Opinión | Así somos
Tres en raya
Errores de esta envergadura serían inadmisibles y acogidos con incredulidad en cualquiera de los procesos judiciales políticos y mediáticos a los que asistimos en los últimos tiempos
En abril de 2023, un coche patrulla de la policía local de Marbella se cruzó con otro vehículo, cuyo conductor realizó un ademán extraño. En palabras de la agente: «Fue poca cosa, dio la sensación de querer ocultarse». Dieron la vuelta y, al observar maniobras evasivas del sospechoso, iniciaron una espectacular persecución que culminó con la detención de Anselmo Sevillano, un conocido narcotraficante buscado por la Justicia. Sorprendió a todos que fuera puesto en libertad al día siguiente debido, al parecer, a una «descoordinación judicial». En mi libro La nueva ciencia de la mentira (Paidós, 2024) sugerí que la ultrarrápida liberación del delincuente podría deberse, siendo malpensados, a un soborno o a un chantaje. El mes pasado fue detenido de nuevo y, de momento, continúa preso.
Karim Boyaukricham
Dos casos más recientes han seguido un patrón similar y, esta vez sí, han llamado más la atención. En 2024 desapareció otro destacado narcotraficante, Karim Boyaukricham, con residencia habitual en la Costa del Sol. Había sido detenido por la policía española en enero de ese mismo año como resultado de una orden de búsqueda de Interpol. El 22 de febrero fue puesto en libertad provisional por un tribunal de Málaga con la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado. La justicia holandesa pidió su extradición, que no se materializó por un ‘error judicial’, y el fugitivo aprovechó su situación para escapar.
Firas Taghei
La Audiencia Nacional puso en libertad el 12 de septiembre de 2025 a otro importante narcotraficante, Firas Taghei. Había sido detenido en Tarifa el pasado 21 de junio. Existía sobre él una orden europea de detención emitida también por las autoridades holandesas. Se le puso en libertad por otro ‘error judicial’, que consistió en dejar pasar los veinte días del plazo legal durante el que se le debía haber entregado a las autoridades de los Países Bajos. Sobre estas dos últimas fugas, la periodista Soledad Gallego-Díaz (El País, 28 de septiembre) dejaba a un lado el factor azar y apuntaba a que se deberían en parte a la falta de medios, pero ponía énfasis en cierto descuido de la administración judicial en casos en los que debería haber sido más diligente.
Las circunstancias de la detención, puesta a disposición de los jueces y desaparición rápida de los tres detenidos no es un asunto menor. Se trata de importantes figuras a nivel internacional del narcotráfico y de otras actividades ilegales, como el tráfico de personas. Sucede, y es esperable, que haya fallos y errores puntuales en cualquier administración, pero no su reiteración en un ámbito que afecta a la seguridad de varios países europeos y norteafricanos.
¿Equivocaciones o infiltraciones?
Las equivocaciones y descoordinaciones que se producen después de la detención por la policía de narcotraficantes empujan a pensar, en el peor de los casos, que podría existir un problema de infiltración del crimen organizado en las instituciones. Errores de esta envergadura serían inadmisibles y acogidos con incredulidad en cualquiera de los procesos judiciales políticos y mediáticos a los que asistimos en los últimos tiempos. En ellos sí existe una supervisión adecuada de su desarrollo y una vivaz cobertura por parte de los medios de comunicación.
Estos incidentes llegan muy atenuados a la población general, de manera que la auténtica dimensión de su relevancia y repercusiones puede que no se perciban con claridad. Urge saber y, si es el caso, investigar si los tentáculos de las mafias saben tocar las teclas oportunas cuando les conviene. En algunos temas delicados, y en los sistemas y mecanismos del Estado que se ocupan de ellos, debería prestarse más atención y poner más medios en juego.
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