Un murciano vale más que un catalán

Visto el precio que Trump adjudica a los ciudadanos del mundo, comprar la Región de Murcia le costaría 150.000 millones, resultado de multiplicar su millón y medio de habitantes por los 100.000 dólares con que ha valorado a cada vecino de Groenlandia. Tal y como está la geopolítica, toda extravagancia es posible, y mejor tener las cuentas hechas. Hay un antecedente, cuando en 1873 o por ahí los rebeldes cantonalistas pidieron permiso al entonces presidente de EE UU Ulysses S. Grant para izar la bandera yanqui en Cartagena, lo que algunos interpretaron como el deseo de convertir el cantón en un estado más de USA. Quién sabe si esa no sería hoy una solución para la financiación de la Región de Murcia. Lástima que no tengamos petróleo ni tierras raras ni siquiera pingüinos, de modo que habrá que conformarse con la más modesta contribución del Gobierno central español, establecida en 1.188 millones de euros, lo que sale a 743 euros por indígena (un catalán vale 572).

Leída la cifra en tipografía de gran tamaño, como en el croll del bote de Pasapalabra, no está nada mal, y parece hasta mejor que la que había calculado el propio Gobierno regional, que se quedaba en los mil millones redondos. Un dato menor es que al delegado del Gobierno y secretario general del PSOE, Francisco Lucas, le parece magnífica, y eso que se ha enterado por la prensa, como el propio Gobierno regional. Es cierto que viniendo de Pedro Sánchez, a Lucas le habría parecido bien cualquier otra, como también le habría parecido mal a López Miras. En bruto, hay una manera positiva de verlo: salimos a lo mismo, incluso un poco más, que cada una de las provincias catalanas. Si dividimos por cuatro los 4.686 millones de Cataluña nos resultan 1.171 por Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona, diecisiete menos que Murcia. Ojalá, dirían por ejemplo en Girona, nos correspondieran 1.171 millones.

En cabeza per cápita

El anterior, obviamente, es un cálculo heterodoxo por razones de la distinta población de las provincias, pero hay otra manera más gráfica de verlo: Cataluña, que es el 20% de la población española, recibe unos 4.700 millones, mientras a Murcia, que es solo el 2%, le tocan unos 1.200. En el ámbito nacional es la Comunidad que más sale beneficiada per cápita, incluso más que Cataluña. Por tanto, si nos pusiéramos solemnes tendríamos que concluir que estamos ante una oportunidad histórica que no debiéramos rechazar, aunque sería legítimo marear algo la perdiz para intentar ajustar algo más en el Consejo de Política Fiscal y Financiera convocado por la ministra de Hacienda para la próxima semana.

El problema es el revolutum político. Primero, por la manera poco estética de que la reforma proceda de una negociación unilateral con Cataluña, o peor, con uno de los partidos catalanes, ni siquiera el que está en el Gobierno de la Generalitat. Y segundo, porque el PP, que gobierna la mayoría de las Comunidades autónomas, estaría obligado a mantener una unidad de criterio en todas ellas, pues no todas salen tan beneficiadas como Murcia, Valencia o, a primera vista, Andalucía. Madrid o Galicia, por ejemplo, no pueden estar contentas, y ambas Comunidades tienen un gran peso en la estructura nacional del PP. No veo a Ayuso votando a favor de este sistema por mucho que beneficie a sus colegas del Mediterráneo. Por lo pronto, al nuevo presidente valenciano , Pérez Llorca, no se le ha escuchado un no rotundo, y el andaluz Moreno Bonilla ha dicho algo así como «vamos a hablar».

Un dilema de intereses

Como en tantas otras ocasiones, aquí hay un dilema. El nuevo sistema de financiación contribuiría, de ser aprobado, a la estabilidad de Pedro Sánchez, lo que constituye un freno para los intereses nacionales del PP, pero rechazarlo supone, al menos para la Comunidad murciana, un perjuicio que tal vez no pudiera ser reparado posteriormente ni siquiera con un Gobierno de Feijóo, cuyo modelo tendría como referencia las condiciones de Galicia, muy distintas a las de Murcia en cuanto a población y productividad. Poner pegas al pájaro en mano de los 1.200 millones podría transmitir la idea de que se relegan los intereses de la Región a los del PP.

El alivio para los populares en esta encrucijada consiste en que hay pocas posibilidades de que la reforma sea convalidada en el Congreso, pues ya se advierte que Junts, Compromís, Chunta Aragonesista o Podemos no estarán por la labor y una llamada de socorro al PP para que ejerza la ‘política de Estado’ aprobando un modelo facturado por Ezquerra de Cataluña tendrá el previsible resultado. En el propio PSOE es posible identificar el problema interno de García-Page: ¿cómo va a justificar, si asegura que el modelo perjudica a Castilla-La Mancha, que los diputados por sus provincias voten a favor?

Cabe incluso sospechar de que el mismo Pedro Sánchez haya calculado esta imposibilidad sin dejar de satisfacer a Oriol Junqueras, como ha venido haciendo con Puigdemont respecto a la introducción del idioma catalán en los órganos de la Unión Europea, algo así como «yo lo intento, pero no me dejan», a sabiendas de antemano de que no lo dejarán.

La unilateralidad nos beneficia

Pero ante los prejuicios por la unilateralidad de Cataluña pueden hacerse un par de apuntes. Primero, esta reforma no incluye lo que demanda Puigdemont, el cupo, es decir, la cesión de la recaudación fiscal; por tanto, se mantiene en la línea del ‘cafe para todos’, en que lo único discutible serían los ajustes parciales de las cifras. Sin embargo, el cobro autonómico de un porcentaje elevado del IRPF y de una muy elevada parte del IVA significan una disminución grave de los ingresos del Estado y, por tanto, de su capacidad redistributiva. En esto se constata la verdadera excepcionalidad otorgada a Cataluña.

Y segundo, a nadie, y menos en Murcia, debiera sorprender que toda reforma o avance financiero o competencial autonómico proceda de la iniciativa del estatus político catalán, pues esto es así desde el mismo diseño del Estado de las Autonomías en los tiempos del ministro ucedeo Clavero Arévalo y las políticas posteriores de Felipe González, Aznar o Zapatero: las cesiones a Cataluña han conllevado su traslado al resto de regiones. En el caso de Aznar hasta quedó por escrito en el pacto del Majestic. Ejemplo, la gestión de un tramo del IRPF, la de los puertos y otras muchas. El tractor catalán lleva a remolque a las demás Comunidades, y esto beneficia especialmente a Murcia por su ubicación en la misma franja mediterránea. Puede ser incómodo admitirlo, pero así es. Dada esta constante, la última reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana incluía un epígrafe que advertía sobre que cualquier variable sobre la situación de Cataluña sería automáticamente activado en Valencia, una cláusula de discutible aplicación, pero que implícitamente viene a admitir que es su vecino del norte quien mueve las fichas.

Lo tomas o lo dejas

Al margen de las cuestiones puramente económicas, que son las sustantivas en cuanto a financiación, hay otras de índole político que son insoslayables, como las relativas a que el Gobierno ponga sobre la mesa de las Comunidades el hecho consumado de un pacto previo con una de ellas, en plan lo tomas o lo dejas. No es así como se han de concertar los grandes acuerdos generales, tan importantes como el que atañe a la financiación del Estado del Bienestar que, salvo las pensiones, administran los Gobiernos autonómicos.

Pero al menos hay algo a lo que atenerse, porque se desconoce que el PP disponga de un diseño de financiación consensuado entre sus propios barones. Más bien parece que deseara una imposición por parte del Gobierno socialista para no tener que gestionar el avispero interno, ya que los presidentes populares tienen distintas concepciones acerca del modelo ideal, pues las condiciones de cada Comunidad son muy distintas. Al PP le es más fácil oponerse a una propuesta de Sánchez que elaborar una propia. Y se aferra al pecado original de que tal propuesta responda a los intereses de estabilidad del Gobierno, como así es, cuando, si en lugar de mirar el dedo que señala la luna, lo hicieran a la propia luna, verían la bondad de la reforma para la autonomías que gobiernan, y cuando así no ocurra, bien podrían negociar garantías del Fondo de Cooperación Interterritorial, que está para compensar los desequilibrios.

En cuanto a la nueva palabreja aparecida en este contexto, ordinalidad, que en apariencia se opone a solidaridad, convendría no incurrir en demagogia aunque la esgriman los demagogos, pues la corresponsabildad fiscal tiene su importancia. Debe pagar más quien más gana, pero no a costa de castigar a quienes más producen y más impuestos pagan. Esta impresión, que es doctrina a la que frecuentemente apela la derecha, es reprochada por ésta cuando la ejercen sus adversaros políticos. Aun así, un Gobierno autodenominado progresista vela su etiqueta cuando recurre a fórmulas que, aun siendo razonables, son de estricta referencia liberal. Y encima, los liberales se lo reprochan.

Los independentistas catalanes, que tienen la virtud trumpista de decir la verdad frente a los neologismos que suele emplear el sanchismo para eludir la realidad de que actúa a demanda de sus socios, exhiben sus triunfos en las negociaciones con el Gobierno, y es legítimo que lo hagan, pero a la vez lamentan que sus conquistas no aparezcan diferenciadas de lo que repercute en el resto de Comunidades por la fórmula del ‘café para todos’. Y esta queja, por irritante que nos parezca, es una señal de que el resultado de sus impulsos viene siendo repartido.

Presupuestar sin Presupuestos

Hay algunas otras paradojas como el hecho de que presupueste a las Comunidades autónomas un Gobierno sin Presupuestos o que, siendo la razón del mantenimiento de Sánchez la resistencia a las políticas de derechas, no encuentre lugar ni ocasión para hacer políticas de izquierda, ocupado como está en satisfacer a los nacionalistas como requisito previo al mantenimiento de su tambanillo, lo que ya constituye casi su única línea de actuación. Contemplado desde la Cataluña no nacionalista que votó a Salvador Illa para distanciarse de Ezquerra, ¿qué novedad puede observarse si en la práctica Illa gobierna con la política de Ezquerra?

Pero a resultas de todo esto, lo cierto es que la Región de Murcia, por muy viciado que esté el proceso, cuenta con una decisiva oportunidad para ajustar su financiación. Y como diría hoy un demócrata venezolano: no hay mal que por bien no venga.

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