Los niños y las niñas no son una opción política. La protección de la infancia no es opinable

Recientemente, se han hecho públicos distintos sondeos que preguntan a la ciudadanía sobre el cierre de centros de menores extranjeros no acompañados en la Región de Murcia. Estas encuestas se han realizado por el Cemop, un instrumento demoscópico con reconocimiento institucional, y el Observatorio Español de Estudios Demoscópicos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

Se pregunta directamente si deben cerrarse centros destinados a la atención de niños y niñas que se encuentran bajo la tutela de la Administración pública. En términos reales, la pregunta equivale a si el Estado debe dejar de cumplir su obligación de proteger a menores especialmente vulnerables.

Imaginemos por un momento que alguien nos pregunta si estamos de acuerdo en dejar de proteger a un niño que está solo. Que depende de nosotros para comer, para dormir bajo un techo, para ir al colegio, para sentirse a salvo. Probablemente, la pregunta nos parecería absurda, incluso indecente.

Tal vez por eso conviene detenerse antes de responder. Antes incluso de preguntar. Porque no todo puede convertirse en una cuestión de opinión, y no todo admite un «sí» o un «no» sin consecuencias. El verdadero problema aparece cuando preguntamos y respondemos sin querer imaginar las consecuencias, sin ponernos en el lugar de las niñas y niños que cargarían con esa decisión. No estamos hablando de una política pública cualquiera. No se pregunta cómo mejorar los centros, si funcionan bien o si necesitan más recursos. Se pregunta si deben cerrarse; es decir, si debemos dejar de atender a niños y niñas que ya están solos y que dependen completamente de la protección pública. Dicho de forma clara: si estamos dispuestos a mirar hacia otro lado.

La protección de la infancia no es una ideología ni una preferencia personal. No depende de que nos resulte cómoda, cercana o molesta. Existe para proteger precisamente a quienes no pueden defenderse por sí mismos. Convertirla en una pregunta de encuesta es tratarla como una incomodidad, como si el bienestar de una niña pudiera ponerse en una balanza junto al malestar de un adulto.

Aquí conviene interpelarnos como ciudadanía, pero también como personas adultas. A quienes formulan estas preguntas sin reparar en si deben hacerse. A quienes responden sin detenerse a pensar en quién hay detrás de la respuesta. A quienes leen los resultados y solo ven porcentajes, no vidas afectadas. Porque detrás de un «sí» al cierre de centros de menores no hay una idea abstracta, sino niñas y niños concretos, con historias difíciles, que no eligieron su situación y que dependen por completo de la responsabilidad de los adultos.

Precisamente por eso existen los derechos: para proteger a los más débiles frente a los más fuertes, cuando estos últimos dejamos de pensar y la prisa, el miedo o la comodidad nos empujan a respuestas fáciles ante problemas que nunca lo son.

La democracia no consiste en preguntar por todo. Consiste también en saber qué no se pregunta. Hay límites que no se cruzan porque hacerlo degrada el propio marco democrático. Y la protección de la infancia es uno de esos límites que definen quiénes somos como sociedad.

Resulta especialmente preocupante cuando este tipo de preguntas se formulan desde ámbitos con capacidad para influir en la opinión pública. Los estudios de opinión no solo recogen lo que la gente piensa: ayudan a construir el clima en el que pensamos. Y cuando ese clima presenta como opción legítima dejar de proteger a niños y niñas, se cruza una frontera que debería estar muy clara.

Nadie discute que el sistema de acogida pueda revisarse, mejorarse o reformarse. Es legítimo debatir sobre recursos, modelos educativos, convivencia o coordinación entre administraciones. Lo que no es legítimo es plantear la retirada de protección como una alternativa aceptable, olvidando que quienes pagarían el precio no son quienes opinan, sino quienes no tienen voz.

Las encuestas no son inocuas. Van moldeando el debate público. Y cuando ese debate empieza a tratar la protección de la infancia como una molestia a gestionar, algo esencial se ha roto.

Tal vez la pregunta no sea qué porcentaje apoya el cierre de los centros. Tal vez la pregunta sea otra, mucho más incómoda: qué nos está pasando como sociedad para creer que esto se puede preguntar.

Porque los derechos de la infancia no se someten a encuesta. Se garantizan.

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