La vena confiscatoria del Estado del Bienestar

La fuerza inventiva y productiva de la iniciativa privada es de tal magnitud, que cuando el Estado, por decisión o descuido de los políticos de turno, abre la espita para la liberalización de un sector, los operadores privados demuestran al poco que son más eficaces generando las soluciones y servicios que el público demanda. Los enemigos de lo privado -como ha demostrado ser este Gobierno- intentan abolir esos espacios de libertad cuanto antes, con argumentos de lo más peregrino, como la salvaguarda de servicios públicos que cada vez menos gente demanda y que tanto cuestan al contribuyente, que tiene que financiarlos, aunque no haga ningún uso de ellos.

Lo estamos comprobando estos días en el intento de destrucción de la iniciativa privada en el ámbito de la educación superior. El Gobierno del PSOE y Sumar (o más bien de Sumar ante la falta de ideas del PSOE) se ha inventado un decreto por el que regula hasta un nivel confiscatorio la posibilidad de generar oferta educativa que compita con las universidades públicas, muchas de ellas organismos anquilosados y poco atractivos como todo ámbito económico que se someta a los privilegios de una minoría funcionarial que ya no necesita competir por su empleo y al sobrecoste de la corrupción rampante.

Si se contempla a vuelo de pájaro, la mayor parte del Estado de bienestar actual se asienta en lo poderes confiscatorios del poder político, que secuestra la iniciativa privada hasta hacerla inviable en la educación, la sanidad o incluso en el ahorro, limitando los planes de pensiones privados hasta garantizar que no sean atractivos. La política actual nos llevará al desastre total cuando el Estado pierda la capacidad de endeudarse a un interés razonable. Entonces quedará en evidencia que el Estado no debería gastar más de lo que ingresa, como sucede ahora engordando la deuda pública e hipotecando a las generaciones futuras.

El sistema actual consiste en vendernos como gratis lo que en realidad estamos pagando con un enorme sobrecoste añadido por ineficiencia. Este sistema tiene los días contados si queremos mantener la sanidad y la educación gratuita para los que realmente no las pueden pagar.

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