Salud inviable

Es curioso: Vox facilitó la aprobación del Presupuesto de la Comunidad, pero el miércoles desaprobó los anteriores, desde 2015 a 2021, con la salvedad de los años 2022 y 2023, periodos presididos por Alberto Garre, actual diputado abascaliano. Debe ser casualidad. Esto de los Presupuestos se está poniendo complicado, pues cuando se aprueban hacia adelante no se aprueban hacia atrás, y en según qué instancias ni hacia adelante ni hacia atrás, ni por la izquierda ni por la derecha. Que se lo pregunten a Pedro Sánchez, quien por una vez que se decide a cumplir con la Constitución a este respecto, vio tumbada ayer su propuesta de techo de gasto. Entre el techo de gasto y la senda del déficit, entre tejas y veredas, andamos lejos de unos Presupuestos puramente sanchistas, con la ventaja en su caso de que después no podrá venir la oposición a desaprobar su ejecución, pues no los hay.

El Tribunal de Cuentas pone reparos en el caso de Murcia a la temeridad de la inflamación de la deuda, sobre todo por los desvíos para financiar el Servicio Murciano de Salud, cuyas necesidades son infinanciables con cualquier Presupuesto. Aquí habría un dilema moral: actuar con el cash establecido para los servicios sanitarios, con lo cual el sistema se derrumbaría, o ir sosteniéndolo con una deuda insostenible para que los ciudadanos puedan ser atendidos. Cualquiera diría que es mejor lo segundo que lo primero, pero el Tribunal de Cuentas no atiende a esas delicadezas, sino que se limita a examinar fríamente las partidas, que es para lo que está.

Con los criterios que han sido desaprobados en la Asamblea los Presupuestos anteriores ya les puedo decir desde aquí que también sería rechazado el actualmente vigente, pues hay algo que el personal tal vez se resista a admitir: la Comunidad autónoma es inviable económicamente como empresa, que de ser privada estaría quebrada con la actual financiación.

La financiación autonómica es una cuestión que los Gobiernos centrales, no solo el actual, no se toman en serio, salvo cuando los ahogos vienen de Cataluña. Y es que, claro, supone transferir a otros gestores montañas de dinero que recauda la Hacienda estatal para que lo gasten políticos muchas veces, como ahora, de signo distinto. Pero, sobre todo, que no disponen de resortes, como los catalanes, para presionar al Gobierno.

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