La ley Bolaños y la huelga

Los próximos 1 al 3 de julio, jueces y fiscales estamos llamados a una huelga para que la ley Bolaños se paralice. Veamos quiénes apoyan la huelga y sus razones. La apoyan todas las asociaciones judiciales y fiscales, menos las progresistas. Ello supone un 80% de los jueces y fiscales los que la apoyan, pero no una unanimidad, que da la razón a los que piensan que hay motivaciones políticas tras ella, aunque no sea así. Dejando aparte la oportunidad de la huelga por motivos más que evidentes de que la justicia no está para más atrasos, la verdad es que si los jueces y fiscales permiten que se ataque a su independencia, flaco favor están haciendo a la democracia y al Estado de derecho, permitiendo que el equilibrio de los tres poderes - ejecutivo, legislativo y judicial-, salte por los aires. Tanto los jueces como los periodistas independientes están luchando porque este Estado de derecho no sucumba ante las maniobras y corrupciones detestadas. Desde una ley de amnistía hecha por el propio beneficiado a cambio de sus votos, pasando por las movidas de los más cercanos al presidente del Gobierno, sus números dos y tres, su mujer y su hermano, hasta llegar a los palos que la prensa extranjera le está dando al igual que la española día sí y día también, siendo su única respuesta (ya que no le sirven lo que son bulos), que sería peor si gobierna la derecha y que la economía va bien, a pesar de que no se puedan los jóvenes comprar y ni siquiera alquilar una vivienda en condiciones, sin obviar que no hay dinero ni para la OTAN, ya me contaran ustedes si eso es ir bien la economía de un país.

La ley Bolaños en mi opinión tiene cosas buenas y cosas muy malas. Empecemos por las buenas: la estructuración de una nueva manera de organizar la administración de justicia, esencialmente a través de los tribunales de instancia, no es mala idea, siempre y cuando esté acompañada de unos presupuestos económicos acordes con la trascendencia de la reforma. Pero no existen, entre otras cosas porque llevamos dos años sin ellos a nivel estatal, así que mal podrá invertir el ministro para que su plan funcione. Otra cosa que en la teoría no es mala idea, aunque esas asociaciones son contrarias, es que los jueces sustitutos y magistrados suplentes, tengan un especial trato a la hora de entrar en la carrera judicial, porque han venido demostrando su valía a lo largo de sus suplencias de los titulares. Cuestión que, por otra parte, exige Europa tras obligar a Italia a su ingreso en la carrera judicial de los allí llamados ‘jueces honorarios’.

Sin embargo, dos cosas son inaceptables y que afectan directamente a la independencia judicial con el peligro que ello conlleva para un Estado de derecho. Una, es que el fiscal instruya las causas sin reformar su Estatuto que establece la dependencia jerárquica. Lo suyo es que el fiscal sea el que investiga y no un juez instructor, porque debe buscar las prueba para una condena quien acusa, pero siempre que sea independiente, y no esté a las órdenes de alguien puesto por el Gobierno que le diga ahora sí o ahora no. Los ejemplos más evidentes son la actuación de García Ortiz y el intento de supresión de la acción popular y la otra cuestión, es que se eliminen materias esenciales en la oposición a juez o fiscal, y además que sea el Gobierno quien a través de un centro de preparación de opositores selecciones a los futuros jueces y fiscales con criterios quién sabe si ideológicos.

Por tanto, está bien que se creen los tribunales de instancia siempre que existan medios económicos y personales suficientes. También está bien que se cree unas becas para opositar a ambas carreras judicial y fiscal. E incluso que a los jueces y fiscales sustitutos se les respete sus años de servicios y competencia demostrada para acceder definitivamente a las carreras respectivas. Pero, lo que no es admisible bajo ningún concepto es que el fiscal general del Estado, siga siendo nombrado por el presidente del Gobierno, y que siga la dependencia jerárquica de los fiscales para instruir las causa penales. Como tampoco es de recibo que el centro de preparación de opositores lo controle el Gobierno de turno.

Ahora entenderán por qué de la huelga de jueces y fiscales del 1 al 3 de julio, y la concentración mañana ante el Tribunal Supremo (lugar donde se examinan los opositores) abierta a toda la ciudadanía, comprometida con la defensa de una justicia independiente y al servicio del interés general (reza la convocatoria).

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