López Miras claudica ante la patronal del juego

La práctica totalidad de las CC AA ha establecido ya el requisito de una distancia mínima entre casas de apuestas y centros educativos para la concesión y renovación de licencias. Aunque con diferentes condiciones y supuestos, el resultado final es que los establecimientos de juego que no cumplen con esta condición tienen, finalmente, que abandonar su ubicación próxima a un centro educativo.

El Gobierno de López Miras, sin embargo, ha renunciado a establecer este criterio en su normativa sobre el juego, a pesar de la responsabilidad que la Ley 15/1995 atribuye al Gobierno regional en la planificación del juego y las apuestas en concordancia con su incidencia social. Esta renuncia se produce, además, a pesar de las diversas observaciones que en este sentido ha emitido el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia en distintos dictámenes con ocasión de las numerosas reformas de la legislación del juego.

Desde la aprobación de la Ley del Juego de la Región de Murcia y sus respectivos desarrollos normativos, el número de establecimientos de apuestas creció de forma continua y exponencial hasta situar a la Región como la comunidad autónoma con mayor ratio de salones de juego y casas de apuestas por número de habitantes.

Recordemos que la Región de Murcia, con 364 salones de juego, mantiene una ratio de un salón por cada 4.360 habitantes. Baleares y Canarias (segunda y tercera), tienen uno por cada 7.200 y 7.500 habitantes, respectivamente.

Fue en este contexto de crecimiento y ante el empuje social cuando, en septiembre de 2018, López Miras anunció un decreto que, por fin, iba a establecer una distancia mínima entre centros educativos y salones de juego. Mientras se tramitaba, el Gobierno regional llegó incluso a suspender la concesión de nuevas licencias de apertura. El decreto fue redactado e informado por el Cesrm —Consejo Económico y Social de la Región de Murcia—, a falta, tan solo, del informe del Consejo Jurídico. Desde entonces permanece en un cajón sin intención alguna de que vea finalmente la luz.

En realidad, aquel decreto no era más que un lavado de cara para el Gobierno regional y una consolidación del statu quo alcanzado tras años de expansión del negocio de las apuestas. Permitía que, en el momento de la renovación de la licencia, se tuvieran en cuenta las condiciones iniciales de su concesión, de modo que, en la práctica, ninguna casa de apuesta tendría que cambiar su ubicación. Por otra parte, la saturación del número de establecimientos en funcionamiento hacía imposible la concesión de nuevas licencias de apertura.

No obstante, los servicios jurídicos de la CARM advirtieron de la ilegalidad de este planteamiento por ser contrario el artículo 7.2 de la Ley del Juego regional, que establece que las condiciones para la renovación de las licencias son las vigentes en dicho momento, siendo de aplicación, por tanto, la distancia a centros educativos si llegara a establecerse.

Si finalmente esto ocurriera, las casas de apuestas abiertas junto a centros educativos tendrían los días contados, como ocurre en el resto de CC AA. Pero, para no incomodar a la patronal del sector, el Gobierno regional decidió paralizar el asunto y dejarlo morir en un cajón.

Por otra parte, la consulta prejudicial planteada, dos años después, por el TSJ de Valencia al Tribunal de Justicia de la UE, con motivo del contencioso de la patronal del juego valenciana contra la ley del ‘Gobierno del Botànic’, que establecía una distancia mínima a centros educativos de 850 metros, sigue siendo hoy la excusa utilizada por el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, para ocultar la verdadera intención del Ejecutivo regional: no aprobar nunca una distancia mínima de casas de apuestas a centros educativos.

Todo, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la UE ya ha validado el establecimiento de distancias mínimas obligatorias, dejando que sean los tribunales españoles, en su caso, los que decidan sobre la proporcionalidad de las mismas.

Es lo que hace un Gobierno lacayo que actúa al dictado de la patronal de turno.

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