Sáhara Occidental, herida abierta

Cuando estas líneas vean la luz, se habrán cumplido 50 años de aquellos vergonzosos Acuerdos de Madrid, del 14 de noviembre de 1975, con un Franco ya agonizante, por los cuales el Gobierno de Arias Navarro entregó el territorio del Sáhara Occidental -el mismo que el dictador gallego consideraba la provincia 53 española- a Marruecos y Mauritania, a cambio de una participación en las minas de fosfatos de Bucraay concesiones pesqueras. Se produjo un desplazamiento forzoso de la población saharaui a territorio argelino, con fuerte represión marroquí.

Dichos acuerdos, como es sabido, vinieron precedidos de la llamada Marcha Verde -decidida por el sátrapa Hassan II con apoyo norteamericano-, un despliegue de más de 350.000 personas marroquíes, amparadas por su Ejército, hacia el territorio. El Ejército español recibió instrucciones de no intervenir. Hay que aclararlo con rotundidad: 50 años después de aquellos episodios, y tras la guerra emprendida por el Frente Polisario hasta la consecución del acuerdo de alto el fuego de 1988, el Sáhara Occidental -sobre el que se produjo la sustitución de una potencia colonial, España, por una potencia invasora, Marruecos, violando toda la legalidad internacional- sigue siendo un territorio sin descolonizar. Hoy en día, España, según mandato de Naciones Unidas (ONU), sigue siendo nominalmente potencia administradora, sobre la que pesa la responsabilidad política y jurídica de apoyar toda actuación tendente al reconocimiento de la soberanía saharaui sobre su territorio para ejercer su legítimo derecho a la autodeterminación.

Lejos de ello, la diplomacia española se ha plegado a las exigencias marroquíes plasmadas en su propuesta autonomista para el territorio, en un documento de unos escasos cuatro folios, redactado en 2007 y rechazado por el Frente Polisario. Dicha posición marroquí ha tomado carta de naturaleza con la Resolución 2797, del 31 de octubre de 2025, del Consejo de Seguridad (CS) de la ONU, que prolonga un año la Minurso (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental), establecida por la Resolución 690 del CS, de 29 de abril de 1991, de acuerdo con las propuestas de arreglo aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos y el Frente Polisario.

La resolución del pasado 31 de octubre, que lleva el ‘padrinazgo’ de Donald Trump, y que ha sido adoptada por el CS, pero no por la Asamblea General de la ONU, supone la marginación y humillación de la comunidad internacional, y se aprobó con la abstención de Rusia, China y Pakistán, la ausencia de Argelia y el voto a favor de los 11 miembros restantes. Es difícil no ver similitudes entre esta decisión del CS y la partición de Palestina en 1947. Y es que el territorio de la antigua colonia española constituye un área de alto interés estratégico en el eje Canarias-Estrecho-Baleares y posee materias primas de gran valor. Por su parte, Marruecos, el país ocupante, aliado de EE. UU y de Francia, es para la Unión Europea un ‘actor’ fundamental para el control de los flujos migratorios y el freno de la amenaza yihadista.

El diplomático saharaui Alien Habib Kentaui, exembajador de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) en la ONU, ha elaborado un extenso análisis reflexionando sobre los peligros de la autonomía y la amenaza del expansionismo marroquí, citando el caso de Eritrea. Recordemos que el 2 de diciembre de 1950 la ONU adoptó la aciaga resolución 390 (V) imponiendo la autonomía de este territorio dentro del imperio de Etiopía como una vía a su descolonización. Y pese a las garantías del Consejo de Seguridad y la presencia de los observadores internacionales, en poco tiempo la autonomía de Eritrea se transformó en pura anexión por parte del emperador Haile Selassie de Etiopía. El resultado fue un estrepitoso fracaso y un coste indecible en sufrimientos y tragedias para el continente africano.

Para Habib Kentaui, la autonomía propuesta para el Sáhara es toda una capitulación que consiste en: desmantelar la resistencia saharaui y legitimar la ocupación del territorio; desvirtuar, de facto (aunque no lo anula) el significado del derecho de la autodeterminación de ese pueblo, enraizado en la propia doctrina de la ONU y de la Organización para la Unidad africana (OUA); anular los logros diplomáticos del pueblo saharaui por medio del cierre de sus embajadas y representaciones en el mundo; y convertir al Ejército saharaui en una policía local para la imposición de la autonomía.

Cuestionada por colectivos como la Asociación Europea de Abogados por la Democracia y Derechos Humanos en el Mundo, para algunos expertos la resolución 2797 está llena de contradicciones; aunque, como hemos visto arriba, prorroga la Minurso, cuya finalidad última es la celebración de un referéndum, en el fondo busca despojar de su esencia el derecho de autodeterminación. Otros consideran que esta resolución es una victoria parcial para Marruecos, porque su plan de autonomía para el Sáhara se describe como ‘base’ y no como una ‘solución factible’. ¿Cambia este texto del CS el estatus del Sáhara Occidental como territorio no autónomo pendiente de descolonización? En opinión de expertos en la materia, no altera el marco jurídico internacional. En ese contexto, me duele que España -que, como dijimos arriba, para la ONU sigue siendo la potencia administradora del territorio- haya olvidado la histórica vinculación emocional de gran parte de la población con su antigua colonia y, por qué no decirlo, el hasta ahora apoyo político de sucesivos gobiernos de nuestro país a las reivindicaciones del derecho de autodeterminación de aquella. Al apoyar el plan autonomista para el Sahara, el Reino de España no solo muestra un apoyo sin fisuras a la potencia ocupante, sino que también se ha entregado al diktat europeo occidental y norteamericano sobre ese territorio. La diplomacia española parece haber olvidado que el Sáhara Occidental . sigue siendo una herida abierta que percute en nuestra conciencia colectiva como país.

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