Desconstitucionalizar la Constitución

No voté la Constitución, como muchos de los que ahora dicen sentirse alejados de ella alegando que no corresponde a su generación. A la mía tampoco si se considera el canon con que en el momento de su proclamación se establecía oficialmente la madurez política. En 1978 quienes contábamos veinte años éramos adolescentes para el Estado, pues el derecho al voto solo existía a partir de los veintiuno cumplidos. Y gracias, porque hasta bien poco antes tal derecho no constaba para nadie. Se entiende, pues, que no voté la Constitución porque no me dejaron votarla. Pero los jóvenes de entonces, con derecho o a voto o sin derecho a voto, la recibimos con un entusiasmo que, por lo visto, resulta ridículo para las generaciones actuales, que aun criadas a su amparo la consideran alicorta, claudicante y caduca. Mentira. Ese librito es el documento más espléndido y valioso de la España contemporánea. No es que su prosa, a pesar de que fuera alicatada por académicos de la lengua, sea un claro y limpio caudal de versos de oro, pero resulta suficientemente expresiva, a pesar de su sonete administrativo, de derechos cívicos conquistados paso a paso y que elevados a Ley suprema se cimentan como irrenunciables. A partir de ahí, todo; hacia atrás, regreso a la oscuridad.

Imperfecta, pero flexible

Es imperfecta, claro, pero flexible. Cualquier programa político que la respete puede asentarse en ella. Está hecha para que así sea. Y para su reforma o retoque establece condiciones de mayoría amplia que constituyen un seguro contra extremos excluyentes. La Constitución, la nuestra y todas, deben su perdurabilidad a sus enunciados genéricos que establecen el marco razonable desde el que pueden pronunciarse las leyes más diversas dictadas por el Parlamento.

La sociedad de finales de los 70 tiene poco que ver con la actual, y en esto basan los ‘adanistas’ de hoy su desdén por la Constitución, olvidando que gracias a ella los cambios, desde los graduales a los más bruscos, han ido teniendo asiento, diríase, que con toda naturalidad. Lo más gráfico es que sigue viva y a ella se apela constantemente desde todos los ámbitos, a pesar de que en determinadas etapas no ha merecido ni merece los gestores de la cosa pública, cuyos derechos garantiza.

La democracia como partitocracia

Es cierto que tiene un defecto de fondo al permitir cierta confusión entre democracia y partitocracia, consecuencia de que se instauró tras la larga noche de piedra de cuarenta años con los partidos políticos en la clandestinidad. Pero ese defecto no será subsanado si los impulsos para su reformulación proceden de los partidos políticos. La prueba es que si ya aparece disuelto el límite entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, las arremetidas van ahora a integrar el Judicial en el mando del Gobierno correspondiente. La partitocracia tiende a eliminar los contrapoderes, y para esto necesita reajustar la Constitución, que a pesar de todo garantiza la independencia judicial y la libertad de expresión.

El invento del Tribunal Constitucional, minado por las mayorías políticas y convertido en última instancia contra la naturaleza del Supremo, es una paradójica perversión del espíritu de la Carta Magna, el truco del almendruco para hacer decir a la Constitución lo que ésta no prohíbe expresamente, y por ese butrón se van colando leyes que la violan, transmitiendo la impresión de que tales anomalías le pertenecen y generando desafección hacia ella.

Los enemigos

Los nacionalismos periféricos, que como el catalán la aprobaron en referéndum en su día con más del doble del porcentaje de votos que después emitieron para la reforma de su actual Estatuto, son en este momento los mayores detractores de la Constitución, pues ésta se resiste lógicamente a aceptar un Estado federal imperfecto para el que no fue concebida y que constituiría su disolución en la práctica. Pero vista esa resistencia, con la complicidad de fuerzas políticas estatales en el papel de tontos útiles, termitean las clavestacas de la norma suprema para constitucionalizar sus privilegios. «Adecuar la Constitución a la diversa realidad territorial», como aseguraba ayer la presidenta del Congreso, Francina Armengol, es el aviso de que ya se ha interiorizado el virus disolutivo desde el partido que en su día fue el más constitucionalista. Cabría preguntarse: ¿Qué no permite la Constitución a los independentistas, que no sea la independencia? ¡Pero es que los independentistas no representan a la totalidad de los ciudadanos de sus territorios! Quienes en ellos se enfrentan al nacionalismo solo tienen como defensa la Constitución española.

De otro lado, hay partidos que intentan empotrar en la Constitución sus programas políticos particulares para convertirla en un reflejo propio que haga inviable el de otros partidos. Unos, porque no la ven tan avanzada como ellos aspiran, y otros porque la ven demasiado, todos o casi todos anhelan modelar la Constitución al gusto, con la consecuencia de que dejaría de ser ‘de todos’. Otra vez Armengol, ayer, apostando abiertamente por reformarla «para incluir en ella nuevos derechos y libertades». De nuevo, pregunta: ¿qué derechos y libertades no están recogidos en la Constitución? De hecho, más que si se enumeraran, pues supondría una reducción.

Al vuelo se me ocurre el matrimonio homosexual, que fue aprobado sin necesidad de que estuviera citado de manera explícita en el texto constitucional, pues genéricamente lo asume al proclamar los derechos y libertades individuales. Es cierto que podría ganar las elecciones un partido como Vox, que quizá trataría de derogarlo, o la ley del aborto. Pues bien, en caso de estar explícitamente incluidos estos derechos en el texto constitucional, Vox trataría de hacer lo que quiere hacer hoy el PSOE, según Armengol: cambiar la Constitución. Tendríamos, pues, una Constitución de quita y pon, es decir, programática de la mayoría gubernamental del momento. No cabrían en el espacio de este artículo los derechos y libertades, avances y transformaciones, al que ha dado lugar esta Constitución a lo largo de casi cincuenta años, en una senda inagotable.

Por tanto, las palabras de Armengol a este respecto parecen un señuelo: con el pretexto de los ‘nuevos derechos’ se añadirían en otros capítulos ‘las singularidades territoriales’, que significarían pérdida de derechos de igualdad para los ciudadanos de territorios españoles que no instrumentan políticamente las suyas, que todos las tienen. En el fondo, esas apelaciones de la presidenta son, por fortuna, inhábiles, pues en realidad, saltándose su papel institucional, constituyen un guiño de buena voluntad a los siete votos de Junts. Un guiño vano, sin duda, pero en las actuales circunstancias es lo único que el Gobierno puede hacer: guiños.

En peligro

No dramatizo si aseguro que la Constitución está en peligro. No tanto por su disolución como por la indiferencia con que se la trata al no ir acompañada la acción política de sus preceptos y naturalizar tal cosa mediante interpretaciones políticas desde el tribunal que debiera defenderla, o bien utilizarla como cajón de sastre, además de rebuscar en los entresijos de su letra y despreciar lo más enjundioso de las leyes, su espíritu.

Vox es un enemigo sólido de la Constitución, aunque de manera formal apele a ella, precisamente asentado en el mal ejemplo de su instrumentación partidista. Por ese hueco entran a matar sus enemigos naturales, aquellos a quienes perturba su liberalidad, su amplitud, el frontón que significa frente a la destrucción de derechos cívicos, las condiciones de solidaridad, el valor primordial de lo público y la consideración previa de los derechos humanos proclamados ante los sarpullidos de exclusión. Prueba de que este partido va en serio contra lo que su mentor Trump llama ‘decadencia civilizatoria’, que no es más que el humanismo plural de la convivencia, es que Abascal renuncia, como los nacionalistas, a compartir institucionalmente su apoyo a la Constitución, como antes a la monarquía, que va incluida en ella, acercándose peligrosamente al bloque heterogéneo de los antisistema. No obstante, esta gestualidad en la práctica, Vox reivindica la Constitución, de lo cual resulta una perversidad añadida, pues en nada se compadece con la letra y el espíritu de su programa.

Y es que tanto oportunismo y trajín de unos y de otros con la Constitución ha creado un estado de cosas pasmoso: hoy se identifican públicamente más con ella los partidos de derechas, que inicialmente la rechazaron o se abstuvieron para su aprobación, que los de izquierdas, que en el contexto de la Transición la vindicaron con exaltación, no siendo como no es de izquierdas, sino abierta también a las izquierdas. Pasa con la Constitución como con la bandera, que han caído de lado. Pero esto no ocurre por apropiación de los unos, sino por dejación de los otros. Y cuando los instrumentos de unidad y referencia acaban siendo de disgregación y discordia todo suele acabar mal.

No voté la Constitución porque no me dejaron. Pero, por convicción, no votaré ninguna otra.

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