El fiasco de las ayudas para alquiler joven | Les dan por el artículo 47

El problema se repite cansinamente y se convierte en algo endémico. Pasa con cualquier subvención a distribuir por la administración autonómica y/o municipal. Da igual que sea para placas solares, aerotermia, vehículos eléctricos, etc. Las ayudas, la experiencia lo enseña, tardan años en llegar. Cuando lo hacen, no hay para todos los que las solicitaron. Tarde y mal, es el resumen del capítulo que revela en todo caso el desbarajuste contable y financiero de una administración entregada paralelamente al victimismo más penoso, cuando no rige su partido en Madrid, porque «el gobierno de la Nación» no resuelve asuntos que deben ser resueltos a nivel regional y local. Para eso son las transferencias. Una tortuga mora ganaría los cien metros lisos si su competidor fuera la estructura administrativa de la Región.

La queja es continua y ridículo el recurso permanente a la mala financiación autonómica. No hay gestión y se intenta disimular: ocultar no se puede, pues a la vista están los resultados. El último rubro en caer en el ‘cul de sac’ en que ha devenido la burocracia —habría que escribirla con varias erres— regional ha sido el de las ayudas al alquiler de viviendas para jóvenes. Tema este sensibilísimo que atañe a una preocupación que ocupa el primer lugar entre los menores de 40 años. O incluso de 50. O de todos quienes viven de alquiler.

Mientras la vivienda está cada vez más acaparada por fondos de capital riesgo, de inversión inmobiliaria —«buitres» y «socimis», para abreviar— y también por especuladores del tres al cuarto que invierten en vivienda como valor seguro y de futuro, la burocracia regional llega tarde y mal por falta de previsión y la del Estado improvisa medidas cortoplacistas que no van al fondo de la cuestión al tiempo que alardea de índices macroeconómicos.

Se regurgita así aquella falta de visión clamorosa del Gobierno Zapatero, dando continuidad a una política de suelo/vivienda heredada de los gobiernos Aznar, que devino en el quinquenio negro de la Gran Recesión, ya con el nefasto Eme Punto al timón quien «rescató» a la banca causante de la crisis detrayendo el dinero que hubiera servido para fortalecer el Estado del Bienestar. Y los recortes en sanidad, educación, servicios sociales, funcionariado, infraestructuras... fueron cayendo uno tras otro.

Hay que recordar que Zapatero recuperó en 2004 el Ministerio de Vivienda, que había sido «olvidado» por la Transición desde 1977, y lo volvió a quitar en 2010, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Gran visión la suya. Eme Punto no hizo nada, como era habitual. Y Sánchez lo volvió a instaurar en su segunda legislatura, cuando ya el tema se había convertido en un marrón del quince, que está aún siquiera por afrontar con determinación política para solucionar el gran problema social en todo el Estado.

Al margen de la ineficacia de la administración regional y municipal para gestionarlas, las ayudas no arreglan nada a medio/largo plazo. Sirven, eso sí, para inflar los precios de los alquileres por intermediación de los inquilinos, que se transforman en suministradores involuntarios de una cantidad extra a sus arrendadores de pisos, sean «buitres» o dueños de varias viviendas. Y los avales a las hipotecas engordan la caja de los bancos. La única solución, la que los principales partidos y fuerzas económicas no admiten, es gestionar suelo público municipal y autonómico y, en virtud de unas competencias transferidas (mayo 2003), financiar y construir, bajo control y gestión de la administración, vivienda para quien la necesita en alquiler o venta. Solo así será accesible y solo así se encara el problema.

Lo demás es un laberinto sin salida para miles de demandantes de vivienda, a los que, hasta ahora, les dan por el artículo 47 de esa gran Constitución: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos». Sea.

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