¿Hay que desprivatizar la sanidad pública? | Hipocresía progresista

La sanidad privada no debe ser tan perversa cuando todos los referentes izquierdistas la prefieren para tratarse de sus dolencias. Resulta sorprendente que participen en todo tipo de protestas contra la privatización de los servicios públicos, cuando ellos son los primeros en rechazarlos. No solo en Sanidad. También en educación, como el famoso chavista que venía a asaltar los cielos desde Vallecas para acabar con la hez neoliberal, y ahora lleva a sus niños a un colegio privado con unos precios que sus votantes no se van a poder permitir jamás.

Pero la tomadura de pelo de la izquierda a sus votantes, que estos agradecen con aplausos de rebaño, es una cuestión circunstancial que no afecta al fondo de la cuestión. Aquí, lo que importa, es ofrecer a los ciudadanos el mejor servicio posible al margen de la relación laboral de los que prestan el servicio, sean sanitarios, maestros o agrimensores. Porque no hay ningún mandato moral que obligue a que la sanidad se gestione por funcionarios. La exigencia constitucional de una sanidad pública y gratuita no contradice el que ese servicio se preste a través de empresas concertadas, una fórmula de éxito contrastado que se utiliza en todos los países desarrollados.

Los servicios públicos deben gestionarse con criterios de calidad, eficacia y austeridad, y eso es algo que la empresa privada realiza con mejores estándares que el sector público. Lo dicen los usuarios del sistema de salud de forma mayoritaria, porque lo que uno quiere cuando tiene un problema es que se lo resuelvan lo más rápido y de la mejor manera posible. La sanidad no es mejor porque sea pública, una especie de ley de hierro absurda que la izquierda trata de imponer por cuestiones meramente ideológicas. Pero hablamos de una filosofía política que funciona con apriorismos ajenos al resultado de su aplicación práctica, por eso allí donde se aplica con toda su intensidad, las sociedades fracasan.

Sostienen los defensores de acabar con los conciertos privados que la salud es demasiado importante para dejarla en manos de empresas que buscan maximizar sus beneficios. A esto se le puede replicar que más importante aún es comer y beber agua todos los días y son tareas que realizan las empresas privadas; por cierto, a plena satisfacción. Si las panaderías dependieran del Estado, habría colas a las 4 de la mañana en todas las expendidurías para comprar un trozo de pan mal preparado, por eso son los propietarios particulares los que se encargan de proveernos de esos productos a plena satisfacción.

Los talibanes de lo público no quieren el mejor servicio para los usuarios, sino que éste se preste única y exclusivamente por empleados del Estado, sea cual sea su resultado. Eso es un error. Porque la colaboración público-privada en todos los ámbitos asistenciales da como resultado un sistema de protección de la salud valorado por los pacientes, a los que las disquisiciones políticas en torno a este asunto les dan exactamente igual.

El escándalo fabricado en torno a un hospital concertado de Madrid es un episodio que tendrá que dilucidarse en los ámbitos oficiales correspondientes, pero un hecho de ese cariz no puede dar al traste con un modelo que, no por casualidad, es el que se impone en las sociedades más avanzadas.

Desprivatizar lo público sería un error mayúsculo que redundaría en perjuicio de los usuarios de la sanidad. A los dirigentes izquierdistas les da igual, porque ellos pueden pagarse una planta entera de un hospital de lujo para traer sus hijos al mundo. Lo asombroso es que los perjudicados aplaudan los ataques a un sistema que beneficia, precisamente, a los que tienen que utilizar el sistema público de salud.

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