Moderación fiscal, un contrasentido

Afirma López Miras -presume de ello- que «la política de bajos impuestos del Gobierno regional ha ahorrado más de 330 millones de euros a los murcianos en 2025». ¿A qué murcianos, exactamente?

Quizás a los 3.703 contribuyentes con un patrimonio de entre 700.000 y 3,5 millones de euros. A ellos les ha «ahorrado» veinte millones anuales con la bonificación en el Impuesto de Patrimonio vigente desde 2024.

Probablemente también al 9% de los contribuyentes que se benefician de las deducciones del IRPF (68.332 de un total de 756.871). En conjunto suponen otros 20,7 millones, aunque desigualmente repartidos. Están quienes declaran rentas hasta los 24.000 euros, que se deducen una media de 285 euros -el 89% según datos del propio consejero de Hacienda-, y, por otra parte, las rentas más altas, que se deducen 804 euros de media.

Así podríamos seguir sumando grupos hasta llegar a los beneficiarios de las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. En conjunto, estas bonificaciones suponen una merma anual de recaudación en torno a los 400 millones de euros. Beneficio fiscal que, lógicamente, como en el caso del IRPF, es mayor para las rentas más altas, pese a que se quiera enmascarar el hecho aduciendo que se beneficia una mayoría de rentas medias. Mayoría también relativa en comparación con el total de contribuyentes del IRPF o con el dato de población susceptible de beneficiarse: hablamos de unas 32.500 operaciones previstas en los presupuestos de 2025.

En general, esta política de moderación fiscal de la que presume López Miras supone un contrasentido del principio básico de un sistema fiscal justo, que no es otro que el principio de progresividad: que contribuya más quien más tiene y no que se beneficie más quien más tiene.

En cualquier caso, al margen del uso propagandístico que se hace de estas bonificaciones fiscales, el consejero de Economía y Hacienda debería explicar con detalle, con datos medibles y contrastables, cuál es su impacto en la economía real y en las cuentas públicas. Sobre todo, dado el contraste que supone este recorte en la recaudación pública, de unos 450 millones anuales, con los déficits recurrentes, por ejemplo, que presenta la Consejería de Salud año tras año: 818 millones de euros en 2024 y otros 804 millones en 2023. Cuestión, por otra parte, que no deja de señalar el Tribunal de Cuentas en todos sus Informes sobre la Cuenta General correspondiente a cada presupuesto de la CARM.

Lejos de ofrecer estas explicaciones, López Miras considera que esta política, que él llama de «moderación fiscal», es una de las patas del dinamismo económico que reflejan los datos macroeconómicos de nuestra Región, junto con la colaboración público-privada, la simplificación administrativa y la seguridad que, según él, da a los empresarios la persistencia del Gobierno regional en esta política fiscal.

En contraste con esta euforia excesiva del presidente que presume de méritos en el crecimiento económico regional que, con toda seguridad, no le corresponden, la Memoria sobre la situación socioeconómica y laboral de la Región de Murcia en 2024, última memoria anual publicada por el Consejo Económico y Social, atribuye, sin embargo, el dinamismo económico a otros cuatro factores: inflación más controlada, tipos de interés a la baja, costes energéticos lejos de la desmesura de años anteriores y un mercado laboral pujante.

Nada que ver, como puede apreciarse, con la moderación fiscal practicada. Además, la misma memoria añade que este entorno macroeconómico no cala en la percepción social, que no se fija en la variación del IPC. Esta está más afectada por el nivel de precios -mucho más altos en los últimos años-, en especial en bienes esenciales para las rentas medias y bajas (alimentos, alquiler, etc.); sin olvidar las situaciones de pobreza y exclusión social que se agravan a pesar de que el empleo crece.

En fin, Fernando, convendría que a tu alegre y electoral reflexión sobre las bonanzas de nuestra economía le dieras, como suele decirse, más de una vuelta.

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