Pedro Sánchez termina el año con un nuevo castigo a la Región de Murcia

Pedro Sánchez cierra el año con una nueva afrenta de su Gobierno a nuestra tierra: el nombramiento de Milagros Tolón como ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. No es un simple relevo en el Consejo de Ministros; es una decisión muy perjudicial, porque supone un puesto en la Moncloa a una sanchista de libro que ha hecho del antitrasvasismo una bandera y que ha defendido con vehemencia el cierre del Trasvase Tajo-Segura.

La gravedad del nombramiento no está en la cartera que asume, sino en lo que simboliza. La silla de Milagros Tolón en el Consejo de Ministros no despeja dudas; las agrava. Su trayectoria y su discurso han estado marcados por el rechazo al Trasvase. Y si algo necesita España, y en especial la Región de Murcia, es exactamente lo contrario: una política hídrica basada en la solidaridad y planificación con criterios científicos. Un Pacto Nacional del Agua, como el que defiende Alberto Núñez Feijóo, que convierta la planificación hídrica en una política de Estado, por encima de los cálculos de partido y de los guiños a quienes quieren cerrar puertas en vez de plantear soluciones.

En esta situación, lo más grave no es solo lo que hace Pedro Sánchez, sino lo que callan otros. Los socialistas de la Región, con Francisco Lucas al frente, han elegido el silencio disciplinado: ni una objeción, ni una defensa de los intereses de esta tierra, ni una sola palabra ante un nombramiento que nos afecta de lleno. Ese mutismo no es prudencia; es sumisión. Miran hacia otro lado ante las imposiciones de Sánchez, aunque esas imposiciones golpeen directamente a miles de familias. Y cuando un partido calla aquí para obedecer en Madrid, quien paga el precio son los ciudadanos.

Ese silencio llega, además, en el peor momento: cuando el Gobierno central lleva meses más pendiente de resistir que de gobernar, rodeado de corrupción. La legislatura pende de un hilo con cesiones constantes a los de siempre y una inestabilidad parlamentaria que convierte cada semana en una negociación de pasillo en el Congreso. En este escenario, Murcia vuelve a quedar relegada a un segundo plano, como si nuestras necesidades pudieran esperar indefinidamente. Y mientras el presidente Sánchez se aferra al poder, aquí se acumulan asuntos estructurales que llevan demasiado tiempo esperando respuestas del Estado y que no pueden volver a aplazarse en 2026.

Ahí sigue la infrafinanciación. No hay igualdad real cuando una comunidad, como la Región de Murcia, recibe menos recursos por habitante para sostener servicios públicos esenciales como la sanidad, educación y políticas sociales.

A esto se suman las infraestructuras: se anuncian inversiones, se prometen calendarios, pero las conexiones ferroviarias y las carreteras, claves para la movilidad y para la competitividad empresarial, continúan atrapadas en retrasos continuos. Y tampoco destinan recursos a las infraestructuras que deben garantizar la seguridad de la población ante las riadas, que siguen en el cajón del olvido.

También pasa con la Justicia, que debería ser un pilar firme, pero es un cuello de botella. Juzgados saturados, falta de personal y demoras que desesperan a ciudadanos y profesionales. Un Estado que presume de garantías no puede permitirse que la respuesta llegue tarde, porque la justicia tardía deja de ser justicia.

Y ocurre, también, con la seguridad. La tranquilidad de los ciudadanos se garantiza con presencia, con efectivos y con recursos. En esa línea, el Gobierno de López Miras ha puesto en marcha la Estrategia ‘Murcia Más Segura’, con inversión real para reforzar medios y capacidades de las policías locales. Pero el Estado debe hacer sus deberes y la Región no puede seguir a la cola, porque somos la comunidad con menos efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional.

A las puertas de 2026, lo razonable sería que el Gobierno rectificara y empezara a gobernar para todos. Que dejara de utilizar la estructura del Estado como herramienta de resistencia política y volviera a situar a los ciudadanos en el centro. Que atendiera la financiación, infraestructuras, Justicia y seguridad con la seriedad que exige un país moderno. Y que, de una vez, entendiera que el agua debe unir, no dividir. Pero con Pedro Sánchez esto es, sencillamente, imposible.

Pero si el año termina con esta afrenta, la Región de Murcia también debe terminar con una certeza: no vamos a resignarnos. Ni vamos a normalizar el desprecio. En 2026, como siempre, tocará defender lo que es nuestro con la firmeza que nos exigen los ciudadanos. Porque el futuro de esta tierra no se decide en negociaciones opacas ni se entrega como moneda de cambio para sostener a un presidente que antepone su permanencia en la Moncloa al interés general. Para nosotros, la Región de Murcia, sí está por encima de todo.

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