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Opinión | Desde mi picoesquina

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Jaque al Derecho Internacional

Fotografía de archivo de Volodymyr Zelensky (izq.), con Donald Trump .

Fotografía de archivo de Volodymyr Zelensky (izq.), con Donald Trump . / EFE/Jim Lo Scalzo

En el actual contexto de la crisis global sistémica que azota a este bello planeta azul, quiero comentar sucintamente tres cuestiones. En el momento en que redacto estas líneas, el presidente ucraniano Zelenski, según parece apremiado por la corrupción interna en el seno de su Gobierno, por el alto coste de la guerra que mantiene con Rusia que está perdiendo claramente, y por la negativa de la juventud a ir al frente, está dispuesto a aceptar el acuerdo de paz diseñado por el ‘emperador naranja’ que ocupa el Despacho Oval de la Casa Blanca. Sin embargo, tres cuestiones básicas alejan a Kiev del acuerdo propuesto por Donald Trump. El primero, y fundamental, es la cesión de territorios clave en el Dombás, una región que Rusia no ha anexionado totalmente, pero cuya cesión representaría un riesgo político y militar para Ucrania. Otro punto de desencuentro es la reducción del ejército a 600.000 efectivos, que el régimen de Zelenski ve disparatada, sobre todo ante una eventual nueva amenaza rusa, a lo que se suma, en tercer lugar, la imposición de Washington a que Ucrania renuncie a su entrada en la OTAN, lo que supondría invalidar los motivos que dieron lugar -recordemos- a las protestas del Euromaidán, en febrero de 2014, unas manifestaciones motivadas por la suspensión del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE) que llevaron a la huida y destitución del presidente prorruso Viktor Yanukóvich y que reflejaban el ansia de amplios sectores de la población ucraniana de aproximación a Europa refugiándose, de paso, en el ‘paraguas’ protector de la OTAN.

Sorprende el viraje experimentado por la política exterior norteamericana, que, de contemplar en la guerra ruso-ucraniana un motivo para debilitar a Rusia y, de paso, a la UE, con la vista puesta en un eventual y futuro enfrentamiento con China, ha pasado a un interesado ‘estrechamiento’ de relaciones con el inquilino del Kremlin. De la criminalización rusa se ha pasado al reconocimiento de facto de algunos de los motivos que dieron origen a la ocupación del territorio ucraniano. El reparto de los recursos de ese país y, sobre todo, el negocio de la reconstrucción que lideraría EE UU utilizando los 100.000 millones de fondos rusos congelados (el país norteamericano obtendría el 50% de los beneficios obtenidos por esos negocios) parecen estar detrás de ese cambio de actitud norteamericana.

Otro punto caliente del globo se sitúa en el Mar Caribe. Sorprende el silencio de una UE, que, tras la penetración de Rusia en Ucrania, se aprestó a imponerle sanciones, apartarla del G-20 y difundir una fuerte campaña de criminalización, ante lo que está ocurriendo frente a las costas de Venezuela y Colombia, cuyos dos presidentes están sometidos a sanciones por parte de EE UU, uno por ‘narcoterrorista’ y el otro por ‘narco’ a secas. Y todo sin aportar ninguna prueba. Vista la errática y cambiante posición del jerarca norteamericano en política exterior, no sabemos si pretende amedrentar al país; forzar la salida del poder de Nicolás Maduro, preparando acciones de sabotaje y desestabilización; colocar en el poder a Corina Machado, que lleva meses propugnando una intervención extranjera; bombardear instalaciones militares venezolanas con la excusa de que son plazas dedicadas al narcoterrorismo; o acaso –no es descartable- propiciar un acuerdo con Maduro que proporcione a EEUU un acceso al petróleo venezolano.

Por último, una obligada referencia a Gaza. Hace unos días, en mi artículo Sáhara Occidental, herida abierta, publicado en este periódico, di cuenta de la venta, mediante la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad (CS) de la ONU, de 31 de octubre, de la soberanía del Sáhara Occidental a Marruecos (resolución apoyada lamentablemente por el Gobierno español), contraviniendo la resolución de 1991 que exigía la celebración de un referéndum de autodeterminación de esa excolonia española. Sólo 17 días después, la aprobación, de nuevo por el CS de la ONU y no por la Asamblea General, de la Resolución 2803, sobre un plan de 20 puntos presentado por Trump, supone la negación de hecho de la soberanía del pueblo palestino. En ambas ocasiones, en el tema del Sáhara y ahora con Palestina, tanto Rusia como China, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, se han negado a usar su derecho de veto, mientras que, una vez más, lamentamos la sumisión de la diplomacia española ante los designios de Trump, pues Albares ve en esa resolución un paso positivo.

Palestina, una tierra arrasada por el genocidio, según la propia ONU con el 81% de sus infraestructuras y edificios dañados, con 60 millones de toneladas de escombros, mezclados con bombas sin explotar y cadáveres no recuperados, en virtud de esta Resolución 2803 se convierte en una especie de bantustán, una barriada de segregación racial. Tras el alto el fuego de días pasados, un pacto de silencio entre Trump y los países europeos, esta resolución establece una tutela administrativa (que recuerda al Mandato británico sobre Palestina tras el fin de la I Guerra Mundial), con la ocupación israelí de más de la mitad de la Franja de Gaza, la mejor área cultivable, y con el diseño de una ‘línea amarilla’ que divide en dos el territorio. A ello se añade el envío de fuerzas de seguridad internacional, cuya misión, según denuncia Craig Makhiber, funcionario de la ONU, es controlar, contener y desarmar a la población víctima del genocidio. Francesca Albanese, relatora de la ONU para Palestina, afirma que esta Resolución 2803 pone a Gaza en manos de una Administración títere, con EEUU como administrador de una prisión al aire libre.

Una vez más, vemos una preocupante falta de reacción de los Estados democráticos ante esta indisimulada operación de limpieza étnica. Corren malos tiempos. El acceso de Trump a la Casa Blanca, la emergencia de la extrema derecha en muchas partes del planeta y el rediseño, en definitiva, de un orden mundial multipolar que no termina de consolidarse son señales evidentes de una indudable pérdida de peso específico del Derecho Internacional.

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