Estrategia regional de lucha contra la pobreza: propuestas y contradicciones

Hoy es el día anunciado por la Consejera de Política Social, Conchita Ruiz, para presentar, por fin, la Estrategia Regional de Lucha contra la Pobreza. Lo hará ante la Comisión Rectora, órgano colegiado con carácter de comisión de trabajo para «impulsar la coordinación de los departamentos de la Administración Regional competentes en materia de servicios sociales, empleo, sanidad, educación, economía y de fondos europeos, en la lucha contra la pobreza y la exclusión social». Así lo comunicó en la apertura de la jornada organizada por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza (EAPN) para hablar sobre ‘Rentas mínimas contra la pobreza’.

Para contextualizar la necesidad de esta estrategia, recordemos que, en la que López Miras llama «la mejor tierra del mundo», el 32,4% de su población está en situación de pobreza y riesgo de exclusión social -la tercera mayor tasa del país-, casi el 10% está en situación de pobreza severa -segunda mayor tasa – y cuenta con el mayor índice de pobreza infantil de España: 40,7% según el Observatorio de la exclusión Social de la Universidad de Murcia, nada menos que 122.000 menores. Por si no fuera suficiente, el 15,7% de la población menor de 18 años está en situación de pobreza severa (47.000 menores), según el último informe de la EAPN para nuestra Región.

Desconozco qué medidas incluirá esta Estrategia Regional de Lucha contra la Pobreza -las leeré con atención cuando dispongamos del documento- pero debería incluir, al menos, una que la EAPN viene reclamando desde hace tiempo: que la Renta Básica regional de Inserción (RBI) funcione como complemento económico y de inserción del Ingreso Mínimo Vital y no como renta subsidiaria y sustitutiva.

La realidad es que, aunque el Ingreso Mínimo Vital, junto con los programas de inserción laboral, ha marcado un antes y un después en la lucha contra la pobreza, la renta máxima que garantiza, en muchos casos, no es suficiente para que la renta familiar disponible supere siquiera el umbral de pobreza severa (40% de la mediana de la renta familiar equivalente disponible) que en España es de 7.326 euros al año por unidad de consumo (INE, 2023).

De ahí que, además de que la RBI pueda cubrir otras situaciones que no contempla el IMV, podría complementar económicamente a todas las familias que lo perciben hasta alcanzar el umbral de pobreza severa, erradicando así esta situación.

Veamos un ejemplo: una familia de dos adultos y un menor (1,8 unidades de consumo) que percibe el IMV, tendría una renta familiar garantizada de 12.718 €, aproximadamente; todavía 469 € por debajo del umbral de pobreza severa. Complementar con la RBI esta diferencia para las 4.602 familias de esta tipología que perciben el IMV tendría un coste de 2,1 millones de euros. Extender esta compensación a todas las tipologías familiares que también lo perciben tendría un coste aproximado de 16 millones, una cantidad inferior al presupuesto que el IMAS destinaba a Renta Básica en 2021 (18,1 millones) y también menor que el regalo fiscal que López Miras hace cada año a las rentas más altas en el Impuesto de Patrimonio (20 millones).

En una segunda fase, debería seguir incrementándose este complemento económico con la vista puesta en el umbral de pobreza (60% de la mediana de renta equivalente disponible de los hogares). Todo ello sin desatender otra pieza fundamental como es el refuerzo y mejora de los planes de inserción laboral.

Pero, lo que esta estrategia que presenta hoy Conchita Ruiz no contemplará es que los menores que viven en hogares en situación de pobreza severa tengan concedidas automáticamente ayudas de comedor escolar. Desde hace años las convocatorias de la Consejería de Educación establecen unos umbrales de renta familiar no superables tan bajos que excluyen a muchos de ellos.

Que alguien me explique, entonces, qué pinta Educación en la Comisión Rectora de Prevención y Lucha contra la Pobreza y en qué lugar queda esta estrategia.

Suscríbete para seguir leyendo