La batalla judicial por el Trasvase

La guerra del agua entre Comunidades Autónomas es la crónica de una batalla judicial que se ha perdido. La colección de sentencias abarca tomos enteros de tapa gorda contra recortes mensuales, reglas de explotación, costes fijos, ciclos de planificación y finalmente el caudal ecológico del Tajo.

No es una casualidad que al mismo tiempo en que los 27 ministros de la UE han refrendado la Estrategia de Resiliencia Hídrica hasta 2050, el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de la Región de Murcia contra el recorte del Trasvase. Los dos hechos están conectados, porque los principios ‘anti-trasvase’ son como un virus instalado en nuestra legislación con potencia devastadora. Y como recuerda el TS en esta sentencia, «los nuevos planes hidrológicos cambian de enfoque alineándose con el Pacto Verde y la transición ecológica».

Con esta derrota judicial queda avalado el recorte del Trasvase en toda su crudeza. El Levante español no tiene otra opción que rebuscar entre la depuración y la desalación del agua necesaria para mantener su agricultura e industria agroalimentaria. De poco vale que los presidentes autonómicos manden un informe a la ministra Sara Aagensen para que no aplique la sentencia acreditando que el Tajo no necesita ese caudal desperdiciado. Han ganado el ecologismo y el separatismo con su doctrina de que los ríos pertenecen a los territorios y prevalece la demanda de los ecosistemas como restricción previa en todos los sistemas de explotación hidrológica.

Nuestros enemigos comprendieron muy pronto que para hacer imposible el Trasvase el arma decisiva era poner un caudal ecológico muy elevado en Aranjuez. En 2019 lograron cinco sentencias que obligaban al Gobierno a establecer caudales ecológicos con todos sus componentes. Y ahora el nuevo Plan del Tajo los establece a su manera, recortando a la mitad el Trasvase, en tres etapas hasta 2027, fecha en la que además serán cerrados los pozos de aguas subterráneas.

La política socialista y popular, atrapada en falsos requerimientos ambientales para ecosistemas acuáticos artificiales, reniega de la agricultura en el Levante español y echa el cierre a una economía de 4.000 millones en Murcia, Almería y Alicante. Naturalmente el TS no hace otra cosa que ejecutar las normas que aprueban los partidos en las instituciones y declara que no puede cambiar los contenidos discrecionales puestos por el Gobierno en la planificación hidrológica.

Por tanto, una vez que los Planes vigentes obligan a soltar los caudales ecológicos prioritarios, el TS destroza todos los argumentos de la Región de Murcia. El recurso de Murcia alegaba que el caudal ecológico es arbitrario por carecer de fundamento técnico, ilegal porque contradice las leyes reguladoras del Trasvase, y que además no se ha «concertado» nada con los usuarios del agua trasvasada. También se alegaban graves irregularidades en la tramitación, que los Planes del Segura y el Tajo quedan descoordinados y que el recorte ocasiona grandes perjuicios económicos.

El TS se desentiende de todos estos argumentos y dice que son apreciaciones subjetivas y machaconas que no pueden prevalecer frente a lo acordado por el Gobierno dentro de su margen de decisión discrecional. Con esta predisposición, contraria a la gestión compartida del agua entre cuencas, el TS va chafando uno a uno todos los principios que sustentaban el Trasvase y las ideas mantenidas en el Levante español sobre el significado de esta infraestructura.

El TS dice que no es necesario ningún acuerdo con nuestros regantes porque esa «concertación» sólo se hace dentro de cada cuenca. Pensar en los problemas del Segura pondría en peligro las necesidades presentes y futuras del Tajo. También dice que no hay quebranto de la «legalidad» porque las Leyes reguladoras del Trasvase han quedado sin efecto por otras de igual rango, de modo que el caudal de 6 m3/s en Aranjuez ya no es el mínimo legal que debe respetarse. Tampoco admite que el nuevo caudal recrecido carezca de motivación técnica suficiente o que resulte arbitrario incluso aunque no sea el menos lesivo para los afectados. Y en cuanto a las infracciones procesales (suponiendo que existan) no tienen valor para anular el Plan del Tajo, como pretende la Región de Murcia, incluyendo el tocomocho de papeles que hizo Hugo Morán en el Consejo Nacional del Agua.

En este contexto, el Evangelio del día en que se dio a conocer esta sentencia resulta providencial porque dice: «los que pueden distinguir lo justo de lo injusto sois vosotros, los que miráis una nube en el cielo y sabéis si habrá tormenta o lleváis vuestro caso a un tribunal y podéis acabar en la cárcel». Y es que nosotros, que dependemos de la lluvia porque la justicia para el agua ha degenerado en jurisprudencia de intereses ecologistas, sabemos que nuestra salvación es un Gobierno de patriotas dispuesto a compartir los recursos de toda la nación por medio de Trasvases.

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