Ley de Movilidad Sostenible: una oportunidad para facilitar los traslados al trabajo

Se trata de una vieja reivindicación sindical de CCOO Región de Murcia porque entendemos que desplazarse por trabajo no debe ser un riesgo, sino un nuevo derecho social, y para ello se requiere un cambio estructural en las relaciones laborales. El modelo que propugnamos se basa en el impulso del transporte público como pieza clave de la igualdad, con más trenes y menos emisiones.

La futura Ley de Movilidad Sostenible, impulsada por sindicatos y organizaciones sociales, reconoce el desplazamiento al trabajo como parte esencial de la vida laboral.

La movilidad se ha convertido en uno de los grandes retos del siglo XXI. En plena transición ecológica, con el transporte responsable de más del 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, el debate ya no se centra solo en cómo moverse, sino en quién puede hacerlo, en qué condiciones y con qué coste. Desde la Secretaría de Salud laboral y Transición Ecológica de Comisiones Obreras Región de Murcia y otras organizaciones sociales se insiste en una idea que ha ido ganando fuerza en los últimos años: la movilidad no es un privilegio, sino un derecho social básico.

Han pasado 17 años desde que, en 2008, sindicatos y colectivos ecologistas impulsaran la primera proposición de Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso. Aquel intento fracasó, pero marcó el camino hacia una conquista que hoy se hace realidad. El pasado 8 de octubre, el Congreso de los Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que ahora sigue su tramitación en el Senado.

La norma, impulsada tras años de presión sindical y social, fija un objetivo ambicioso: alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050. Pero su principal avance no está solo en el terreno ambiental. Por primera vez, una ley española reconoce la movilidad laboral como un derecho de las personas trabajadoras y una obligación compartida entre empresas y administraciones.

Los datos reflejan la magnitud del problema. En 2024 se registraron casi 55.000 accidentes in itinere, ocurriendo 1239 en la Región de Murcia —es decir, en el trayecto de ida o vuelta al trabajo—, con 135 fallecidos, según el Ministerio de Trabajo. Para CC OO Región de Murcia, se trata de una evidencia incontestable: ir y volver del trabajo no puede seguir siendo una carrera de obstáculos ni un riesgo asumido en silencio.

La ley establece que las empresas con más de 200 personas trabajadoras (o 100 por turno) deberán elaborar planes de movilidad sostenible en el plazo de dos años. Estos planes, que deberán negociarse con la representación sindical, incluirán medidas para fomentar el transporte colectivo, la bicicleta, los desplazamientos a pie y el teletrabajo, además de estrategias de seguridad vial y compensaciones económicas.

El texto incorpora varios derechos nuevos ligados a la movilidad. Entre ellos, el derecho a trayectos seguros y accesibles, el derecho a participar en la planificación de la movilidad laboral, o el derecho a una movilidad asequible mediante ayudas, rutas de empresa o abonos subvencionados. También se impulsa la flexibilidad horaria y el teletrabajo regulado para reducir el tiempo perdido en desplazamientos y mejorar la conciliación.

Desde CC OO Región de Murcia consideramos que el transporte no puede ser una barrera para acceder al empleo. La ley también aborda la llamada pobreza de transporte, una realidad que afecta a quienes no pueden costear sus desplazamientos o carecen de alternativas para llegar a su puesto de trabajo.

La ley y las organizaciones sindicales coinciden en señalar que reforzar el transporte público es la condición indispensable para la movilidad justa. CC OO Región de Murcia reclama una financiación estable que garantice redes de transporte asequibles y frecuentes, especialmente en barrios periféricos, zonas rurales y polígonos industriales de nuestra comunidad autónoma, que tiene enormes carencias en esta materia.

La propuesta incluye tarifas progresivas y abonos sociales, con especial atención a jóvenes, mayores y personas con bajos ingresos. «Durante demasiado tiempo, el transporte público ha sido la opción de quien no tenía otra. Ahora debe ser la elección racional, sostenible y colectiva», sostienen fuentes sindicales.

El proyecto de ley no se limita al ámbito laboral. También prevé medidas estructurales para descarbonizar el transporte, como eliminar los vuelos cortos con alternativa ferroviaria, recuperar los trenes nocturnos europeos, revisar el etiquetado ambiental de vehículos y lanzar una estrategia estatal de la bicicleta.

Además, obliga a crear una estrategia estatal contra la pobreza de transporte, reconociendo que la falta de movilidad limita el acceso a derechos fundamentales como la educación o la sanidad.

Para el movimiento sindical, la aprobación de la ley representa una victoria largamente esperada. Pero la tarea no termina aquí. Los derechos se conquistan en la ley, pero se consolidan en la negociación colectiva. El reto inmediato es llevar estas obligaciones a los convenios, transformarlas en medidas concretas y asegurar que se cumplan en cada empresa y administración.

La movilidad sostenible deja de ser así un concepto técnico o ambiental para convertirse en un eje de la justicia social. Porque solo cuando moverse no sea un privilegio, podremos hablar de igualdad real.

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