Una carrera de obstáculos

Edificio en construcción en Murcia. / Israel Sánchez

La promoción de viviendas en nuestro país constituye una auténtica carrera de obstáculos. Eso explica que un bien intensamente deseado como es la vivienda tenga que conformarse con un magro mercado de segunda mano que cada vez va a menos por obra y gracia de la escasez de viviendas nuevas. Hay que recordar lo que ocurrió cuando se dejaron de fabricar coches nuevos por la escasez de chips después del covid: los precios subieron escandalosamente, incluidos los de los coches usados. Ahora pasa lo mismo: ante la dificultad de fabricar viviendas nuevas, los precios suben astronómicamente.

Entre todos la mataron y ella sola se murió. A las exigencias de Bruselas para hacer más eficientes energéticamente las viviendas (solo este año supondrá un aumento medio de 8.000 euros por unidad construida) se unen las exigencias del Gobierno, que obliga a los promotores ceder el 40% de la nueva construcción para vivienda y alquiler asequible. Una obligación, por otra parte, que se compensa en parte por la cesión municipal de suelo en otras ubicaciones periféricas. La teoría parece correcta, pero su implementación práctica supone entrar en un infierno burocrático. Para completar el pelotón de asesinos, faltan las Comunidades Autónomas, controladas por el PP, un partido que se ha negado a aprobar la legislación que facilitaría la financiación de la obra nueva con tal de no otorgar una victoria al Gobierno central.

Por no citar la cascada de impuestos que gravan la fabricación y venta de viviendas, que llegan a suponer hasta un 40% del coste final que paga el comprador. Co este panorama, no es de extrañar que de las 600.000 viviendas cuya construcción es necesaria para equilibrar oferta y demanda según el Banco de España, el sector solo será capaz de ofrecer al mercado este año unas 100.000.

Mientras tanto, el Gobierno, por un lado, y los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas por otro, solo ofrecen soluciones paliativas al enfermo terminal. Ni SEPES tiene la solución, ni la supresión por decreto de las viviendas turísticas va a arrojar al mercado el millón de viviendas que los ciudadanos demandan. Todo son políticas desvergonzadas y cortinas de humo.

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