Qué hay tras la protesta de jueces y fiscales

Prepárese, si tiene un juicio para los días 1, 2 o 3 de julio, es muy probable que se suspenda. Sí, otra vez. La mayoría de asociaciones de jueces y fiscales han convocado primero (para este sábado 28) una concentración frente a la sede del Tribunal Supremo, en Madrid, y luego una huelga para los tres días citados. El motivo: su rechazo frontal a la conocida como ‘Ley Bolaños’, una reforma que, paradójicamente, prometía «fortalecer» la carrera judicial y fiscal, y ellos sostienen que hará todo lo contrario.

¿Le suena de algo? Hace poco más de un año ya vivimos una situación similar con la huelga de funcionarios de Justicia, que colapsó aún más una maquinaria ya atascada. Y antes, la de los letrados de la Administración de Justicia, los antes conocidos como secretarios judiciales. Algunos juzgados de lo Social de la Región están fijando juicios para 2028. Imagine que le despiden, usted interpone demanda y su juicio se pospone hasta tres años más a causa de una de estas huelga.

Como abogado, defiendo sin matices una Justicia independiente, una carrera judicial fuerte y una separación real de poderes. Comparto muchas de las reivindicaciones de las asociaciones de jueces y fiscales que secundan los paros de primeros de julio. Pero también me toca decir algo que quizás nadie dirá en voz alta: las consecuencias de estas protestas siempre las pagamos los mismos. Usted, su vecino, su cuñado, los profesionales del Derecho. Los que estamos al pie del cañón: abogados, procuradores, peritos, graduados sociales... y, sobre todo, los ciudadanos.

Ahora bien, ¿qué hay exactamente detrás de esta nueva protesta? Lo que preocupa (no sólo a jueces y fiscales) es que la norma dará más poder para al fiscal general del Estado (el actual, García Ortiz, está investigado por delito de revelación de secretos), que, si la ley prospera, será quien controle la carrera fiscal y, por tanto, la promoción de fiscales. El problema es que este cargo es nombrado directamente por el Gobierno central.

Por otro lado, el Centro de Estudios Jurídicos tendrá el control de la oposición. Hasta ahora, la preparación era libre y estaba en manos de profesionales independientes. Ahora, el Estado dirigirá el temario, metodología y acceso, con un riesgo evidente, según los jueces y fiscales que apoyan la huelga: la politización.

Y el concurso-oposición para jueces y fiscales es la joya de la discordia. La reforma prevé que graduados en Derecho con cinco años de experiencia puedan acceder mediante la resolución de un caso práctico, y luego ser evaluados por sus méritos (esto es, artículos, docencia, años de ejercicio…). ¿El problema? Que los opositores ‘de toda la vida’ —que dedican años a clavar codos en condiciones durísimas para superar el examen más exigente del país— ven en esto una puerta trasera, que mina el mérito y la capacidad.

La realidad es que una reforma que prometía, en esencia, mejorar la Justicia ha acabado soliviantando a quienes la sostienen. Lo paradójico es que nadie duda de que nuestra Justicia necesita una reforma profunda: hacen falta más medios, más plazas y más independencia. Pero cambiar las reglas sin diálogo, sin consenso y en plena polarización, suele dar mal resultado. Y, cuando se tocan pilares como el acceso a la judicatura, las alarmas saltan, y con razón.

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