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Opinión | El prisma

¿Qué se juzga en el caso Novo Carthago? Un modelo fracasado

Los exconsejeros Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, en el banquillo de los acusados en el juicio por Novo Carthago.

Los exconsejeros Antonio Cerdá y Joaquín Bascuñana, en el banquillo de los acusados en el juicio por Novo Carthago. / Juan Carlos Caval

Lo que se sabe que NO se juzga en la vista oral que se está celebrando sobre el asunto Novo Carthago es la ineficiencia y los recovecos de un sistema judicial abstruso que obliga a la acusación a solicitar una rebaja de penas a causa de «dilaciones indebidas» gracias a la eficientísima labor de los togados. Tampoco está en tela de juicio la habilísima actuación de algunos abogados capaces de retrasar los procedimientos casi eternamente utilizando argucias legalísimas gracias a su profundo dominio de los procedimientos judiciales. Porque, otra cosa no, listos lo son un rato largo.

Algún jurista reconocido sostuvo que los abogados penalistas en realidad son especialistas en derecho procesal, como herramienta de defensa de una cierta clase de clientes que, para el común, aparentan ser a todas luces indefendibles.

Algo más de lo que se ha visto estos días en la Audiencia Provincial —desmemoria en grado sumo y triquiñuelas procedimentales— se verá también con toda seguridad dentro de casi dos años, en septiembre de 2027, cuando se celebre la vista oral en la misma instancia del caso del expresidente Valcárcel, a quien solo se puede desear que recupere la buena memoria después del trance. Así volverá a disfrutar de la vida tras un juicio en el que, sin duda, el resultado final volverá a pasar por el tamiz de las dilaciones indebidas.

Y quién sabe si para entonces esa desaladora de Escombreras erigida por empresas del grupo ACS que costó seis veces más, seis, de lo previsto —y por cuya factura se juzgará al también expresidente del PP— habrá empezado a funcionar para combatir la pertinaz sequía.

Pero, bueno, dejando al margen lo que no, se hace igual de pertinente hablar de lo que sí se juzga en el caso Lo Poyo/Novo Carthago. Pues aunque la versión oficial recoja solo la segunda parte del nombre, no se ha de olvidar que ese saltarse a la torera la normativa ambiental vigente, adecuándola a los intereses de empresas —Hansa Urbana, fundamentalmente— financiadas por cajas de ahorro —CAM y Kutxa, especialmente— fue el caso paradigmático al que siguieron muchos similares.

El objetivo de todas esas arbitrariedades ambientales estaba ampliamente declarado y publicitado: convertir la Región en una suerte de Florida (aunque dijeran Miami) del Mediterráneo con resorts a tutiplén, campos de golf a go-gó, segundas residencias a porrillo y una miriada de especuladores y «aprovechateguis» campando por sus respetos con la aquiescencia no solo de un partido gobernante, el PP, mediante apabullantes mayorías absolutas, sino también de buena parte de la masa social regional que —así lo demostraba con sus votos— se creía al mismo tiempo los cuentos de la gallina de los huevos de oro y de la lechera.

Aunque luego pasara lo del valentón cervantino —«fuese y no hubo nada»—, el caso es que el engaño tuvo final atroz que no hace falta rememorar con el estallido de la burbuja inmobiliaria. Así que, aunque no esté quedando en el imaginario popular, lo que se está juzgando es un fallo general del sistema o del supuesto modelo de desarrollo, que consistía poco menos que —con perdón de la libertad sexual— en un «maricón el último». Y al medio ambiente, que le den.

Eso es lo que está en el banquillo de Lo Poyo/Novo Carthago, asunto pionero de aquel modelo. Ahora el hecho es que el actual gobierno, aprendida la lección de que es relativamente —solo relativamente— peligroso juguetear con el medio ambiente y las normas que lo protegen, se está aplicando decididamente en una gran operación de desbroce del máximo posible de requisitos legales previos a cualquier tipo de construcción donde haga falta.

Es lo que se llama «simplificación administrativa» general, en virtud de la cual se eliminan —por cuarta vez— obstáculos administrativos y se agilizan, ciertamente, los trámites burocráticos para que vuelvan a plantarse prometedores ladrillos sobre rico mantillo de hormigón así como algunas industrias «limpias»” cuya suciedad indigna a sus vecindarios. Lo malo, más bien lo peor, es que no parece haberse aprendido nada. Y esto tampoco se juzga, de momento.

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