¿Qué se juzga en el caso Novo Carthago? Pelotazus interruptus

Lo primero que cabe señalar en el caso Novo Cartagho es que la urbanización objeto de ese proyecto nunca se construyó. El dato es relevante en cuanto a los atenuantes que la Justicia decida aplicar ahora que el asunto se ventila en los tribunales, pero también a efectos de valorar en su conjunto el perjuicio real para el medio ambiente y el derecho de todos los murcianos a ver preservado nuestro entorno natural.

También conviene tener presente el momento en el que se proyectó la macrourbanización por parte de la empresa Hansa Urbana. Estábamos a comienzos de los años 2000, cuando la burbuja inmobiliaria aumentaba a ritmo exponencial con el resultado que vimos pocos años después, cuando la recesión golpeó con extraordinaria crudeza a todas las economías desarrolladas.

Visto con los ojos de la época, la creación de nuevos desarrollos urbanísticos poco masificados, con volúmenes de edificación razonables y unos servicios destinados a cubrir las exigencias que suele reclamar el turismo de calidad parecía una buena idea, que aportaría riqueza a la zona donde se implantara. Otra cosa es que la elección de los terrenos y la endiablada legislación medioambiental, que imposibilita la puesta en valor de amplias zonas del litoral (en realidad, toda la costa murciana es zona protegida, por una u otra razón), diera al traste con el plan.

La cosa podría haber quedado en un proyecto fallido más, de los cientos que embarrancaron por uno u otro motivo durante aquellos años, pero la discutible tramitación de los expedientes administrativos, las presiones que se desataron para aprobar la construcción y, en general, las siempre peligrosas relaciones entre promotores, funcionarios y políticos cuando se trata de asuntos de relevancia económica, excitaron el ánimo investigador de la fiscalía con el resultado de siete procesados, a los que se imputan delitos de cohecho, prevaricación administrativa (con el agravante de urbanística) y falsedad en documento público.

Los intentos de imputar por este asunto a Ramón Luis Valcárcel, el político que convirtió al PP en la fuerza hegemónica en la Región y de cuyo éxito siguen viviendo sus sucesores, han resultado vanos. Resulta difícil admitir que el presidente de una comunidad autónoma se dedique personalmente a trampear con expedientes administrativos o a gestionar directamente un asunto que era competencia de dos o más consejerías. En especial la de Medio Ambiente, entonces dirigida por Antonio Cerdá, el hombre presente en los asuntos judicializados de mayor gravedad que tienen su origen en aquella época. La investigación a sus familiares directos como presuntos receptores de comisiones por este asunto sigue su periplo judicial, sin que hasta el momento se haya demostrado un nexo causal convincente a efectos de exigir un reproche penal.

Finalmente, es obligado señalar la lentitud de la Justicia en un caso como el que nos ocupa que, a pesar de su complejidad, se ha venido a sustanciar dos décadas después de los hechos, lo que ha dado pie a que algún acusado haya fallecido y ya no pueda defenderse, como sin duda haría de haber podido. El resultado es una disminución importante en las penas solicitadas por la fiscalía en escrito de conclusiones definitivas, que obliga al Ministerio Público a reducir la exigencia de responsabilidades en un asunto que se ha dilatado innecesariamente por causas no achacables a los imputados.

El Caso Novo Carthago es uno más de los muchos fracasos empresariales provocados por la burbuja inmobiliaria y la recesión posterior. La ventaja aquí es que las autorizaciones definitivas no se otorgaron, los préstamos públicos no se concedieron y, en consecuencia, los ciudadanos no hemos tenido que cargar con un proyecto fallido como ha ocurrido con muchos otros puestos en marcha al amparo de las cajas de ahorro, las entidades financieras arruinadas por los políticos y sus amigos de la construcción.

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