Vecinos de La Raya: hartos ya de estar hartos

El término obligación política es usado, en filosofía política y jurídica, para referirse a la cuestión de si los ciudadanos tienen, o no, la obligación de obedecer las normas jurídicas de su país. Y esto, que parece una verdad de ‘Perogrullo’, ha interesado a los filósofos, desde siempre, generando debates doctrinales y sometiendo a continua revisión la relación de los ciudadanos con sus gobiernos. O lo que es igual, y dicho en ‘román paladino’, los ciudadanos tenemos que aceptar las normas de nuestros ejecutivos. Y respetarlas. Y cumplirlas, porque de lo contrario, esto seria un absoluto desastre.

Pero en esta sociedad, los gobiernos también tienen obligaciones hacia los ciudadanos, como no podría ser de otra manera. Por supuesto que lo primero es garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y promover el bienestar general, pero después hay otras cosas que parecen menores y que tienen una gran importancia porque ayudan al bienestar de los residentes.

Por ejemplo, tratar a los ciudadanos con respeto y sin hacer distinciones entre ellos. Facilitarles el acceso a servicios públicos tan importantes como la salud y la educación, pero también, el disfrute de servicios esenciales que les hagan la vida más fácil, como por ejemplo, la construcción de un modesto colector de agua en La Raya, una pedanía del municipio de Murcia, que cuenta con una población de 2.299 habitantes y que llevan 10 años esperando, implorando y suplicando, que les instalen un colector de agua imprescindible para no llevarse sustos cada vez que llueve.

Realmente, los ‘arcanos’ de la política son misterios difíciles de descifrar por el común de los mortales. Por ejemplo, es difícil de comprender cómo un Gobierno de una autonomía -la de Murcia- no consigue ponerse de acuerdo con los gestores del Ayuntamiento de la capital de la Región, cuando forman parte de la misma formación política —pongamos que hablamos del PP-, para algo tan simple como la construcción de un humilde colector de agua que impida que una parte de los vecinos de La Raya vean cómo sus casas y sus coches tienen problemas cada vez que llueve, porque los interlocutores del Gobierno autonómico y el Ayuntamiento de la capital, se muestran incapaces, al parecer, de llegar a un acuerdo para remediar el grave problema de los vecinos de esta pedanía.

Sí, tal y como informaba La Opinión, el pasado lunes, los vecinos de La Raya llevan una década a la espera de que se autorice la construcción de un colector. Un colector que impediría las inundaciones que, cuando llueve, se repiten junto a un colegio, en un tramo de la carretera B-4: una vía principal para las poblaciones de La Raya y Puebla de Soto. El agua queda embalsada entre casas y el alcantarillado no alcanza a solucionar el asunto.

Pero miren por donde, la solución de la cuestión, necesita de la aprobación de dos administraciones distintas: la Consejería de Fomento, de la Comunidad Autónoma, y la empresa municipal Aguas de Murcia, y no parece que estén por la labor de buscar una solución, porque también se trató de la creación de dos drenajes que podrían arreglarlo, pero la carretera pertenece a la Comunidad y se tendría que instalar en terrenos de titularidad municipal (sí, les aseguro que es el mismo partido político el que gobierna en las dos instituciones, el PP), y supongo que ahí están viendo en qué han de ceder cada uno… si es que están en ello, que me temo que no. Lo indignante es que la concejalía pertinente remite a la Consejería de Fomento y la Consejería de Fomento a la concejalía pertinente.

Y no sabemos si quedarnos en que son unos negligentes, o en que el presidente de la junta municipal de La Raya, es del PSOE. Y esto sí que sería grave, porque la obligación de los gobernantes es la de tratar a todos los ciudadanos por igual.