Tremenda preocupación por la gestión del agua

La gestión del agua en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia genera malestar en los usuarios de este recurso y desconfianza hacia las Administraciones que deben realizar su distribución sirviendo con objetividad los interese generales; y, además, estando obligadas a hacerlo sin incurrir en ilegalidad, contradicciones, arbitrariedades, omisión de deberes públicos y maliciosos excesos de reglamentación.

Usuarios del agua somos todos los habitantes de estas tierras donde recientemente casi cien mil habitantes han estado más de una semana sin abastecimiento de agua potable en sus domicilios a consecuencia de una rotura en instalaciones sitas en el municipio de San Javier que, al parecer, fue causada por intensas lluvias generadas por la gota fría (ahora dana) que sobrevoló nuestra Región la semana del 6 al 12 de octubre de este año.

El abastecimiento de agua es un servicio de interés general en la Unión Europea y por ello debe ser gestionado con eficacia y prontitud en todos los territorios. Por eso, es muy preocupante que el suministro de agua se haya interrumpido sine die y que necesidades básicas de tantos habitantes de estas tierras se satisfagan de forma impropia, muchas veces inconfesable, porque las Administraciones no han respondido a la emergencia con adecuada celeridad.

Apagones eléctricos prolongados y cortes del suministro de agua duraderos evidencian mala gestión pública de servicios esenciales que no podemos disculpar así porque sí, pues la simple tolerancia posibilita el retroceso del estado de bienestar. Lo malo es que nos acostumbremos a que la prestación de estos servicios esté imbuida de ideologías particulares que sirven a un único fin: conquistar o mantener el favor público. Ante este imperativo y para algunos, la falta de prestación de servicios es justificable cuando las emergencias afectan mayoritariamente a individuos contrarios a las ideas instaladas en el poder; lo que es una forma de castigo de la desafección política.

El abastecimiento de agua es un servicio de interés general en la UE y por ello debe ser gestionado con eficacia y prontitud

Por eso, nos hacemos eco del estado de ánimo de los habitantes de los municipios afectados por el corte de agua en el Campo de Cartagena y de su profunda inquietud por sentirse rehenes de una confrontación interminable, ajena al único fin de la gestión pública del agua de abastecimiento: servir con objetividad las necesidades de la población, sea cual sea su color político.

No para ahí el notable descontento por la gestión pública del agua en la Región de Murcia porque tampoco se entiende la falta de interés por aplicar el vigente Estatuto de Autonomía en lo que se refiere a la gestión del dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas internas, intracomunitarias, que existen en nuestro territorio autonómico, principalmente en el Campo de Cartagena, en la costa mediterránea del municipio cartagenero y de los municipios de Mazarrón y Águilas.

En esos territorios la Confederación Hidrográfica del Segura, Administración del Estado, carece absolutamente de competencias para la gobernanza del agua. Sin embargo, actúa ejerciendo facultades administrativas sobre ellos ante la pasividad de la legítima titular de esa jurisdicción la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que tiene competencia exclusiva de gestión del dominio público hidráulico en las cuencas hidrográficas internas que hay en su ámbito territorial desde que le fue otorgada por las Cortes Generales mediante ley orgánica de su Estatuto de Autonomía publicada el 19 de junio de 1992. Además, la atribución de esas competencias no queda supeditada a que la Administración del Estado, siempre renuente a acatar esa ley, decida traspasar los medios materiales para ejercerla.

Si se hubieran ejercido esas facultades estatutarias, habría sido inviable la feroz represión del regadío realizada por la Administración del Estado en todas las cuencas hidrográficas costeras de la Región de Murcia. Por ello, es comprensible la profunda preocupación de los usuarios regantes del agua en esos territorios por considerarse abandonados a su suerte frente a la ideologizada actuación de quienes ni pueden ni deben actuar fuera de estricto territorio de la cuenca hidrográfica del río Segura y a pesar de ello prosiguen con la destrucción implacable de riqueza creada en el sector agrario regional, adoptando disposiciones, como las medidas cautelares contra el regadío del Campo de Cartagena que, todo sea dicho, debe estar suspendidas por imperativo legal y ni siquiera a título de coacción pueden ser aplicables en la actualidad.

La dejación de competencias sobre la gobernanza del agua se manifiesta también en la gestión pública de los recursos hídricos obtenidos en las desaladoras de agua de mar instaladas en nuestro litoral. Aparte de que es aberrante considerarlos como elementos del dominio público hidráulico, lo cierto es que se obtienen en cuencas hidrográficas internas de nuestra Comunidad y, por ello, su gestión no es competencia de la Confederación Hidrográfica del Segura. Sin embargo, asistimos en estos momentos al reparto del agua producida en la desaladora de Escombreras que realiza indebidamente este Organismo de la Administración del estado sin que los legítimos titulares de esta competencia hayan externalizado la más mínima protesta.

Desde la tremenda preocupación por los incumplimientos y omisiones de leyes y deberes que tantas veces hemos denunciado, recordamos la necesidad de poner coto a las arbitrariedades de la Administración hidráulica del Estado en el territorio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de aplicar sin demora el Estatuto de Autonomía para que las actuaciones en las cuencas hidrográficas internas se realicen siempre bajo la autoridad de nuestra Región. Por eso, es urgente que se aplique ya el Estatuto de Autonomía a la gestión del agua en nuestra Región.