El Plan de ‘Vivienda asequible’ de López Miras

El plan de vivienda asequible de López Miras ha tenido una vida efímera, como viene siendo toda su política de vivienda: efímera, fugaz, pasajera, inexistente, en definitiva. Se presentó como la panacea -posmoderna y pionera- del problema de la vivienda y ha resultado ser un invento del TBO, sin más recorrido que el mes en que ha estado en vigor. Decayó en el Pleno del pasado viernes con los votos en contra de todos los grupos parlamentarios de la oposición, aunque, como es obvio, por razones bien distintas unos de otros.

Pero ¿cómo defendiendo la misma política de vivienda, PP y Vox no se han puesto de acuerdo para sacar adelante este decreto? Efectivamente, ambos defienden que sea el mercado quien resuelva el problema de acceso a la vivienda; si bien, los primeros lo hacen favoreciendo a los constructores y los segundos a los grandes tenedores.

El PP redacta la norma al dictado de la patronal, utilizando el procedimiento del decreto-ley, que blinda la propuesta, cercena la participación ciudadana, obvia los informes preceptivos de órganos consultivos como el Consejo Jurídico o el Consejo Económico y Social, amordaza la participación política y borra de un plumazo el procedimiento ordinario de tramitación de leyes en la Asamblea Regional.

Vox, que no tiene ni idea de vivienda, aprovecha para introducir su agenda fiscal a favor de eliminar todos los impuestos posibles, lo que favorece, claro está, a las rentas más altas y, en este caso, a los fondos buitre y grandes tenedores. Digo que no tiene ni idea porque pide la eliminación de la fiscalidad de la vivienda para disminuir su precio con un IVA superreducido y la rebaja del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que ya están reducidos al 4% y al 0,1% respectivamente para la vivienda protegida, sin querer entender que uno de los factores más determinantes en el precio final de la vivienda es la especulación urbanística del suelo (entre el 30% y 50% del precio final).

La razón del desacuerdo es puramente política: Vox ha fijado su punto de mira electoral en el PP desde que la última encuesta del Cemop lo situara a tan solo cinco escaños de diferencia y como segunda fuerza política. Sobran comentarios.

Por la izquierda, el camino está vedado. López Miras no negocia nada con el PSOE, y menos aún con Izquierda Unida y Podemos. Pero es que el decreto-ley no aportaba más que regalos y beneficios al empresariado, dilapidaba patrimonio público de suelo, ponía en jaque los planes urbanísticos de los municipios y, sobre todo, ofrecía viviendas más caras que las reguladas por la normativa de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) e incluso que las que ofrece el mercado libre.

Baste un ejemplo: 1.840 euros/m2 (precio ‘Vivienda Asequible’) por 108 m2 de superficie construida -90 m2 útiles- es más caro que 2.070 euros/m2 por 90 m2 de superficie útil de una VPO en Murcia, Cartagena o Lorca. En Molina es un 20% más caro y, en otros muchos municipios, hasta un 38% más caro que una VPO.

Llegados a este punto, la pregunta es: ¿y ahora qué? La respuesta es clara: Pasar a la acción de manera decidida con un Plan de Vivienda para los próximos quince años, cuyo eje central sea la promoción de vivienda pública destinada al alquiler asequible, blindando la protección del suelo de manera permanente, sin desdeñar las ayudas a la rehabilitación y a la compra de VPO. Para financiarlo bastaría una reforma fiscal que elimine una parte de las bonificaciones del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el 50% aportaría 200 millones de euros anuales para el presupuesto regional; actualmente la contribución de la CARM al Plan Estatal de Vivienda (2022-2025) es de 1,6 millones anuales y la del Gobierno central de 10,5 millones.

Es cuestión de voluntad política, Fernando, y de compromiso con el interés general, no con el de los empresarios de la construcción.

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