Violencia verbal, violencia política

El reciente asesinato de Charlie Kirk, activista de MAGA (Make America Great Again), propagador de las políticas de odio y xenófobas de Donald Trump y declarado defensor del uso de armas por la ciudadanía de su país, es una constatación más de que la sociedad norteamericana es estructuralmente violenta. En EE.UU.  46.728 personas murieron en 2023 por heridas causadas por armas de fuego. El 58% de esas muertes fueron suicidios. Sumemos a esa violencia cotidiana, cada vez más asumida por la sociedad (el 60% de la población considera legítimo el derecho de autodefensa, portando armas según la Segunda Enmienda de su Constitución, y el 20% justifica la violencia política), los casos de magnicidio, como el que produjo la muerte de los hermanos Kennedy y del activista defensor de los derechos humanos Martin Luther King, y otros más recientes: el doble crimen de Melissa Hortman, congresista del Partido Demócrata, y de su marido; el intento de asesinar al senador demócrata John Hoffman, herido junto a su esposa; el ataque a martillazos al esposo de Nancy Pelosi, la expresidenta de la Cámara de Representantes…

Desde la irrupción de Donald Trump en la Casa Blanca, por muchas partes del mundo se ha extendido lo que denominamos el trumpismo, es decir, el indisimulado ataque a los derechos humanos más básicos, el odio al inmigrante y a otros colectivos, la endeblez del Estado y, lo que es más preocupante, una violencia verbal hacia el adversario que, a menudo, se traduce en episodios de violencia física y política. La ‘cruzada’ que ha desatado Trump contra los grupos de izquierda de su país nos recuerda a la ‘caza de brujas’ del senador McCarthy. En un mitin, el asesinado Kirk dijo con entusiasmo que el Partido Demócrata apoya todo lo que Dios odia, refiriéndose, sin duda, al aborto, los derechos trans, las fronteras abiertas… ¿Les suenan apelaciones similares en nuestro país?

El trumpismo, como en otras partes de Europa, ha permeado a los grupos de la derecha española, sobre todo a Vox, pero también al PP, que no disimula sus esfuerzos para asimilarse a ese grupo ultraderechista. Esta situación se ha venido dando desde que las elecciones de 2023 consolidaron en España un Gobierno de coalición, que la derecha viene considerando ilegítimo, y ha propiciado lo que los analistas denominan ‘confrontación’, que no es sino la pertinaz labor obstruccionista de los grupos de oposición de la derecha. La violencia verbal y las reiteradas invectivas contra el Gobierno han estado ‘adornadas’ con calificativos hacia su presidente como el «me gusta la fruta», de Isabel Díaz Ayuso, es decir «hijo de p…» (consigna que fue aireada por Feijóo en un karaoke y que ha sido de uso recurrente en muchas fiestas populares de todo el país), con otras ‘lindezas’ como «traidor», «psicópata», «chulo de p…»

El PP y Vox han hecho de la mentira, la manipulación mediática, los bulos, con el concurso de medios de comunicación afines, y la agresividad verbal los instrumentos que ellos consideran válidos para ganar adeptos y alcanzar lo más rápidamente posible las moquetas de La Moncloa. El enfrentamiento abierto con el Gobierno se ha exteriorizado estos pasados días tras la suspensión del final de la Vuelta Ciclista a España ocasionada por la noble y decidida acción del pueblo de Madrid en protesta por la participación en la ronda española del equipo Israel-Premier Tech, financiado por un magnate sionista íntimo amigo de Netanyahu.

Hay que ser muy miserables para que gentes que se dicen cristianas no admitan que esas legítimas protestas obedecen a una respuesta cívica a un genocidio, con miles de víctimas civiles, que gran parte de ellas niegan, pese a lo proclamado por la ONU. La derecha ha entrado en una dinámica de insultos y criminalización de la protesta, atreviéndose ¡qué infamia! a calificar de terroristas a las gentes de buena fe que llenaron las calles de Madrid contra el terrorismo de Israel. Omiten interesadamente que, en tiempos, Esperanza Aguirre proclamó ante las cámaras de TV la necesidad de cortar la calle frente a la sede socialista de Ferraz, cosa que lograron materializar. Han llegado a denunciar la presencia en las calles de Madrid de gente de kale borroka y de yihadistas, noticia publicada por el diario El Mundo y desmentida por el Ministerio del Interior y por fuentes policiales. Y en su desfachatez y mala fe, Moreno Bonilla y Ayuso han obligado a retirar de los colegios las banderas palestinas, no así las ucranianas.

Frases para el recuerdo: «El Gobierno ha permitido e inducido la finalización de la Vuelta […] Ha sido un ridículo internacional televisado a todo el mundo» (Feijóo); «Los turistas que paseaban por las calles de Madrid creían encontrarse en Sarajevo» (Isabel Díaz Ayuso): ¿Habrá alguna manifestación más clara de analfabetismo histórico y político?; «La violencia ha vencido al deporte y hago responsable al presidente del Gobierno» (José L. Martínez-Almeida); «Terrorismo callejero de la peor calaña» (Adolfo Serrano, PP de Madrid), mientras que Abascal acusa al Gobierno de mantener la violencia en las calles para aferrarse al poder.

Violencia verbal que precede a la violencia física, de la que son muestras los más de 200 asaltos a sedes socialistas y, en nuestra Región de Murcia, el intento de incendio de su casa en Águilas del ecologista y activista Pedro Costa Morata y los sucesos de Torre Pacheco en que se instaba a la caza y apaleamiento de inmigrantes. Por fortuna, el acceso a la tenencia de armas en nuestro país es muy limitado, porque de la violencia verbal a la violencia física hay una delgada línea.

Por cierto, y, para terminar: habida cuenta del acoso mediático y político que, años atrás, sufrieron Pablo Iglesias e Irene Montero, socios del Gobierno de coalición, y las denuncias falsas contra esas personas, hubiera sido deseable la adopción por parte del Gobierno de medios para evitarlos. No fue así. Lamentable.

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