563 días

Tenía que llegar, era cuestión de tiempo: ya somos la Comunidad Autónoma con más demora en resolver las solicitudes de Grado de Dependencia y de concesión de la prestación correspondiente. Desde enero de 2023 la espera ha aumentado ininterrumpidamente desde 486 días, la tercera mayor tras Andalucía y Canarias, hasta los 563 que refleja el último informe del IMSERSO correspondiente al mes de septiembre, que nos sitúa ya por encima de ambas CCAA. En el otro extremo está Castilla y León con tan solo 113 días de demora, siendo la media estatal 349.

La consecuencia inmediata es el crecimiento de la lista «limbo», que incluye aquellas personas con grado de dependencia reconocido, pero que todavía no tienen resuelta la solicitud para la concesión de la prestación correspondiente, para lo que han de esperar ocho meses de media. Nada menos que 7.325 personas, la mayor cifra en los últimos ocho años, y 338 más desde que comenzó el año. Hay que recordar que en 2024 murieron 1.396 personas en esta espera sin la atención adecuada.

"No extraña que la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales nos sitúe en su último dictamen con la puntuación más baja"

Por esto y otras razones no extraña que la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales nos sitúe en su último dictamen (2024) con la puntuación más baja de todas las Comunidades Autónomas por tercer año consecutivo (3,1 sobre 10), aunque algo recuperada respecto a 2023, que llegó a ser de 1,7 tras un descenso continuado desde que López Miras es presidente (4,6 en 2018).

Justifica el Gobierno regional esta inaceptable situación con el comodín de la infrafinanciación que sufre la Región de Murcia por parte del Sistema de Financiación Autonómica, a lo que se añade la escasa aportación del Gobierno Central -dicen- en materia de Dependencia: el Gobierno regional «financia casi ocho de cada diez euros de gasto con recursos propios».

Sin embargo, el Gobierno regional, en este caso el portavoz, Marcos Ortuño, tergiversa los datos. Si atendemos al gasto total certificado en Dependencia por la CA (332,4 millones), la aportación del Estado es del 26,8%, lo que daría veracidad a la afirmación de Ortuño. No obstante, esto no quiere decir que el Gobierno regional asuma el gasto del 73,2% restante, ya que los propios usuarios sufragan un 14,7% del mismo -48,75 millones-, lo que deja a la CARM en un gasto real del 58,6% del total del gasto certificado.

Pero si atendiéramos al gasto en costes directos de las prestaciones y servicios del sistema en nuestra Región (275,4 millones), la aportación real de la CARM se reduce al 50% (137,7 millones). La otra mitad la asumen los usuarios a través del copago de servicios y el Estado.

Conviene no olvidar, además, otro dato. La aportación estatal, que se hace a dos niveles, un pago mínimo obligatorio y otro acordado con las CCAA, ha ido creciendo hasta pasar de 35,9 millones en 2021 a 89,1 en 2024. Parte fundamental de este incremento viene motivada por la reversión del recorte que hizo Rajoy en la financiación de la Dependencia al suprimir el pago acordado, lo que supuso una reducción de casi diez millones anuales para nuestra Región. Hoy no solo se ha recuperado dicho pago, sino que el Estado ha duplicado su aportación.

Como puede apreciarse, de la afirmación de Marcos Ortuño a la realidad que ofrecen los datos hay una distancia considerable. Así que cuando tras la reunión del Consejo de Gobierno del pasado jueves se anuncia en titulares que «se destinan, a través de un convenio con el IMSERSO, más de 39 millones de euros a reforzar la atención a la Dependencia» y que esto «permitirá reducir las listas de espera», en realidad se está hablando del convenio del pago acordado que se firma regularmente cada año, recuperado y doblado presupuestariamente por el Gobierno central.

Pues ni aun así has sido capaz de hacer una gestión eficaz para reducir las listas de espera de la Dependencia o mejorar sustancialmente la cobertura de servicios como, por ejemplo, las plazas residenciales, Fernando.

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