Novo Carthago, el fallo silencioso

Quien cumpla hoy veinte años no tiene memoria por experiencia de lo que hablamos cuando hablamos del caso Novo Carthago. Puede haber leído algo de pasada o, si dispone de una intensa curiosidad política, tal vez esté al tanto del asunto, pero se trata de algo que le quedará lejano, como a los de mi generación nos quedaba en nuestra juventud el caso Matesa, que se produjo durante el franquismo. Por desgracia, otros casos de presuntas irregularidades o de corrupción se han ido añadiendo hasta hoy mismo, y son los que llaman la atención del momento. Lo de Novo Carthago, a estas alturas, queda en el túnel del tiempo.

Sin embargo, esta semana ha resucitado con una sentencia absolutoria para todos los implicados, dictada veinte años después de que se iniciaran las investigaciones. No es extraño que en el juicio comparecieran testigos que apelaran a la desmemoria, pues a diferencia de quienes han hecho lo mismo en el que se ha celebrado contra el fiscal general, los hechos de este caso se remontan a los tiempos imperiales de Ramón Luis Valcárcel. Hasta la Fiscalía, que actuaba como acusación tal y como le corresponde, solicitaba penas generosas en atención al tiempo transcurrido. Podría decirse que si el final es la absolución, llevar durante veinte años el estigma de la imputación ya es suficiente castigo.

Ha pasado un ángel

Una de las cosas que sorprende tras la publicación de la sentencia de Novo Carthago es el escaso ruido político que ha producido, y más cuando la Justicia está en la diana del Gobierno, del partido del Gobierno y de quienes apoyan al Gobierno (al central, me refiero). Un fallo de estas características, que avala una de las actuaciones más polémicas de la etapa popular en Murcia, tal vez podría haber servido de banderín de enganche para sumar al linchamiento de los jueces. Pero, por el contrario, se ha dado un silencioso acatamiento, al menos por parte del partido mayoritario de la oposición.

Quizá se deba a lo que comentamos al principio: a las nuevas generaciones dirigentes les queda en la bruma del tiempo todo aquello, no solo a las de la oposición, sino también a las del Gobierno regional, que ha permanecido imperturbable ante el juicio, ofreciendo la sensación de que la cuestión no les afectaba y de que las ‘viejas glorias’ hace mucho que no cuentan en este tramo. Porque no es solo que en el PSOE hayan recibido el fallo con enfado visible, sino que tampoco se ha detectado alegría o satisfacción en el Gobierno. Es como si con la sentencia de Novo Carthago hubiera pasado un ángel.

El golf como el esquí

Pero la sentencia contiene, en su argumentario, ciertos elementos que debieran provocar algún debate, pues sin duda crean jurisprudencia (aunque, a su vez, aluda a la jurisprudencia establecida en otras sentencias) y que podrían establecer rutas para nuevos proyectos similares a Novo Carthago, incluso para revivir a éste. Lo más llamativo es la consideración de que no puede darse reproche en intervenir con usos recreativos en espacios protegidos, tal y como normalizan, por ejemplo, la estaciones de esquí. En efecto, ahí están las montañas tan tranquilas, con sus cumbres nevadas, y llegan unos señores, montan unas instalaciones apropiadas y el lugar se llena de deportistas de ocasión que se deslizan por sus laderas sin que tal actividad esté considerada como un problema para el medio ambiente.

¿Podemos comparar una estación de esquí con la creación de un campo de golf en una de las riberas del Mar Menor, olvidando de paso que esa instalación deportiva llevaba añadida la construcción de una urbanización residencial?

¿Podemos comparar una estación de esquí con la creación de un campo de golf en una de las riberas del Mar Menor, olvidando de paso que esa instalación deportiva llevaba añadida la construcción de una urbanización residencial? La propia denominación del proyecto no se refiere al reclamo recreativo, sino a la voluntad de construir una ‘nueva Cartagena’, es decir, de crear un nuevo núcleo de colmatación urbana en un espacio de sostenibilidad más que delicada, como acontecimientos posteriores han demostrado.

Puede que los usos recreativos en determinados espacios protegidos sean aceptables, pero no como una regla general, pues habría que considerar los contextos, la vulnerabilidad de lo protegido y, desde luego, el beneficio público más allá del retórico desarrollo económico. Es posible acceder a las cuevas originales de Altamira, lo cual es un beneficio para Santillana del Mar, pero las visitas están restringidas a un determinado número de personas al año. Es posible disfrutar de un magnífico tardeo en un chiringuito de las playas de Cabo Cope, pero no se puede elevar un hotel ni diseñar una urbanización.

Sin mordidas

Otro aspecto que señala la sentencia es que no se ha constatado aprovechamiento económico de los políticos y técnicos que validaron el proyecto, es decir, no existían intereses particulares en el estamento que debía dar luz verde a la iniciativa. Esto supone un alivio, sin duda, pero no es suficiente para una exculpación. Son muchos los políticos, según recoge la experiencia, que alientan proyectos desnortados por motivos distintos a las mordidas. Podrían relacionarse: una concepción negacionista del impacto medioambiental; un ardor desmesurado por el desarrollismo sin reparar en contenciones ni consecuencias; un interés en ponerse medallas como gestores de inversiones; un planteamiento ideológico que suponga que la Administración no está para ordenar la iniciativa privada sea cual sea su impulso sino para favorecerla en cualquier caso... Un político que anteponga el desarrollismo al medio ambiente es un peligro, como también lo sería el que, por mor del medio ambiente suspendiera cualquier proyecto razonable. Por muchas vueltas que le demos, crear una nueva macrourbanización en el entorno ribereño del Mar Menor, y menos en un espacio protegido, no es un proyecto razonable. No lo era en Lo Poyo, donde el Gobierno de entonces echó la marcha atrás porque aquello era excesivamente evidente, y no lo es el denominado Novo Carthago porque el campo de golf era el pretexto para vender y alquilar nuevos apartamentos.

Sin presiones

Tampoco han detectado los jueces presiones a los funcionarios a fin de que informaran de acuerdo al interés del Gobierno para facilitar esa urbanización. No habría hecho falta. Estaba muy clara la disposición del Gobierno al respecto desde el mismo momento de que sus figuras más relevantes acudieron a la presentación del mismo para fotografiarse junto a la maqueta aun antes de que se iniciaran los trámites para su legalización. En aquella imagen, que al cabo parece la foto del régimen valcarcelista, estaban todos, empezando por el entonces presidente. Pocas veces un proyecto, incluso público, ha contado con tamaño aval, sin duda digno de mejor causa.

Puede que los usos recreativos en determinados espacios protegidos sean aceptables, pero no como regla general; habría que considerar los contextos, la vulnerabilidad de lo protegido o el interés público

Desconozco si hubo presiones, y no las habría si la Justicia no las ha probado, pero puedo aportar una anécdota personal. Uno de los ejecutivos de una entidad financiadora me comentó durante un almuerzo que un propio relacionado con el proyecto le había preguntado: «Ese periodista amigo tuyo, ¿qué quiere? ¿Le enviamos un maletín o le rompemos las piernas?». Y todo por haber expresado reparos en algún artículo. Supongo que se trataría de un comentario coloquial, y no la manifestación de unas maneras, pues hasta hoy, ni una cosa ni la otra.

Relaciones peligrosas

Lo que sí está claro es que el Gobierno se comprometió con este proyecto de manera más que notable. La instrucción del juez Abadía dejó claras algunas relaciones más que formales, constatadas gráficamente en invitados a bodas, y cuando arreciaron las instrucciones se produjeron movimientos que llamaban a la comicidad, como que el consejero más longevo del PP, Antonio Cerdá, finalmente absuelto ahora, se diera prisa en dimitir del Gobierno de Alberto Garre (hasta tres veces le pidió el cese, la última con extrema urgencia) al objeto de perder el aforamiento y que el caso cambiara de instancia, con la consecuencia de que ha estado rulando por los juzgados (en largos periodos, paralizado) hasta que ha sido inevitable la celebración del juicio, ya con la pereza de una amnesia colectiva sobre todas aquellas circunstancias.

No es necesario que existan mordidas. Bastaría una concepción negacionista del impacto medioambiental; un ardor desmesurado por el desarrollismo sin reparar en consecuencias o ponerse medallas como gestores de inversiones...

Novo Carthago no salió adelante, no porque el Gobierno dejara de autorizarlo, sino por su judicialización. Y ahora la Justicia resuelve que los informes técnicos a favor eran correctos y que no hubo implicación alguna desde la Administración en cualquier actividad delictiva. Ni siquiera anota reparos colaterales. Casi podría decirse, leyendo la sentencia, que la actuación del Gobierno fue impecable y hasta meritoria. Por tanto, como las sentencias se acatan, aunque puedan discutirse, el caso regresa adonde solía, es decir, al debate político. Un debate ya superado, pues Novo Carthago solo ha sido un mal sueño, uno de aquellos delirios de la era del ladrillo donde cabía cualquier megalomanía, arrasara con lo que arrasara.

"Ese periodista amigo tuyo, ¿qué quiere? ¿Le enviamos un maletín o le rompemos las piernas?" Y todo por haber expresado reparos en algún artículo. Un comentario del que podría decirse que apuntaba maneras

La Justicia es la expresión de las leyes, y no cabe reprocharle que éstas no tengan qué decir en su letra sobre actuaciones que corresponden a lo político. Pero éstas, aun habiendo sido filtradas con el plácet de la Justicia, siguen siendo nefastas por mucho que se arropen de informes ad hoc que suelen ser orientados por la voluntad de quienes gobiernan. Y al joven que hoy cumple veinte años: aquí no ha pasado nada. Para qué vamos a calentarle la cabeza.

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