Ley de Simplificación del enchufismo climático

Ha sido decepcionante que, finalmente, el dictamen del Decreto-Ley de Simplificación Administrativa fuera rechazado en el pleno de la Asamblea, dejando de lado las modificaciones que Vox había propuesto para evitar un golpe a la agricultura, que podrá ser invadida impunemente, a pesar de que socialistas y populares se habían mostrado receptivos en las negociaciones mantenidas para reformarla.

El principal defecto de esta Ley es que no considera proyectos estratégicos los del sector primario, mientras que sí incluye en esa lista privilegiada los relacionados con la política de transición energética de Pedro Sánchez, singularmente el alicatado solar fotovoltaico, centrales de biogás, vertederos de gases en el subsuelo y otras actuaciones letales para la agricultura y la ganadería cuya implantación ha sido rechazada en otras regiones. Cuando un proyecto se considera estratégico tiene el beneficio de reducción de plazos, disfrute de subvenciones, expropiación de terrenos y un favoritismo para contactos con la administración del que no disfrutan el resto de las iniciativas empresariales sometidas a procesos de impacto ambiental y a todo el rigor de la burocracia a nivel autonómico y local.

Cuando la Ley de Simplificación fue presentada nadie podía imaginar que iba a ser una tapadera para colar por la puerta de atrás determinados proyectos industriales amamantados por subsidios europeos. Son proyectos que vienen a desplazar actividades productivas, ocupar suelo agrícola consolidado, desmantelar instalaciones de regadío o desarrollar políticas de cambio climático que ocasionan la destrucción del paisaje o la alteración de las formas tradicionales de vida.

Con la versión final de esta Ley, un PP travestido de colorines ha consumado una traición imperdonable, permitiendo la expansión descontrolada de la industria fotovoltaica en el medio rural y el biogás en el medio urbano. Con esta maniobra, López Miras imita a Moreno Bonilla para arrancar olivos y limoneros a cambio de tecnología china, bajo empleo y destrucción de la seguridad alimentaria. Lo peor es que esta Ley queda alineada con el recorte del Trasvase pues renuncia a la agricultura y abraza la transición energética del social-ecologismo más desorejado. Vox presentó un buen número de enmiendas para racionalizar el trabajo en las Consejerías, incluyendo la obligación de hacer informes anuales sobre simplificación orgánica y procedimental dando cuenta a la Asamblea. Todas las enmiendas han sido rechazadas para evitar controles molestos en el reparto de favores, billetes y bufandas para proyectos alocados que suelen terminar en los tribunales. No podemos olvidar que ya van siete Leyes de Simplificación con las que el gobierno trata de desenredar la complejidad que él mismo crea con normas insensatas que luego debe derogar como resultado de su propia incompetencia.

La propensión natural de la Comunidad Autónoma es establecer trámites y requisitos que aturullan iniciativas empresariales y alimentan una burocracia cada vez más destartalada. Una prueba de ello es el rechazo a la simplificación de los procedimientos de resolución de contratos, conforme a la memoria del Consejo Jurídico Consultivo, que propuso extender la simplificación contractual a los municipios confirmando la constitucionalidad de esta medida. Ha sorprendido mucho que el PP en el gobierno haya reaccionado en contra de su propio órgano consultivo (que equivale al Consejo de Estado a nivel autonómico) al despreciar torpemente esta mejora procesal que nace de profesionales muy acreditados en el servicio público. La obligación de extinguir órganos redundantes también ha sido descartada por el PP, por lo que no se van a revisar las estructuras de cada Consejería a efectos de identificar y eliminar las unidades administrativas que se solapan, duplican o generan tramitaciones incompatibles con esta Ley de Simplificación. Tampoco se aliviará la carga de acudir a entidades colaboradoras cuando sus servicios puedan ser realizados por funcionarios o los gastos de verificación estén cubiertos con las tasas. Tampoco habrá equipos móviles para auxiliar a pequeños municipios colapsados con cientos de declaraciones y comunicaciones previas que no pueden verificar.

Lo más doloroso ha sido el rechazo del PP a la propuesta de Vox para que se consideren estratégicas las iniciativas de mejora y potenciación del sector primario. En la Ley de Simplificación queda marginada nuestra agricultura, ganadería y pesca, desarrollo rural, gestión forestal, sector cinegético y agroindustrial, así como la eficiencia en la gestión hídrica para aumentar los recursos. La repulsa del PP hacia estos proyectos resulta extravagante teniendo en cuenta que los demás grupos políticos habían mostrado cierta conformidad con la propuesta de Vox.

Son muchas las mejoras que han sido descartadas por el PP para mantener atrapado el Decreto-Ley en la versión inicial (defectuosa) arrojada contra la Asamblea por el procedimiento de urgencia. Los artífices de esa fechoría no podrán dormir tranquilos. En esta legislatura, Vox buscará aliados hasta en el infierno para defender nuestra agricultura frente a los ataques de un PP que hace paparajotes con intereses agazapados en la Ley de Simplificación.

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