Montesquieu resucita y derrota a Sánchez

La condena del Tribunal Supremo a Álvaro García Ortiz a dos años de inhabilitación y a una multa de 7.200 euros por revelación de secretos no solo es absolutamente demoledora para Pedro Sánchez: marca un vergonzoso antes y después en la historia de nuestra democracia, porque no ha habido precedente alguno de sentencia judicial contra un fiscal general del Estado por una conducta rigurosamente incompatible con la dignidad de su cargo.

La responsabilidad jurídica corresponde plenamente al propio García Ortiz. Pero esta sentencia debería tener como consecuencia inmediata la asunción de responsabilidades políticas por parte del presidente del Gobierno de España. Porque el fallo del Supremo le implica también a él: su empecinamiento en defender a ultranza al señor García Ortiz, incluso pese a todos los indicios en contra durante el juicio e incluso antes de él, ha arrastrado por los suelos el prestigio de la Fiscalía General del Estado.

Primero, porque, a pesar de su procesamiento, en lugar de retirarle la confianza para forzar su renuncia, hizo justamente lo contrario: le respaldó explícitamente e instó a que siguiera en el cargo. En segundo lugar, porque tanto él mismo como todo su Gobierno se han involucrado al máximo en la defensa de García Ortiz. Los ministros de Sánchez y su propia portavoz no han tenido empacho alguno en aprovechar durante meses las ruedas de prensa tras los Consejos de Ministros, no ya para apoyar expresamente al procesado fiscal general, sino, lo que es más grave, tratar de presionar al Tribunal Supremo. Y no solo eso: durante el juicio tanto la Abogacía del Estado como la propia Fiscalía han sido puestos vergonzosamente a su servicio.

Han sido actitudes propias de cualquier Gobierno de república bananera, pero no de una democracia liberal sostenida como tal en principios básicos como la división de poderes o el imperio de la ley. Nombrar a un fiscal general considerado no idóneo para el puesto por el mismísimo Consejo General del Poder Judicial y mantenerlo pese a su procesamiento ya supusieron ataques intolerables a la independencia de la Justicia. Sostener además que la sentencia debería ser exculpatoria fue una injerencia inédita del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Y utilizar a un fiscal general, no ya como el fiscal particular del Gobierno, sino incluso como peón de las más sucias estrategias contra la oposición política es un abuso de poder.

Pedro Sánchez, cuando se supo que no se habían encontrado mensajes inculpatorios en el móvil de García Ortiz… porque él mismo, como cualquier vulgar delincuente, los había borrado previamente, se preguntaba aquello de «¿quién le va a pedir perdón al fiscal general del Estado?». Pues bien, en realidad es el propio Sánchez quien tendría que pedir disculpas a los españoles: por nombrar a este fiscal, por utilizarlo de forma indecente para sus intereses políticos y personales, por manchar instituciones básicas en nuestra democracia como la Fiscalía General del Estado y por tratar de presionar y amedrentar al Tribunal Supremo. En general, por perturbar la normalidad democrática de este país.

Sin embargo, muy a pesar de la degradación institucional y los maltratos de Pedro Sánchez al sistema democrático, finalmente han prevalecido la división de poderes y el Estado de Derecho. Montesquieu ha resucitado y ha derrotado en toda regla al despotismo sanchista. A pesar de Sánchez, nuestra democracia ha mostrado su fortaleza a través de un pilar fundamental como es el Poder Judicial, que no se ha arredrado frente a las presiones y amenazas y ha cumplido perfectamente su papel. Porque en democracia, quienes abusan del poder acaban siendo condenados, por mucho que no lo conciban los que creen tener derecho a disfrutar de impunidad por el hecho de estar en el Gobierno.

A Pedro Sánchez no le queda otra salida que seguir el camino de su fiscal general, porque la inhabilitación de Álvaro García Ortiz le inhabilita políticamente a él. Además de pedir perdón a los españoles, debe dimitir y convocar elecciones.

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