porque vivir de la política crea lealtades graníticas. Entre destrozar España o quedarse sin empleo, un socialista que se precie siempre elige lo segundo. Los otros, también.

Yendo a los números, es evidente que el modelo de financiación pactado por Sánchez y el expresidiario que dirige ERC mejora la situación de la Región de Murcia. Pero es que resulta prácticamente imposible que cualquier reforma de un sistema injusto no afecte positivamente al que está el último en la cola, porque en otro caso el esfuerzo carecería de sentido. Pero en esto también hay trampas, sobre todo en la forma que unos y otros presentan los datos resultantes de la operación.

Es cierto que la comunidad que más mejora en términos financieros es Murcia, pero eso no ocurre porque Junqueras tenga un especial afecto a esta pequeña región, sino por el motivo antes indicado. En términos reales, sin embargo, la reforma anunciada por el Gobierno no soluciona la infrafinanciación de la comunidad murciana. Tan solo la mejora ligeramente, de manera que ya no será la más perjudicada, sino la antepenúltima en el escalafón.

Lo mismo opinan en Castilla-La Mancha y Asturias, las comunidades gobernadas por los socialistas que sufrirían las consecuencias del pacto alcanzado en La Moncloa. Cataluña y Navarra, también en manos del PSOE, están muy a favor de la reforma planteada. La primera porque dejará de contribuir al esfuerzo común de España, garantizándose que recibirá lo mismo que aporte, y el caso navarro porque, junto al País Vasco, mantiene un régimen decimonónico elaborado con trampas contables que algún día habrá que dinamitar también.

La labor de demolición del sanchismo está siendo completa y sus peones ni siquiera tienen ánimo para abandonar el barco, porque fuera de él están la nada absoluta y un descrédito personal que los acompañará durante muchos años. Se trata de seguir asumiendo infamias, a ver si una catástrofe planetaria mantiene a Sánchez en el poder más allá de 2027.

Por el camino quedarán las franquicias socialistas, devastadas por la acción de gobierno de su partido, convertido en una sauna al servicio del líder supremo sin ninguna otra consideración.

Suscríbete para seguir leyendo