¿Hay que desprivatizar la sanidad pública? | El espejismo Ayuso

Vale que Pedro Sánchez (y su PSOE) use el escándalo sanitario del sistema Ayuso en Madrid para desviar la atención de los impresentables tejemanejes de su círculo de organización y los ignominiosos abusos sexuales de altos cargos socialistas. Pero de ahí a ocultar que el otrora ejemplar sistema público español de Sanidad está siendo desmantelado a marchas forzadas en las comunidades gobernadas por el PP va un muy largo trecho.

No faltan ejemplos. Por supuesto, el del «caso del hospital Ribera» en Torrejón de Ardoz es el más llamativo. Depende para quién: a las mujeres probablemente les resulten de mayor interés las trafullas sevillanas con el cribado de las mamografías. Hay otros asuntos sanitarios absolutamente desgraciados por mala gestión a los que referirse. Sin ir más lejos, el de la mujer muerta en la UCI del público Santa Lucía tras una liposucción en el privado Virgen de la Caridad, que no tenía licencia para esa intervención.

El problema tiene más calado que el que podría mostrar un caso puntual de muerte por negligencia o mala práctica. También tiene más extensión de la que aparenta. Porque en la Región hay una derivación sistemática de pacientes de la Sanidad Pública a la privada, aunque no haya un asunto tan claramente disruptivo como un hospital de propiedad estatal gestionado gracias a concesión graciosa por una empresa privada: el de Torrejón.

En Murcia, una política sanitaria prolongada y decidida desde las transferencia de las competencias pertinentes en 2001 ha llevado a la proliferación de servicios sanitarios privados, plasmada en nuevos sanatorios y clínicas particulares. Según la Fundación IDIS de la Sanidad Privada, en Murcia hay 15 hospitales privados, el 58% del total que realizan el 44% de las intervenciones quirúrgicas, frente a los 12 públicos.

La potencia de la sanidad privada crece. Casi al mismo ritmo que aumentan los problemas de atención en los centros públicos. Al tiempo, hay cada vez más contribuyentes que se costean de su bolsillo un seguro médico para no pagar las tarifas imposibles en hospitales privados, a los que se dirigen tras el deterioro de la Sanidad Pública. Por tanto, el negocio de las aseguradoras va paralelo al de las propietarias de hospitales: creció anualmente un 3,9% de 2018 a 2024, según IDIS.

Aumentan notablemente también las agresiones a sanitarios: 499 en 2023, 33 de ellas físicas, frente a las 206 de 2015. Nadie pone el acento en que esa violencia está directamente provocada por la frustración de los usuarios —que no pueden pagar un seguro médico privado— al ver que no son atendidos debidamente por el deterioro creciente de la asistencia.

El pretexto habitual, en esto y en casi todo, es el perjuicio por la mala financiación autonómica. Se obvia que, en su momento, se criticaron duramente, incluso dentro del PP, las transferencias sanitarias aceptadas por el entonces consejero Francisco Marqués; y, por supuesto, se mira para otro lado cuando afloran problemas de mala gestión y de inoperancia organizativa en la Sanidad regional, perceptibles en la pasarela de consejeros y consejeras y los bailes de responsables de área sanitaria o de menor nivel. También se hace la vista gorda sobre la dedicación laboral de una parte conocida de médicos funcionarios y se autorizan compatibilidades abusivas.

Es decir, el sistema sanitario público murciano viene probando suficientemente sus lacras y su incapacidad de satisfacer las necesidades de los contribuyentes, aunque la propaganda oficial machaque reiteradamente con «innovaciones» de primera fila mundial, mientras subrepticiamente se favorece el negocio de los amiguetes hospitalarios en forma de derivaciones cuya irregularidad mereció la atención del Tribunal de Cuentas estatal.

Hay que desprivatizar, por tanto, y sin dudar. La estrategia deber incluir también reorganizar la estructura coherentemente a las necesidades de la población. Sin embargo, el único impulso posible a esa política no es el que puede dar un gobierno de marcado acento neoliberal. Porque esa reorientación significaría, para empezar, dejar de mirar al espejismo Díaz Ayuso como tierra prometida, sanitaria y electoralmente hablando.

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