Pedreño justifica lo injustificable

Me pregunto si hay algún responsable en la Consejería de Salud capaz de dar la cara o, al menos, alguna explicación que tranquilice a la familia de Sara Gómez en su titánica lucha por esclarecer la verdad y obtener justicia y reparación tras su fallecimiento, a causa de las secuelas producidas tras someterse a una operación de cirugía estética, agravadas por la inexplicable desatención recibida en el Hospital Santa Lucía de Cartagena, adonde fue trasladada posteriormente.

Estos hechos continúan judicializados, después de cuatro años, y por ellos se imputan diferentes delitos penales al médico que la operó, homicidio imprudente, al anestesista, por el retraso en ordenar el traslado al Hospital Santa Lucía, y a otros ocho médicos de este Hospital por mala praxis.

No obstante, existe otra dimensión en este caso que agudiza su gravedad: el hecho de que el Hospital donde se realizó la operación de cirugía estética, el Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena, carecía de autorización sanitaria exigida para este tipo de intervenciones; concretamente la denominada U47 o unidad asistencial que autoriza a ofrecer tratamientos quirúrgicos con finalidad de mejora estética corporal, facial o capilar, tal como se especifica en el Anexo II del RD 1277/2003 por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Este incumplimiento quedó acreditado en una certificación expedida por el jefe de Servicio de Ordenación, Acreditación Sanitaria y Calidad Asistencial de la Consejería de Salud pocos días después del fallecimiento de Sara Gómez. De hecho, esta autorización, la U47, fue concedida al Hospital el pasado 25 de agosto de 2025, tres años y medio después de los hechos que analizamos.

Sin embargo, ni la gerencia del SMS ni, mucho menos, el consejero de Salud, han movido un dedo para aplicar lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 73/2004, que regula el procedimiento de autorización sanitaria de los centros, establecimientos y servicios sanitarios en la Región de Murcia. Dicho artículo establece diversas consecuencias por la práctica de servicios sanitarios sin la correspondiente autorización de funcionamiento, entre ellas la imposibilidad de prestar servicios concertados con la Administración regional, la prohibición de ejercer actividades sanitarias e incluso la suspensión provisional de funcionamiento.

Lejos de incoar el correspondiente expediente sancionador para determinar las consecuencias aplicables al Hospital Virgen de la Caridad de Cartagena por realizar operaciones quirúrgicas para las que no estaba autorizado, el consejero Pedreño justificó en sede parlamentaria la ausencia de esta autorización sosteniendo que el Hospital disponía de la U46, que permite realizar operaciones de Cirugía Plástica y Reparadora, incluyendo en esta categoría la liposucción-lipoescultura practicada a Sara Gómez.

Pues bien, el Ministerio de Sanidad ha puesto al consejero en su sitio. Tras la consulta realizada sobre esta afirmación del consejero Pedreño, la Subdirección de Formación y Orientación Profesional y la Subdirección General de Calidad Asistencial del Ministerio de Sanidad responden que la U46 y la U47 no son unidades equiparables ni sustitutas entre sí, que los centros sanitarios solo pueden ejercer las actividades para las que tienen expresa autorización y que solo los centros que disponen de la unidad U47 pueden realizar tratamientos quirúrgicos con finalidad estética corporal.

Pero aún hay más. La Consejería de Salud y el SMS no solo no han actuado administrativamente, como era su obligación, por el flagrante incumplimiento del Hospital Virgen de la Caridad al realizar una práctica quirúrgica sin la autorización exigida, con resultado de graves lesiones y posterior fallecimiento de la paciente, sino que le han beneficiado con la concertación de servicios sanitarios por valor de 12 millones de euros desde que ocurrieron los hechos.

Cuando expusimos estos argumentos en nuestra interpelación al consejero durante el último pleno de control al Gobierno, este solo acertó a contestar que el tema está judicializado y que por ello no se ha actuado administrativamente. Otra falsa excusa -ambos procedimientos, penal y administrativo, no son incompatibles- y otra ofensa más a la familia de Sara.

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