Secreto profesional

Silencio, se rueda. Silencio en la Sala. Silencio que hay un derecho al secreto. Ya sea el de confesión para los católicos, el de la relación entre abogado y cliente (si no que se lo digan a Garzón que le costó la carrera judicial, y no lo rehabilitan a pesar de sus intentos, siempre fallidos). Y, por último, el secreto de los periodistas.

El secreto profesional, que Bolaños pretende regular con una nueva ley, ha chocado con el informe preceptivo y negativo del Consejo General del Poder Judicial (y eso que la mayoría de sus miembros/as son progresistas), puesto que le ha puesto más pegas que Puigdemont a Sánchez. Permítanme que haga aquí un inciso, para manifestar que jamás entenderé cómo un presidente del Gobierno de izquierdas se entrega a un prófugo de la justicia que se siente engañado al estar aún exiliado, que es de derechas y antiespañol. Pero claro, eso no es lo importante, sino que ya no se cambie más el horario. Sobre el que, por cierto, me muestro en contra de la mayoritaria opinión, pues prefiero el de invierno, en el hipotético supuesto de que al final no se cambie más la hora. Cosa que se está diciendo desde que el Real Murcia estaba en primera división de fútbol. Volviendo a ese informe negativo del Consejo, entiendo por qué el Gobierno procura omitir pedir su opinión al órgano máximo gubernativo de los jueces.

En su dictamen el Consejo habla de «incorrecciones, perplejidad y confusión» y, en general, que el anteproyecto protege menos que la actual regulación de ese secreto. Sucedería, y esto ya es cosa mía, que, de aprobarse este anteproyecto de ley regulador del secreto profesional, se colocaría la tercera pata del banco del desatino, tras la ley de «solo sí es sí» y el cambio de empresa para las pulseras antiviolencia de género, que pretendiendo hacer las cosas bien, se han hecho rematadamente mal, dejando sin viento a la ondeada bandera del feminismo y la protección de las mujeres. Menos mal que ambas ministras, tras el fiasco, dimitieron de sus cargos.

Hay incorrecciones técnicas, dice también el Consejo, porque en el preámbulo no se explica (que para eso son los preámbulos de una ley, si no léanse el de la Constitución, ya verán como vivimos en un país ideal) en qué consiste la mayor protección del derecho al secreto profesional que la que presta la actual normativa. Y todo ello en conexión con las exigencias de la Unión Europea (Reglamento de abril de 2024 que contiene una regulación sobre la protección de las fuentes periodísticas y las comunicaciones confidenciales). Y por el contrario, el anteproyecto de ley establece unos límites a ese derecho, que hace imprevisible para sus titulares saber qué fines justifican la restricción del derecho y cuáles son las reglas de prevalencia condicionada de otros derechos y bienes de relevancia constitucional, cuando entran en conflicto con el derecho al secreto profesional.

Considera el Consejo que existe también una rebaja en la protección de este derecho desde el momento en que pueden instalarse programas informáticos de vigilancia intrusiva, que probablemente suponga una protección inferior a la que en la actualidad presta la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Total, que entre el control de tu vida por los móviles, la IA y esta nueva vigilancia, no se va a poder pensar sin que se sepa.

Lo más significativo es que, según la idea de Bolaños, un juez puede obligar a desvelar las fuentes para evitar un daño grave e inminente que afecte a la vida o a la integridad física de las personas, o para la seguridad nacional. Esta idea el Consejo considera que crea perplejidad, y en mi opinión inseguridad jurídica también, pues son conceptos demasiados subjetivos para ponerlos en relación con un derecho tan importante como es el secreto profesional. Probablemente, muchos de los delitos que hoy día se están investigando no lo estarían, ya que se iniciaron por denuncias presentadas por asociaciones o particulares, por lo leído en prensa, que fue escrito por periodistas, gracias a chivatazos de sus fuentes, que antes, ahora y siempre, deberían quedar en secreto.

Acaba el Consejo informando de que, en caso de duda de que una información sea o no de interés público y además veraz, siempre se actúe en beneficio del ejercicio del derecho al secreto profesional, sin perjuicio de que a la postre deba someterse a ese interés o derecho prevalente.

En definitiva, no hay claridad suficiente en este anteproyecto. Y por eso, el Consejo General del Poder Judicial ha puesto tantas pegas a la nueva regulación del secreto profesional de esa manera.

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