Opinión | La feliz gobernación
Reforma judicial sospechosa
Una reforma judicial siempre es sospechosa, pero mucho más cuando el secretario de Organización del partido que la promueve ha entrado en la trena, y quien lo precedió está a las puertas. Y cuando la esposa y el hermano del presidente del Gobierno están siendo investigados en sendos juzgados.
Diríase que este contexto no es el más adecuado para que el Ejecutivo proceda a retocar los cimientos del sistema judicial, pues es legítimo pensar que actúa llevado por sus propias circunstancias, y que en ese sentido es juez y parte. El proyecto de reforma se produce, además, a renglón seguido de que las investigaciones en torno al Gobierno hayan sido respondidas por el presidente y algunos de sus ministros con acusaciones explícitas de lawfare, en una insólita reacción, comparable a la consideración que el sistema judicial húngaro merece para el ultraderechista Viktor Orban. El poder político no tiene color cuando se trata de neutralizar las instancias a que cabe el deber de controlarlo.
Casi cincuenta años después de la Constitución y tras sucesivas reformas del sistema judicial para intentar someterlo al control político en una inversión perversa de la independencia de los poderes del Estado, todavía se sigue queriendo hacer creer, si la acción de la Justicia afecta al ámbito progresista, que los jueces son herederos del estamento franquista, como si la vocación por esa carrera respondiera a algún designio de clase o ideológico. Por tanto, habrían de someter sus trabajos a la iniciativa de los fiscales, que pertenecen a un cuerpo jerarquizado cuya cúpula decide el Gobierno, y ya vemos con qué tino a la vista de los trajines del actual fiscal general y de la orientación de sus antecesores.
La reforma que necesita verdaderamente la Justicia y que exigen sus potenciales usuarios, es decir, todos los ciudadanos, consistiría en el incremento notable de su financiación y la extensión de sus infraestructuras. Y que los bolaños de turno alejen sus sucias manos de ella.
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