¿Vivienda asequible?

Que López Miras presente públicamente el decreto-ley sobre «vivienda asequible», flanqueado por el presidente de la CROEM y el presidente de la Federación de Constructores de la Región de Murcia como principales -¿y únicos?– agentes sociales, ya da una primera pista.

Y que el Gobierno regional repita la fórmula del decreto-ley te da la segunda. Dicho procedimiento no permite el debate social ni la aportación de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional y, en caso de aprobarse, tras su convalidación, su tramitación como proyecto de ley, el PP decidirá, como habitualmente hace, que sea por el procedimiento de urgencia, reduciendo, de nuevo, la participación social y política.

El objetivo de este decreto es, según López Miras, promover 25.000 viviendas en los próximos cinco años, es decir, una media de 5.000 anuales, una vez olvidadas aquellas 3.000 que prometió en campaña, los 2.000 estudios para jóvenes o las 4.000 que anunció Ballesta para la legislatura. Amplio objetivo frente a las 3.250 viviendas de media que se inician en la Región desde 2021. Eso sí, ninguna protegida.

Aunque pudiera cumplirse este objetivo, no sabemos si sería suficiente al no existir un estudio actualizado de la demanda real de vivienda protegida en nuestra Región. El Registro de Demandantes de vivienda protegida de promoción privada se quedó congelado en 2012. Pero, si hacemos caso a la estimación de necesidades que apunta el INE para nuestra Región, recogido en el preámbulo del decreto, harán falta unas 11.000 viviendas anuales hasta 2039.

Quizá habría que empezar por actualizar el Registro de Demandantes, lo que garantizaría dar una respuesta adecuada a las necesidades detectadas mediante el impulso de vivienda protegida de promoción pública con un presupuesto adecuado. Reconocer, paralelamente, en el Estatuto de Autonomía la vivienda como derecho subjetivo supondría establecer el marco adecuado de partida.

Pero, vayamos a la cuestión central. ¿Es realmente «asequible» el modelo de vivienda que se plantea en este decreto? Todo dependerá del coste de la vivienda y de la capacidad adquisitiva del comprador. En cuanto a lo primero, hay que resaltar que el precio máximo de venta anunciado -1.840 euros/m2- se establece con referencia a la superficie construida y no a la superficie útil, como en las VPO. Además, es el mismo para toda la Región, eliminando así la zonificación actual en cinco áreas, cada una con un coeficiente multiplicador del Módulo Básico (995 euros/m2 útil) diferente.

Considerando estos datos, la conclusión es clara: las «viviendas asequibles» serán más pequeñas y más caras que las VPO. Veamos un ejemplo: en Murcia, Cartagena o Lorca el precio de referencia máximo de una VPO es de 2.069 euros multiplicado por 90 m2 útiles; la «vivienda asequible» tendrá un precio de 1.840 euros por 108 m2 construidos, dado que la superficie construida es, de media, un 20% mayor que la superficie útil. En definitiva, un 6,7% más cara.

En Molina, el incremento del precio de la «vivienda asequible» podría ser un 20% y en Caravaca, Alhama, Águilas, Los Alcázares, Cieza, Jumilla, Yecla, Totana y un largo etcétera de municipios podría alcanzar el 38%.

Si añadimos al precio de la vivienda el coste de garaje, trastero, impuestos y otros gastos, el precio final para una «vivienda asequible» de 90 m2 de superficie útil (108 m2 de superficie construida) podría situarse en 235.000 euros. Una hipoteca que financiara el 100% (con aval joven, por ejemplo) costaría unos 900 euros/mes, lo que equivale, si queremos mantener un gasto máximo del 35% de la renta familiar dedicado a la vivienda, a una renta neta mensual de 2.600 euros.

Teniendo en cuenta que el salario mediano en nuestra Región no alcanza esa cantidad hasta el decil 8, el modelo de «Vivienda Asequible» deja fuera al 75% de los asalariados/as, a menos que trabajen únicamente para pagar hipoteca. Esto explica la foto de tu presentación, rodeado de la patronal, y la orientación de tu política de vivienda, que es la misma de siempre, Fernando.

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