López Miras desprecia a los trabajadores del 112

Ojalá nunca tengamos que hacer uso de la llamada al 112. Pero si tuviéramos que hacerlo, seguro que querríamos tener al otro lado de la línea una persona tranquila y empática, que entienda rápidamente el desordenado mensaje que producimos en una situación estresante de emergencia y que, finalmente, en cuestión de segundos, sea eficaz y active los mecanismos necesarios para que policía, bomberos, sanitarios o Protección Civil nos atienda en minutos.

Esta es la actitud, fruto de su profesionalidad, de los/as trabajadores/as que reciben las llamadas del 112. Sin embargo, más allá de esta realidad, conviene saber que son un colectivo de personas maltratadas laboralmente, tanto por las sucesivas empresas concesionarias del servicio como por la propia administración, que lo consiente.

Sus condiciones laborales penden siempre de los ajustes económicos que intentan realizar las empresas tras ganar la concesión con una oferta económica a la baja con el objetivo de reequilibrar su cuenta de resultados: unas veces despidiendo a trabajadores/as, otras rebajando sus salarios y, en ocasiones, ambas cosas a la vez. Es lo que hizo Ferrovial en 2016 o TISSAT años antes.

Sus salarios apenas sobrepasan el SMI gracias al prorrateo de las pagas extra, carecen de reconocimiento de antigüedad, cobran un plus de nocturnidad de 1,17€ la hora y están en una permanente incertidumbre sobre su futuro en cada nueva concesión de contrato. Estas son las condiciones que se derivan de estar sometidos al convenio colectivo de Telemarketing, ahora llamado eufemísticamente “Contac Center”.

No hay mayor desprecio a estos trabajadores/as y al servicio que cumplen que calificarlos y asimilarlos a teleoperadores comerciales. Un servicio -recordemos- que salva vidas a diario y cuyos profesionales tienen que enfrentarse, en cada momento de su jornada laboral, a situaciones altamente estresantes a las que han de responder con absoluta eficacia, transmitiendo tranquilidad y confianza al usuario que llama. Quien piense que este trabajo puede asemejarse al de un teleoperador comercial ignora totalmente la esencia del mismo, algo que, desde luego, no puede hacer el Gobierno regional, y menos aún el consejero responsable.

Y es que este servicio esencial está externalizado desde su creación en 1997, a pesar de que el decreto de su implantación recoge, con meridiana claridad, el mandato expreso de que se prestará con carácter exclusivo por la CARM y bajo la forma de gestión directa.

La externalización propicia, además, que el operativo del 112 esté separado físicamente del resto del operativo de emergencias, concretamente del Centro de Coordinación Operativa (CECOP). Cuando el sistema de comunicaciones falla -algo que ocurre en ocasiones-, la coordinación con el CECOP se dificulta enormemente, sobre todo, si coincide con un momento de gran afluencia de llamadas, produciéndose un cuello de botella en la comunicación que restringe peligrosamente la eficacia del sistema y, por tanto, la rapidez en la respuesta.

Pero integrar físicamente todo el operativo del servicio de emergencias mezclando gestión pública y privada ha generado ya situaciones problemáticas desde el punto de vista laboral, denunciadas incluso en su día por la inspección de trabajo como cesión ilegal de trabajadores.

Así, en no pocas ocasiones, los operadores de las llamadas del 112, dependientes de una empresa privada, eran requeridos para sustituir a funcionarios que realizan trabajos en el CECOP, como puedan ser el gestor policial, el gestor de protección civil o el operador del Consorcio de Bomberos.

A pesar de todo esto, tanto PP como Vox se han opuesto a la recuperación de la gestión directa y totalmente pública del Servicio de Gestión de Llamadas del 112, haciendo decaer en la Asamblea una moción del Grupo Parlamentario Mixto (IU-Podemos) que pedía precisamente esto.

Sin embargo, mantener externalizado este servicio supone condenar a la precariedad laboral a quienes están disponibles permanentemente para atender nuestra angustiosa llamada de socorro. Solo una gestión pública directa garantiza el redimensionamiento y adaptación continuos que exigen el incremento y la complejidad de las situaciones de emergencia, la estabilidad laboral de los trabajadores y la primacía del interés general frente al beneficio empresarial.

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