Vivienda: derecho o negocio

Hace unos días, activistas del Sindicato de Vivienda, Yayoflautas, de la Asociación de Nigerianos en Murcia y de la PAH, hemos conseguido el aplazamiento del desahucio de Maryam, mujer nigeriana de 63 años, sola y enferma, que en su día alquiló la casa a otro nigeriano que estaba hipotecado con UCI y que dejó de pagar la hipoteca, por lo que ahora UCI la quiere recuperar. Hasta aquí todo lo habitual, pero es necesario descender a los detalles inferiores para comprender, y voy a ello.

En primer lugar, ¿qué es UCI? Pues es la Unión de Créditos Inmobiliarios, sociedad integrada por BNP Paribas y el Banco de Santander, entidades que ganan miles de millones cada año. En la época de la burbuja, UCI se distinguió por dar hipotecas a un elevado interés y cargadas de cláusulas abusivas, como han sentenciado reiteradamente los juzgados. A UCI solían recurrir aquellos que habían sido rechazados por la banca y cajas tradicionales, en una época en la que no se rechazaba a casi nadie.

En segundo lugar, ¿dónde está la vivienda? Pues en Murcia, en la calle Santa Rita, una calle y un barrio conflictivos, en un edificio hiperdeteriorado como la propia casa; en definitiva, un bien —por así llamarlo— que no tiene salida alguna al mercado, por lo que, cuando recuperen la casa, no les servirá para nada, más allá del sufrimiento que van a provocar.

Por último, ¿qué vuelve a poner de manifiesto? Dado que la ley y la justicia dan la razón a UCI, solo queda una explicación: que la avaricia y la especulación están mejor protegidas en España que el derecho a la vivienda.

Proteger el derecho a la vivienda es sacarla de la lógica del mercado, impedir su acaparamiento: en España, más de un millón de viviendas son propiedad de solo 27.000 personas jurídicas y físicas. Penalizar el desuso: en España hay más de 3.9 millones de casas deshabitadas. Prohibir la compra especulativa —en Ámsterdam, cuando se adquiere una casa residencial, se obliga al comprador a vivir en ella al menos 5 años— en España, sólo una cuarta parte de las compras son para residir en ellas, más de un tercio son compradas por extranjeros no residentes, y más de un tercio son pagadas al contado.

Mientras la vivienda siga siendo el activo económico de mayor rentabilidad, el acceso a la vivienda no comenzará a ser un derecho. Mientras la avaricia y la especulación sigan protegidas legalmente, no podrá existir el derecho que garantiza el artículo 47 de la Constitución, y que no debería estar supeditado a los intereses y la avaricia de los más poderosos.

En este contexto, el Gobierno central apuesta casi exclusivamente por la construcción y los regalos fiscales a propietarios. Las ayudas al alquiler benefician mucho más a los propietarios que a los inquilinos, sin atajar el problema de fondo que, tras el gasto, permanece igual. Esos dineros públicos, los de los regalos fiscales y algunas de las ayudas, serían mucho más eficaces destinados a expropiaciones del uso temporal de casas deshabitadas en manos de grandes propietarios. Tampoco conviene olvidar la deuda de 66.000 millones que la banca, grandes propietarios de vivienda, tienen con la sociedad por su rescate, dinero que el Gobierno de Rajoy obtuvo con los dramáticos recortes en sanidad, dependencia, educación, salarios públicos, etc.

Pero en nuestra Región la situación no es mejor. El PP solo aborda el problema desde la óptica de las empresas de la construcción, tratando de regalarles suelos públicos, aumentando edificabilidades y negándose a aplicar la ley estatal de vivienda que, aunque de forma lenta, podría empezar a bajar los precios de alquiler. Es curioso que, sin haber aplicado esta ley, la acusan de ser la causante de la situación. Por otra parte, Vox aboga por recuperar el grueso de la ley del suelo de Aznar: «Todo lo no expresamente protegido es edificable», pues recordemos lo que sucedió con esta ley: generó la etapa de mayor corrupción urbanística que ha asolado al país y provocó con la burbuja inmobiliaria, que estalló en 2009, la mayor crisis económica que se podía y se puede recordar.

Ninguno de los poderes públicos de España puede decir hoy que está promoviendo las condiciones necesarias y las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, ni regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación, como les mandata la Constitución.

Negocio o derecho, hay que aptar, ya que se vienen demostrando incompatibles.

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