No a la vida colectivizada en ‘coliving’ y ‘cohousing’

Se ha montado mucho revuelo por la postura de Vox contra las nuevas formas de alojamiento compartido. Se trata del ‘coliving’ para estancias temporales en régimen de alquiler y el ‘cohousing’ para residir de forma estable en habitaciones que pertenecen a las cooperativas que lo promueven.

El ‘coliving’ se parece a un piso de estudiantes, pero nada impide que se constituya para ofrecer alojamiento (hotelero o similar) a grupos de clientes con intereses comunes. Y el ‘cohousing’, semejante a una residencia de ancianos, sirve de modelo a otros usuarios de habitaciones con servicios colectivos donde la cooperativa retiene la propiedad del inmueble.

Ciertamente las dos nuevas formas de «habitar» permiten disfrutar de un alojamiento para estudiar, trabajar o desarrollar un proyecto de vida comunitario. La transmisión del derecho de propiedad no es posible en estas modalidades de alojamiento, pero lo importante es que estas «soluciones habitacionales» no son «viviendas» en el sentido tradicional de la palabra.

La vivienda es el hogar destinado a crear una familia ya sea en propiedad o en alquiler. El destino natural de la familia es tener hijos a los que educar y transmitir una herencia. Y por ese motivo la preferencia de los españoles siempre ha sido canalizar el ahorro y la seguridad de sus familias accediendo a la propiedad de la vivienda habitual ya sea libre o protegida.

La política de vivienda consiste en dar subvenciones, cesiones de suelo, préstamos y ayudas diversas para fomentar operaciones inmobiliarias que transmiten la propiedad o el arrendamiento con opción a compra para jóvenes y trabajadores arrojados al estado de «emergencia habitacional» provocado por el bipartidismo. En este contexto, las empresas que ofrecen alojamiento temporal de tipo hotelero y los complejos residenciales cooperativos pretenden competir para llevarse los recursos públicos destinados a la política de vivienda.

En tiempos recientes se ha desarrollado una ideología colectivista contraria a la propiedad de las viviendas para responder a la crisis habitacional de sociedades en transición. Pero las diferentes modalidades de vivienda comunitaria no merecen ser apoyadas con recursos públicos precisamente por no estar destinadas a la creación de hogares familiares. Los proyectos de cohabitación basados en el fanatismo climático, la ideología de género y otras iniciativas de corte estrafalario no deben subsidiarse a la ligera o asentarse en cesiones de suelo público.

La vivienda colectivizada responde al lema «no tendrás nada y serás feliz» de la Agenda 2030, que significa no tendrás Dios, ni patria, ni familia, ni casa, ni coche, ni ataduras de ningún tipo. El dictado de esa Agenda resuena con la consigna comunista «la propiedad es un robo» y promueve aglomeraciones urbanas con aversión al trabajo en el campo, comida procesada con harina de grillos y un estilo de vida parasitario con la movilidad reducida a 15 minutos.

En la Región de Murcia el PP ha fracasado con un decreto de vivienda compartida que confluye con el aborto, la eutanasia y la inmigración para el cambio demográfico. Y el PSOE propone un modelo de vivienda sin propiedad para un estilo de vida comunitaria que pretende responder a la crisis climática, migratoria y democrática que ellos mismos han creado.

Lo que llaman «vivienda colaborativa» es un complemento del «socialismo participativo», donde la «banca ética», el gobierno y las ONGs promueven fórmulas habitacionales para quedarse con los pisos de los jubilados y extraer rentas a jóvenes desarraigados (y nómadas digitales) tras engatusarlos con un estilo de vida alternativo obsesionado con el decrecimiento y la lucha anticapitalista.

La idea de una «España de propietarios y no de proletarios», lanzada en la época (feliz) que edificó millones de viviendas protegidas, sintetiza hoy la fórmula anticomunista de una juventud que dice: «Amamos a España porque no nos gusta que estos políticos corruptos sean capaces de confiscar la esperanza y prosperidad que tuvieron nuestros padres».

Una política de vivienda con diseño patriota debe contener la rebaja de todos los impuestos, promover el alquiler asequible, habilitar suelo para el desarrollo de nuevas promociones, reconquistar las zonas donde los inmigrantes ilegales expulsan a los nacionales, frenar a los fondos globalistas que inflan y pinchan burbujas a su conveniencia, evitar la España vaciada en el campo y no promover la España abarrotada en las ciudades.

En Vox no queremos covachuelas con nombres en inglés, ni millonarios extranjeros que gentrifican las ciudades, ni primar el alquiler turístico o alentar el movimiento okupa. Combatimos las políticas que obligan a gastar el 50% de la renta en vivienda y el 25% en transporte para ir a trabajar. No queremos pueblos vaciados de españoles ni barrios llenos de islamistas armados hasta los dientes. Luchamos por el derecho a la vivienda digna en propiedad. Los jóvenes y trabajadores españoles no quieren el uso precario, colectivo, fanatizado y triste que les ofrece el bipartidismo.

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