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Opinión | NOTICIAS DEL ANTROPOCENO

Vivienda: liberalización frente a represión

Me he pasado dos días en Toledo en un congreso que ha reunido en la ciudad imperial a más de quinientos profesionales inmobiliarios de todo el país. Los inmobiliarios solo ganan dinero cuando sus clientes pueden satisfacer la necesidad de comprar o alquilar una casa, porque sus honorarios se devengan por comisiones de operaciones realizadas. Así que están tanto o más preocupados que cualquiera por la escasez de viviendas en el mercado. Por eso es tan demencial que una parte de la izquierda radical, en concreto el Sindicato de Inquilinos, acuse a los inmobiliarios de ser parte del problema.

El consenso general de los inmobiliarios sobre el problema de la vivienda en España (la principal preocupación hoy, según el CIS) es que deriva de tres causas principales: las trabas burocráticas a la producción privada de obra nueva (los procesos se alargan décadas para los grandes proyectos), la inacción de los Ayuntamientos a la a la hora de ofertar viviendas pública y la Ley de Vivienda del 2023. Esta fue condicionada por la parte de Podemos en el Gobierno de coalición que, buscando proteger a los inquilinos vulnerables, ha provocado la retirada del mercado el 40% de la oferta potencial de alquiler residencial

Los inmobiliarios también tienen claras las soluciones a corto, medio y largo plazo. Estas pasan por: proteger los derechos de los propietarios para que pongan sus viviendas en alquiler con garantías frente a morosos, aumentar la disponibilidad de suelo público para vivienda asequible por parte de los Ayuntamientos, aprobar de la Ley del Suelo para agilizar la producción privada de viviendas y, sobre todo, disminuir la fiscalidad de la vivienda, que representa hoy un 25% del coste que paga el comprador. Un programa ambicioso pero imprescindible

Frente a ello, el Gobierno propone básicamente más represión: prohibir a los propietarios el alquiler turístico, limitar aún más el derecho de desahuciar a los morosos recalcitrantes, controlar los precios del alquiler en las llamadas zonas tensionadas y duplicar los impuestos para la compra por extranjeros. Son medidas cosméticas condenadas irremediablemente al fracaso, pero no hay duda de que garantizará a los socios de coalición los votos de su parroquianos.

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