Demasiado silencio en la universidad

Un recinto universitario no es un patio de colegio. Así como el ruido infantil encierra distintos significados, históricamente la universidad ha generado su propio sonido, impregnado de conocimiento, de inquietud crítica, de valor ético, de sentido universal y libre. Una universidad callada es siempre un mal presagio. O el reflejo de una sociedad adormecida.

Ante esto nos encontramos con un tema peliagudo. El Anteproyecto de Ley de universidades de la Región de Murcia no está generando el deseable debate social abierto, documentado y necesario para su desarrollo como herramienta de futuro para nuestra Región. Demasiado silencio. Según nuestro criterio, y haciendo gala del carácter universal de la institución, hacer público este proceso es una cuestión de principios.

Las Juntas del Personal Docente e Investigador, de Personal Técnico de Gestión y de Administración y Servicios, y el Comité de empresa de la UMU han manifestado ya su preocupación ante el modelo de financiación propuesto en el anteproyecto de ley, que consideran clave para asegurar la sostenibilidad y la calidad de nuestras universidades públicas.

Es un hecho evidente que desde la aprobación del Plan de Financiación Plurianual de las Universidades Públicas de la Región de Murcia (24 de mayo de 2024), firmado por parte del Consejero de Universidades y los rectores de las universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, este documento no ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Ni difundido entre ambas comunidades universitarias públicas, faltando así, por lo que sea, a la obligatoriedad legal de su difusión. Dada su relevancia para la planificación académica y la gestión de recursos, parece extraño el escaso esfuerzo de las autoridades por refrendar dicho Plan con su publicación oficial, con el fin de aportar transparencia y estabilidad presupuestaria a nuestras instituciones universitarias. Para el personal representado en las Juntas y Comité referidos, este impasse injustificado afecta de manera directa a la planificación de recursos humanos, la consolidación de plazas, el mantenimiento de infraestructuras y la calidad del servicio público universitario. Y aumenta la presión sobre las tasas para estudiantes, una fórmula contraria a la igualdad de oportunidades en el acceso a estudios superiores.

El artículo 29 del desconocido anteproyecto, bajo apelación a la corresponsabilidad, esconde una estrategia vaga para relajar la obligación de financiación pública y trasvasar el peso a las universidades. En concreto deriva el incremento de sus ingresos a fuentes externas privadas como medio para alcanzar la suficiencia financiera, que debería quedar garantizada por los poderes públicos para así preservar la libre autonomía de la investigación y de la trasmisión de conocimiento. Un modelo que, a todas luces, no garantiza el sostenimiento de las necesidades universitarias. Por el contrario, dictamina la infrafinanciación estructural por ley. Con capacidad para pagar estrictamente las nóminas (el 64,7% del total del presupuesto liquidado de 2024), las universidades públicas afrontarían situaciones de precariedad a la hora de afrontar gasto ordinario, mantenimiento de instalaciones, nuevas líneas de investigación, expansión e internacionalización, digitalización…

La reducción de la autonomía universitaria real y la regresión de las condiciones de igualdad para el acceso a la educación superior figuran entre los riesgos inaceptables de esta propuesta de ley.

La tercera conclusión de los representantes del personal de la UMU refleja la incoherencia entre la propuesta de ley regional y los principios y objetivos de la LOSU (Ley Orgánica 2/2023 del Sistema Universitario). Un clásico. La propuesta no refleja el objetivo del 1% del PIB en gasto universitario ni propone metas cuantificadas, mecanismos de evaluación o calendarios de cumplimiento, elementos esenciales para ejercer responsabilidades públicas tales como la planificación y la rendición de cuentas de las autoridades competentes.

Establecer por ley condiciones de debilidad en cuanto a objetivos financieros y responsabilidades políticas deja a las universidades públicas huérfanas de respaldo institucional por parte de las autoridades competentes, que se desentienden del compromiso por una estrategia pública de impulso al conocimiento, la investigación o la transferencia.

¿En qué parte del texto refleja este borrador de ley los retos de futuro de nuestras universidades públicas y la estrategia para afrontarlos? ¿Cómo asume el gobierno regional la renovación generacional, la estabilización del personal o la equidad en el acceso a estudios universitarios públicos? ¿Qué universidad pública diseña esta ley para las generaciones de futuro? ¿Está abonando esta ley el campo para convertir en negocio el futuro de la sociedad y cargarse, de esta manera, el ascensor social?

Esta propuesta de ley solo confirma el estancamiento de recursos para nuestras universidades públicas y el menosprecio del gobierno regional ante el papel estratégico de estas instituciones en el desarrollo económico, científico y social de la Región de Murcia.

Suscríbete para seguir leyendo