Vivienda: la izquierda murciana tenía razón

Algunos llevamos ya demasiado tiempo denunciando que la vivienda no es un problema en España, sino un negocio, pero algunos siguen queriendo vestir a la mona de seda para que parezca otra cosa, pero ya conocen como termina el dicho popular.

Si hace unos meses el presidente de la patronal murciana decía de la Ley de Simplificación Administrativa: ‘Es una ley hecha por la patronal para la patronal’, y nadie en la Mesa General de la Función Pública ni tan siquiera levantó la mano, ahora, con el Decreto de Vivienda rechazado por la Asamblea Regional, la patronal de la construcción, pedía a los partidos políticos que ‘la aprobaran, pues ofrecía una serie de garantías que difícilmente podrían tener de otra manera’, se referían a la cesión de suelo público para construir viviendas libres, recubiertas de celofán en forma de precios cerrados.

Por una vez y para que sirva de precedente, la izquierda de esta santa región llevaba razón al rechazar este ‘caramelo envenenado’ para la juventud, pues sin duda, de haberse ratificado este Decreto, no se hubieran beneficiado las personas con menos recursos, sino que se hubieran convertido la venta de esas viviendas, en otro nuevo nicho de negocio privado a costa de suelo público.

Si alguien pretende solucionar de la noche a la mañana el gran negocio en el que se ha convertido la vivienda, poniendo en el mercado un puñado de viviendas, lo único que conseguirá es seguir inflando la burbuja. La única alternativa es, al igual que han hecho países nada sospechosos de ser regímenes comunistas o bolivarianos, como son Austria o Indonesia, poner en marcha planes nacionales de vivienda pública en el mercado, es la única manera de que miles de personas sigan ganando miles de euros cada mes a costa de millones de personas que siguen viendo la posibilidad de vivir independientes como una utopía.

Son miles y miles de estudiantes y trabajadores los que están pagando cientos y miles de euros por una habitación sin ventana, hay miles de funcionarios que no pueden ni tan siquiera tomar posesión en Barcelona, Madrid o Mallorca ante la imposibilidad de alquilar y comer con un sueldo que en muchos casos supera en muy poco los mil quinientos euros.

La solución a la actual crisis de vivienda que sufrimos en España no podrá jamás afrontarse desde una comunidad autónoma, un ayuntamiento e incluso si la administración del Estado toma medidas sin colaborar o cooperar con el resto de las administraciones públicas.

Si ante uno de los mayores retos que tiene este país, la vivienda, la clase política no es capaz de llegar a un Gran Pacto de Estado, estaríamos asistiendo a un gran fracaso, y volveremos a arrodillarnos y agacharnos ante los que siempre ganan: los fondos de inversión, también llamados buitres, o aquellas personas que siguen viendo en la vivienda una oportunidad única para seguir incrementando su patrimonio a costa de los más desfavorecidos.

Mientras la ‘solución’ al ‘problema’ de la vivienda lleve el respaldo casi único de los promotores y constructores, y apenas se tenga en cuenta a la parte social, lo único que estaremos haciendo será seguir engordando al monstruo, y los precios, el negocio y la dificultad para acceder a una vivienda digna, se irá alejando para los que más la necesitan.

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