Lo que falta por arder es el Estado autonómico

En España ha ardido todo menos lo que tiene que arder, que es el tinglado del Estado autonómico con sus enchufados, su ineficacia, su despilfarro y su carácter autodestructivo de la comunidad nacional. El reparto de competencias conduce a un enfrentamiento permanente, pero ese conflicto (que desestabiliza a España desde los tiempos de la Transición) sólo puede terminar de dos maneras: o con un federalismo asimétrico al gusto de los separatistas o dando paso a una fuerza centralizadora y patriótica antes de que sea demasiado tarde.

Los incendios han mostrado el precio del modelo en vidas humanas, pérdidas millonarias y pueblos enteros ardiendo. Los políticos han culpado a los españoles por no estar adaptados al ‘paradigma’ del cambio climático, que es la verdadera causa del fuego, las inundaciones, el apagón, los virus y la llegada masiva de refugiados en patera.

Varios ministros en el Senado y Pedro Sánchez en la televisión han explicado la gestión deficiente de las autonomías en la prevención y extinción de unos incendios que ‘sólo’ han calcinado 400.000 hectáreas gracias a que el Gobierno ha ‘paliado’ la catástrofe con medios aéreos, la UME, fuerzas de seguridad, brigadas forestales y el mecanismo europeo de protección civil.

Pedro Sánchez dice que la solución es un pacto climático sin negacionistas y Feijóo aporta 50 medidas, entre las que hay un registro de pirómanos y una pulsera para localizarlos. Pero el pacto de Sánchez no puede encubrir que el monte arde cuando no se cuida y la pulsera de Feijóo habría que ponérsela a los presidentes autonómicos propensos a desaparecer en caso de inundación o incendio.

Sólo Vox dice que el problema es una mezcla de incompetencia y maldad que ha provocado una catástrofe con tintes criminales, por lo que hay que empitonar a los responsables en una macro causa judicial. Los políticos no pueden salir impunes mientras los españoles tienen que tragar la burla y el desprecio de los que tienen el poder y los medios, pero han preferido emplearlos en su propio beneficio.

En el BOE del 29 de agosto de 2015 está la prueba de que el Gobierno y las autonomías son culpables de la tragedia. Hemos tenido que esperar hasta esa fecha para ver publicadas las directrices para que las comunidades autónomas hagan planes armonizados para los incendios forestales. Y es que muchas regiones ni siquiera tienen plan forestal (Murcia incluida) y los planes de emergencias no están coordinados ni incorporan la cultura del mando único.

Pero es que, además, los barones regionales y el propio Gobierno central han despreciado la estrategia y el plan forestal aprobado para 2022-2032. Los compromisos previstos se han incumplido por falta de presupuesto, o simplemente porque no quieren preservar los usos ganaderos o agrícolas que realizan servicios ecosistémicos en los montes y que pueden evitar su quema fortuita o intencionada.

Tenemos un Gobierno traidor ocupado en la corrupción de sus dirigentes y un sistema autonómico envalentonado con su deslealtad a España. Su crimen es incumplir y dejar sin efecto las normas, planes y proyectos que hubieran evitado o aminorado la catástrofe. Y ahora, ¿cómo se atreven a lanzar un pacto por el clima cuando son incapaces de ejecutar 289 medidas, de las cuales 86 son prioritarias, según el plan forestal vigente?

Un ejemplo del desastre es la línea de ayudas para el pastoreo en los montes, prevista para 2025 pero todavía sin convocatoria. Y además en algunas regiones (Murcia también) se ha excluido esta opción de forma expresa en la PAC. Las consejerías regionales siguen considerando el pastoreo como un aprovechamiento de pago y no como un servicio ecológico que deberían solicitar y no ahuyentar con papeleos y ‘pagamentas’.

A pesar de su fracaso en esta quema (populares y socialistas) se empeñan en que no es necesaria ninguna recentralización de las emergencias que desapodere a las autonomías de su mando sobre el medio rural y forestal. Toda su obsesión se enfoca en la lucha contra el cambio climático, aplicando «las respuestas que ofrece la ciencia» para el calentamiento global, por lo que el principal problema son los negacionistas y refractarios.

Pero la idea de crear una Agencia Estatal de Emergencias demuestra la necesidad de frenar el desmadre autonómico con una autoridad nacional que tome decisiones en los grandes incendios. En realidad, todos los servicios públicos están ‘quemados’ en el Estado autonómico fallido. El fuego y las inundaciones son imputables a las políticas criminales del Gobierno y al enredo autonomista cortoplacista y ladronzuelo. Necesitamos unidad de mando para cada uno de los servicios estructurales de nuestra patria: agua, sanidad, educación, justicia y orden público. Las funciones estatales básicas no pueden seguir mangoneadas por un Estado de las autonomías tan enloquecido que pide a gritos un buen trabucazo electoral para tumbarlo.

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